Regenerar nuestra democracia
«Lo más paradójico es que el daño más profundo al estado de derecho de la deriva independentista ha venido desde los poderes ejecutivos y legislativos españoles»
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. | TO
Vivimos tiempos complejos. Muy complejos. Nuestro sistema democrático viene sufriendo un desgaste importante en los últimos años. Durante décadas, los dos partidos políticos que han gobernado y han ido sucediéndose en el poder han mantenido la responsabilidad de intentar respetar los mecanismos de equilibrio y respeto entre los tres poderes. Y cuando no lo hicieron, mostraron, al menos cierto pudor, sentido de culpabilidad y de enmienda. La fortaleza del estado de derecho es imprescindible.
La deriva independentista catalana fue un duro golpe a toda la estructura democrática del Estado. Unos independentistas que huían del descubrimiento de su negocio del 3% hacia una república en la que veían posibilidades de porcentajes sin limitaciones. El viaje terminó en un procés que hizo daño. El 155 de la Constitución y la eficacia de un estado de derecho, con el Tribunal Supremo al frente, fueron suficientes para desmantelar ese chiringuito, más financiero que político. O eso se creía.
«Para el independentismo nada es suficiente. Ahora exigen también la rebaja de las penas del delito de malversación»
Lo más paradójico es que el daño más profundo al estado de derecho de esta deriva independentista ha venido desde los propios poderes ejecutivos y legislativos españoles. El tradicional mercadeo de los decisivos votos de los partidos nacionalistas en el Congreso, provocado por un sistema electoral perverso, ha sido siempre un auténtico expolio de los independentistas. Un expolio político que no termina y que además crece. Empezaron por la retirada del delito de rebelión de la inicial acusación por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Siguieron con un indulto a pesar de todos los informes en contra del Tribunal Supremo. Ahora van a obligar al Gobierno a derogar el delito de sedición. No hay antecedente en ningún país del mundo en el que los condenados por un delito consiguen obligar al gobierno a eliminar ese delito del Código Penal. Un hito histórico en la sumisión institucional de un gobierno que debería ser el máximo garante de la fortaleza del Estado y que es el que más le debilita al asumir todas las exigencias secesionistas.
Y siguen. Nada es suficiente. Ahora exigen también la rebaja de las penas del delito de malversación. Un delito en el que hay bastantes acusados independentistas acusados de hacer correr el dinero público a no se sabe muy bien donde. La idea gusta en Moncloa porque ayudaría, por ejemplo a que José Antonio Griñán saliera pronto de la cárcel. Pero no es fácil de vender. Al final da igual que el dinero malversado se haya ido al bolsillo del político corrupto o al de sus amigos, o al de empresas amigas o incluso a su partido. Es dinero desaparecido y no es fácil vender que se despenaliza o se rebaja el castigo a la corrupción. Aunque eso para Sánchez puede ser solo cuestión de tiempo porque lleguen otros escándalos que hagan olvidar el último.
Todo queda ahora muy tapado ante una de las mayores chapuzas de la historia legislativa democrática de España: la ley del solo sí es sí. Una ley que está permitiendo que se estén excarcelando y bajando penas a violadores. Irene Montero, la autora intelectual de esta trampa legislativa, no ha tenido otra reacción que atacar a los jueces. Se ha quedado sola. Tan sola que por primera vez en mucho tiempo se han unido todas las asociaciones de jueces para criticar sus palabras. Todos contra ella. Hasta Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista de donde, por cierto, procede otra de las autoras intelectuales del desastre: la actual delegada del Gobierno contra la Género, Victoria Rosell. Una de las más radicales en el ataque a los jueces, quizás dolida porque algunas fuentes aseguran que había sido excluida en los acuerdos, luego frustrados, entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ. Aunque dijeron que su nombre era una exigencia imprescindible de Unidas Podemos, parece que era ruido y que, en realidad, el elegido por los morados y aprobado por el PSOE era Hugo Preciado.
«En los últimos años se desprecian los procedimientos, los tiempos y los informes de los órganos consultivos»
Volviendo a la chapuza, no sería justo ceñirse solo a ellas dos. Fue un proyecto del gobierno de Pedro Sánchez, aprobado de forma colegiada por todo el Consejo de Ministros. Y tampoco olvidemos que fue aprobado en el Congreso de los Diputados con el voto del PSOE, Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, Junts, Más País y Compromís. Es bueno citarlos. Porque ahora muchos miran para otro lado. Ninguno de esos partidos, ni el ministerio de Igualdad, ni el propio gobierno hicieron caso de los avisos y advertencias del desastre que podía ocurrir. Hubo informes de varios órganos consultivos que son instituciones claves en el funcionamiento técnico legislativo. Informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo Económico y Social, Consejo de Estado. Todos desoídos. Todos ignorados. Como viene siendo habitual.
Y este es el gran problema. En los últimos años se desprecian los procedimientos, los tiempos y los informes de los órganos consultivos. Se gobierna con un presidencialismo que ha convertido al legislativo en un poder sumiso a las necesidades y tiempos políticos del presidente. Se ignoran los informes de los órganos consultivos cuando no coinciden con las necesidades de Sánchez. Y el deterioro institucional crece.
Vivimos una situación injustificable de paralización del órgano máximo del poder judicial. El CGPJ lleva sin renovarse cuatro años. La Constitución exige la renovación y su incumplimiento debería ser sancionado. El Partido Popular está obligado a renovarlo. No tiene excusa legal para no hacerlo. Sánchez le ha regalado excusas políticas cuando al mismo tiempo que negocia con ellos, decide llevarse medio Código Penal por delante con tal de seguir en el poder. El último intento de acuerdo estaba hecho. Incluso algunas fuentes aseguran que el PP había conseguido una igualdad de diez a diez que le beneficiaba. Pero entre las mentiras de Bolaños por un lado y el nuevo despertar radical de Isabel Díaz Ayuso, Feijoó suspendía el acuerdo justo antes de nacer. Sabe que tiene que renovar el CGPJ pero también sabe ya que la coincidencia en el tiempo con la reforma de la sedición harían insufribles las críticas internas.
Junto a la parálisis judicial del CGPJ y de decenas de puestos que hay que renovar en cascada y siguen paralizados, nos encontramos con un grave deterioro del poder legislativo. Sánchez prefiere gobernar con proyectos ley y evitar así los meses que llevan las proposiciones de ley. La compleja coalición de Gobierno con Unidas Podemos hace que se deje llevar muchas veces por la urgencia. Parece que importa más hacerlo rápido que hacerlo bien. Y con tramitaciones urgentes hay menos tiempos de estudio y por tanto también de presentar enmiendas. Se ha visto con la ley del sólo sí es sí y puede volver a pasar lo mismo con otro proyecto de Irene Montero. La llamada ley trans puede traer si no se modifica nuevos errores trágicos, tal y como avisan las propias feministas socialistas.
Nuestra maquinaria democrática sufre. No es suficiente con medidas de sostenibilidad porque Sánchez sigue con su política de tierra quemada. Sigue prisionero y a la vez adicto a los chantajes de los independentistas más anticonstitucionales. Necesitamos líderes con sentido de estado, que recuperen los procedimientos, que respeten a los órganos consultivos, que pongan el estado de derecho por encima de sus intereses. Necesitamos políticos que regeneren el tejido institucional dañado. Necesitamos regenerar nuestra democracia.
