Deditos y penas

Estos días he presenciado animados debates sobre las intenciones que se esconden tras la Ley, sí, esa en la que están pensando. Hay quien piensa que una chapuza tan redonda, tan autoparódica, tan de cierre chejoviano al ciclo feminista militante, no podía ser casual. Tiene que haber, argumentan, un designio secreto, una intención retorcida. Otros, parsimoniosos, entienden que la trayectoria de la ministra y su equipo avalan ante todo lo que podríamos llamar la tesis Pepe Gotera. Yo estoy más con estos últimos -aunque también habría que explicar que la ley pasó, como es obvio, por el Consejo de Ministros y por las Cortes-. Pero quizás ambas opciones no sean excluyentes.

Para empezar, admitamos que en nuestro sistema hay un problema cada vez más palmario, y transversal, de calidad y oportunidad legislativas. Un porcentaje nada desdeñable de las iniciativas que se debaten en las Cortes no debería haber llegado allí jamás -la secretaria de Estado de Igualdad, con esa ingenuidad de piedra pómez tan suya, ha hablado alguna vez de «diarrea legislativa». La técnica es pobre, las exposiciones de motivos parecen argumentarios de partido o colecciones de totales de algún programa de infotainment. Pero quizás lo peor es que no pocos de esos textos son totalmente innecesarios y responden, no a un intento honrado y leal de mejorar la legislación vigente o atender problemas antes ignorados, sino a necesidades comunicativas de algún partido o ministerio; o al intento de activar alguna brecha social en detrimento de otros; o casi peor, a estados de agitación social inducidos por los propios partidos y los medios. Y es imposible que las leyes estén mucho tiempo por encima de la sociedad y el sistema político del que emanan.

Y así llegamos a la ley del solo sí es sí. ¿Era realmente necesaria? ¿De verdad alguien puede sostener fuera de un plató de TV que el carácter central del consentimiento sexual no estaba recogido en la legislación previa? ¿Qué se pretendía realmente al promulgar el nuevo texto legal? Hay argumentos muy atendibles sobre el carácter excesivamente punitivo del Código Penal; pero nunca estuvieron en el centro del debate público mientras se tramitaba la nueva ley. Y no podían estar de ninguna manera, dado el permanente «estado de excepción comunicativo» en torno a la cuestión en el que se sumió el país desde el caso de La Manada. Un estado de excepción promovido y amplificado alegremente por medios y partidos, singularmente los del Gobierno.

«Hace un par de meses estábamos discutiendo qué hacer con unos chavales que cantaban burradas por la ventana de un colegio mayor»

Algunos ya avisamos de que azuzando a la opinión pública por la senda del punitivismo no tenían, a la postre, nada que ganar. Pero vaya usted a saber: igual se pensaban que tras meses, años, de machaque con el macho violador y el «nos están matando», la peña se iba a poner a leer a Beccaria. Vale también la pena recordar que hay en España una persona condenada en firme por el Tribunal Supremo por publicar una web satírica sobre el tratamiento del caso de La Manada en los medios. Y la condena de los acusados por el caso Arandina a penas de 38 años de cárcel -ahora revisadas, y mucho, a la baja por el Supremo- no suscitó ningún debate nacional sobre la dureza de los castigos. Es innecesario seguir porque, aparte de todo esto, hay declaraciones a espuertas de las portavoces del ministerio negando que se fueran a reducir las penas con la nueva ley.

En fin, hace un par de meses estábamos discutiendo qué hacer con unos chavales que cantaban burradas por la ventana de un colegio mayor. No se busque coherencia por ningún lado; y ni siquiera merecen más comentario el cierre de filas y el ataque a los jueces por parte de Podemos, incluida su jueza. Porque el poder judicial siempre ha sido un objetivo en sí, como lo es de sus compañeros de viaje independentistas, y el Pisuerga suele pasar por Valladolid.

Con todo, yo creo de verdad que hay un alma antipunitiva en la izquierda gubernamental. Pero sucede que cuando uno no sabe adónde va puede acabar en cualquier parte. Y que la tensión de los cuadros de Podemos entre lo institucional y el activismo hace estallar sus discursos y sus políticas por cualquier costura. Intuyo que sucede algo parecido a las políticas de vivienda o laborales, donde nunca se sabe bien si quieren arreglar el mercado pero no saben, si quieren dinamitarlo porque «cuanto peor, mejor», o todo a la vez. Lo que nunca abandonan es su vocación lunática de reglamentar la sociedad a martillazos, ya sean legales o de pedagogía. Ayer una Irantzu Varela decía en alguna pantalla que no hay que castigar a personas concretas sino «transformar la sociedad»; porque por lo visto es más fácil modificar la conducta de millones de personas en un sentido determinado desde el poder que redactar un puñetero texto legal sin provocar calamidades. Para lo segundo, es cierto, es imprescindible no creerse que el mundo empieza el día que tú llegas a él.

«Fuera del podemismo, de nuevo el sistema de medios y opinión falló»

Fuera del podemismo y sus burbujas cognitivas y asociativas, de nuevo el sistema de medios y opinión falló, como en tantas otras ocasiones, de la crisis financiera a la covid. O más bien cumplió su función real, que no es vigilar a ningún poder ni esclarecer nada, sino poner en circulación narrativas y aprovechar la «economía de la atención» para capturar audiencias. Todavía, en eco de los días de la pandemia, hay periodistas que se justifican: mi única culpa fue creer lo que decía el Gobierno. Como si la hubiera mayor.

Vuelvo al principio. La ley del solo sí es sí, me temo, solo es una manifestación más visible de un problema amplio -y ahora vienen la ley trans y la de bienestar animal, que nos prometen más tardes de gloria-. No siempre son reos saliendo de prisión; otras veces será alguna décima de PIB que se pierde, o un colectivo que sale achicharrado en beneficio de otro. Pero todo cuenta en el deterioro económico y social de un país.