Desmontando la sedición
«Los mecanismos que empleó el Estado para abortar la insurrección son los que el Gobierno está desmontando, con los indultos y suprimiendo el delito de sedición»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Pedro Sánchez insiste en dos argumentos para justificar la derogación del delito de sedición: la homologación con Europa y la construcción de convivencia. Llama la atención que estos argumentos no solo no son complementarios, sino que podrían entrar en conflicto y forzar al Gobierno a decantarse: ¿qué es más importante, parecerse a Europa o construir paz social? Evidentemente, esto es un divertimento retórico. El conflicto nunca se dará porque ambos argumentos son falsos.
El primer argumento, llamémoslo «de homologación», ha sido refutado con solvencia y sin demasiado esfuerzo por cualquiera que le haya dedicado unos minutos: ni en Europa las penas por las conductas enjuiciadas son menores, ni importaría que lo fueran. Además, es obligado dudar de la vocación homologadora del Gobierno cuando esta solo se ocupa del delito de sedición e ignora los seiscientos artículos restantes del Código Penal. Y como ha señalado Andrea Martínez Molina, la pregunta no es cuáles son las penas en Europa por sedición, sino cuántos países de Europa reforman un delito a petición de los delincuentes condenados por él.
«El cambio en Cataluña es consecuencia del fracaso del ‘procés’ y del efecto disuasorio de las penas impuestas a sus responsables»
El segundo argumento, llamémoslo «de construcción de convivencia», es igualmente falaz pero más escurridizo. Comienza con un falso dilema: ¿no es mejor la situación actual que el ambiente de tensión que se respiraba en la Cataluña de 2017? Incluso si aceptamos que la situación actual, aunque sea desde el punto de vista del orden público, es preferible a la de hace cinco años, cabe cuestionar que esa mejora se deba a la gestión de Pedro Sánchez. Si el ánimo insurreccional se ha mitigado es porque el Estado abortó la insurrección; y los mecanismos que empleó el Estado para conseguirlo son los que el Gobierno está desmontando, primero con los indultos y ahora suprimiendo el delito de sedición. El cambio de escenario en Cataluña es consecuencia del fracaso del procés y del efecto disuasorio por las penas impuestas a sus responsables.
Pero la consigna es repetir que la convivencia en Cataluña ha mejorado sustancialmente gracias a las políticas del Gobierno. Algunos incluso sacan pecho recordando que «al PP» le organizaron dos referéndums ilegales y una proclamación de independencia, sugiriendo que al PP le metieron tres goles mientras que el PSOE mantiene su portería a cero contra el independentismo. Es cierto que la gestión del PP fue desastrosa, pero los goles se los metieron a un Estado, no a un partido político. Además, si esos goles son algo de lo que avergonzarse, ¿por qué el PSOE reforma ahora el código penal para jugar sin portero?
En cualquier caso, para encontrar el desmentido más rotundo al argumentario gubernamental basta con escuchar las palabras de Pere Aragonès: «Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos del 1-O». Han leído bien. Ellos son las víctimas, y por eso el Estado tiene la obligación de pedirles perdón y garantizarles que no les estorbará cuando lo vuelvan a hacer.
No hubiese estado mal que Mejias comenzara su artículo explicando su error de apreciación al juzgar severamente la renuencia del PP a firmar el acuerdo sobre el CGPJ. La equidistancia y la voluntad de nadar y guardar la ropa a la vez inducen a cometer errores…
Por enredar:
No veo la incompatibilidad entre homologación y c. de convivencia si ambas fueran verdad.
Según dicen, se ha suprimido el delito. Si entiendo que no en el nombe, sino en que se dejan de tipificar las conductas delictivas cometidas y condenadas como secesión, no ha lugar a hablar de homologación.
En cuanto al primer argumento. Refutar la mal llamada homologación con los argumentos de que no hay interés en homologar otros delitos o que nunca haya sido propuesto por los prepetradores del delito, no parece sólido.
Uno puede ser oportunista y no tene voluntad general de ‘homologador’;y obrar bien homologando la secesión si así lo requiese,
Y también puede darse el caso, aunque no conozco ninguno -puede que los haya- de un grupo de presos que partiendo de asumir la gravedad de su delito, con propósito sincero de cumplir la pena impuesta y no reincidir, entiendan que la pena es injusta y dando sólidas razones inicien el proceso de cambio.
El problema no está en que hayan cometido los delitos o que nunca lo hayan hecho en Europa, sino en que se den los requisitos previos que requieren el delincuente, ya descritos, y el delito, de verdad necesaria,es decir, que esté jurídicamente fundamentada y ajustada a la realidad del país con respecto a ese delito .
No es lo mismo un país donde no ha habido y hay actos e intenciones de romper el Estado de Derecho que un país que , como en nuesto caso, lleva en sus espaldas: más de cuarenta años de terrorismo para romperlo, la ruptura de hecho ha acaecido hace tan poco tiempo y los actores de esos hechos manifiestan y actuan en función de la clara, reiterada e inquebrantable voluntad de lograrlo sin retoceder un cm.Todo ello adeezado con la poco estimada labor de partidos y ‘entidades’ antisistema y nacionalistas llamados moderados, o no.
Ah, cuidado, con el nuevo Estatuto Vasco y el resto de lo pactado para Euskadi y Cataluña (cambio legislación, algo de estuctua del Estado,…) por Sánchez Tenía que ser pesidente.. Lo dijo muy claro A. Esteban en el Debate sobre el Estado de la Nación . También dijo que este punto era el más importante. Y Sánchez ya ha cogido carrerilla.
Y por último recordar que R. Amón comparaba brillantemente la «construcción de convivencia» con los efectos de la estricta dieta impuesta a los tiburones en los acuarios. Se les sobrealimenta. Tan entrañables criaturitas se zampan diariamente en el aquarium lo que comerían en libertad duante un mes. Y todo para no molestar a sus ¿confiados? vecinos.
Ay.
Incluso si en otros países europeos las penas fueran menores o no existiera el delito de sedición, sería justificado que España tuviera leyes duras contra el ataque al orden constitucional y la integridad territorial, pues nuestro país tiene un grave problema de separatismo que no tienen los demás países. España tiene que defenderse de sus enemigos, como hacen todos los estados.