Presupuestos e impuestos deshonestos

Probablemente ayer se batió en el Congreso de los Diputados el récord en el número de disposiciones legales aprobadas, lo que en principio no tiene por que ser ni bueno ni malo. Otra cosa es el contenido de lo que se aprobó y la gestación de buena parte de las normas que fueron objeto de aprobación, cuestión en la que desgraciadamente también se batieron varias marcas, pero todas negativas.

Que cuando un Gobierno está en minoría parlamentaria ha de buscar alianzas para aprobar sus proyectos legislativos es un hecho indiscutible. Que para labrarlas debe ceder a algunas pretensiones de los grupos políticos cuyo apoyo necesita, también. Hasta ahí “sin novedad en el Alcázar”. Lo extraordinario de ayer y del proceso previo es el carácter de las cesiones que el Gobierno ha tenido a bien realizar para escenificar de nuevo el abrazo a Pedro Sánchez con el que la ministra de Hacienda teatraliza cada aprobación de sus Presupuestos. Sin duda, y no se trata solo de las contrapartidas económicas pagadas por el Gobierno por arrendar voto de los grupos independentistas que fueron muchas. Por cierto, algunas tan peculiares como subvencionar extraordinariamente con dinero de todos los españoles el uso del euskera en los espectáculos de circo o la edición en catalán del Boletín Oficial del Estado, cuestiones ambas que ya son objeto de financiación ordinaria al estar incluida la existencia de idiomas autóctonos como factor influyente en la anual distribución de fondos que se realiza al aplicar el Sistema de Financiación Autonómica. Lo relevante de lo ocurrido ayer son las contrapartidas no económicas que entregó el Gobierno para que Sánchez y Montero pudieran abrazarse otra vez.

Porque ayer sucedió que por primera vez en la Historia de España se modificó el Código Penal al dictado de las exigencias de los delincuentes a los que debe aplicarse. Que hayan sido los propios secesionistas los que rebajen la pena que corresponde al delito que cometieron y que de manera explícita se han anunciado dispuestos a reiterar constituye un triste y lamentable hito histórico. Como lamentable y triste resulta que sean los herederos políticos de ETA los que decidan sobre la ordenación y competencias de la Guardia Civil en Navarra. Pero, claro, ya lo explicó hace unas horas Otegui -otro condenado, en este caso por delitos de terrorismo- cuando públicamente se jactó porque sin ellos y sin los secesionistas catalanes no existiría el Gobierno Sánchez.

No acaban ahí los descalabros legislativos acaecidos, porque ayer se procedió también a aprobar por primera vez un impuesto, el que gravará a las entidades bancarias, contraviniendo radicalmente el criterio técnico explicitado por el regulador europeo del sector. Que el Gobierno español, presidido por un pretendido europeísta, haya impulsado su aprobación al “corre corre” en contra de lo manifestado por el Banco Central Europeo revela el escaso respeto que guarda Pedro Sánchez a las instituciones de la Unión Europea.

Y qué decir del Impuesto contra las Grandes Fortunas, tributo que en su contenido y proceso de elaboración constituye otra novedad histórica, tan desgraciada como lamentable. Nunca en nuestra Historia tributaria se había aprobado un impuesto cuya estructura impositiva -hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, devengo- coincidieran idénticamente con otro preexistente como es el que grava el patrimonio de las personas físicas. Se trata de una anomalía técnica, política y jurídica que rebaja la calidad de nuestro Ordenamiento legal hasta niveles freáticos. Tampoco nunca en nuestra Historia Fiscal se había creado un impuesto a través de la presentación de una enmienda a un proyecto de ley en curso. Crear de este modo el impuesto “a los ricos” ha impedido que su propuesta de creación fuera acompañada de los instrumentos mínimos y racionalmente necesarios para instaurar una figura tributaria como es el caso de la Memoria económica o de los convenientes informes de carácter consultivo. La fiscalidad es una cuestión demasiado seria como para que el fondo y la forma de los cambios en su configuración se realicen con la frivolidad y con el desahogo empleados por el Gobierno de Sánchez.

Y así, de novedad histórica en novedad histórica, es como se viene degradando en España el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y el buen orden institucional. La consecuencia mas reciente de este desgraciado devenir histórico por el que discurre nuestra Historia en los últimos años es que, por lo explicado, desde ayer tenemos unos Presupuestos y unos nuevos impuestos llenos de inhonestidad.