La chapuza y sus consecuencias
«Esta chapuza no servirá para debatir en serio sobre la solución populista al aumento de las penas; se mezclan la demagogia con la ignorancia y la soberbia»
Irene Montero, ministra de Igualdad. | THE OBJECTIVE
Da igual si el resultado es intencionado o un error garrafal, fruto de la ignorancia y la soberbia. Se ha debatido mucho sobre qué pudo ocurrir: ¿y si lo que realmente quería el gobierno con la ley de libertad sexual era reducir las penas, porque se dio cuenta de que el enfoque de la ley era excesivamente punitivo? ¿Y si todo estaba pensado para luego acusar a la judicatura de machista? Son preguntas un poco inútiles; a veces rozan la conspiranoia. Lo más probable es que se trate de una chapuza. Y es la consecuencia natural de años de histeria y demagogia sobre la violencia sexual.
Pero hay algo interesante en la chapuza. En cierto modo, su efecto no es tan negativo; su resultado es una bajada de las penas, que muchos juristas pensaban que eran desproporcionadas. Obviamente, y a juzgar por lo que lleva años defendiendo el Ministerio de Igualdad, es lo opuesto a lo que se buscaba. Tras la sentencia de La Manada, una amplia parte del feminismo dio un giro punitivista. Si en otras cuestiones pensaba que los problemas tenían soluciones pedagógicas o culturales (el mantra naíf de la izquierda que pide «más educación»), para la cuestión de la violencia sexual la solución estaba en el endurecimiento del Código Penal.
«Es una ley para la calle; respondía más a una demanda simbólica que a un problema jurídico»
Es algo que autoras como Clara Serra, que formó parte de Unidas Podemos, han señalado durante años (si bien su argumento a veces cae en la simpleza de «si no hacemos esto vendrá la derecha», como si el problema no fuera moral, sino especialmente estratégico). En un artículo junto a otras pensadoras feministas contra la ley, escribía que «es preocupante la propuesta de un reforzamiento penal que no está basada en la eficacia y que parece tener más que ver con el derecho penal simbólico o las rentabilidades políticas del populismo punitivo». La clave es el sintagma «rentabilidades políticas del populismo punitivo». Los redactores de la ley saben (o deberían saber) que el aumento de penas es una mala estrategia de prevención y no hace que disminuyan los índices de violencia. Pero es una ley para la calle; respondía más a una demanda simbólica que a un problema jurídico.
Esta chapuza podría habernos servido para debatir en serio sobre la solución populista del aumento de las penas; no lo hará, claro. El punitivismo es transversal. La izquierda critica el punitivismo cuando habla de la prisión permanente revisable, o cuando el debate trata de los presos etarras. Pero se le olvida esa crítica si la cuestión es la violencia sexual. Y la derecha tradicionalmente ha defendido la «ejemplarización» a través del punitivismo. El debate, que realmente no es tal, es deprimente: se mezclan la emocionalidad extrema con los posicionamientos estratégicos de cada uno, la demagogia con la ignorancia, el cortoplacismo con la soberbia y la incapacidad de asumir los errores.
El tema de Iglesias me genera ciertas dudas sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático. En España es más fácil y se necesita menos cualificación para llegar a Vicepresidente del Gobierno que a profesor asociado de facultad y a veces , hasta a Presidente de Gobierno con menos preparación, ¿ por qué será? . Igual es una de las razones de la ineficiencia de nuestra democracia.
Los que dirigieron la transición , además de habernos dejado el período histórico de más prosperidad y libertad continúan demostrando su solvencia profesional y su defensa de los intereses de los ciudadanos y de las bases de la democracia plena con una independencia y sabiduría que es difícil encontrar en nuestros medios más influyentes.
José Ramón Caso. “En cuanto terminan los períodos constituyentes, la política se suele convertir en una profesión . En los países que lo hacen razonablemente mejor hay una cultura del mérito. Eso es meritocracia .Nadie se atreve a ofrecer a los ciudadanos un candidato no cualificado,. Esa conciencia colectiva no existe todavía en España”
Totalmente de acuerdo con su artículo. Ayer oí en una entrevista a una magistrada de jueces por la democracia (izquierda) que las penas de violaciones eran superiores a las de los homicidas y que la nueva normativa era acorde a su opinión, o sea, reducir penas. Sin embargo, los políticos de izquierda populista pretenden mantener las penas altas y aumentar las penas bajas, acorde con el populismo promovido en las manifestaciones feministas.
Esto se debe plantear sosegadamente con personas formadas, no vinculadas a los votantes, ni víctimas de abusos, porque si perspectiva puede dar sesgo a la normativa.
En la transición se optó por esta opción, y salió bien. La revisión de la transición actual, se hace con el sesgo de políticos populistas que dependen del voto de masas soliviantadas por estos mismos políticos
Yo creo que con esta ley, al margen de la cagada y el escándalo que no preveían, lo que sí han conseguido era su objetivo fundamental, que es la inseguridad jurídica del varón. Obviamente esto a nadie le importa. Ni a la izquierda, puesto que el feminismo está concebido íntegramente al servicio de la mujer, ni a la derecha, puesto que defender a los varones no es algo que entre en su escala de valores.
Provocar que el hombre inocente esté con un pie en la cárcel para que pueda ser manipulado sin ninguna cortapisa, es el núcleo duro de esta ley y lo han conseguido.
Si la derogan, será por la reducción de penas o por cualquier otro motivo, pero se está pasando por alto que la inversión de la carga de la prueba es una de las cosas que más nos acercan a la Inquisición, y para colmo, promovida por la izquierda sin ningún complejo.
Es todo un auténtico desastre.