Victimización política con perspectiva de género

Lo de la perspectiva de género es una cosa maravillosa. Es tan ambivalente como la violencia política, que lo mismo sirve para justificar un linchamiento político-mediático como para condenarlo, en función del carné del partido del linchado y del linchador. Un líder progresista puede permitirse llamar fascista, machista, franquista, saqueador o corrupto a cualquier miembro de un partido del centroderecha. También puede atemorizar a los hijos de políticos organizando escraches a sus padres en las puertas de su casa. O incluso ridiculizar a una ministra de Exteriores señalando que sufre alguna secuela psíquica tras haber sido tratada de un cáncer.

Pero absténganse el resto de realizar actos equiparables o utilizar expresiones equivalentes, porque ellos no toleran que se les prescriba la misma medicina que recetan alegremente al resto: en el combate por la monopolización del debate público, ellos han sido, son y serán siempre las víctimas. Tienen licencia para menospreciar, vejar y acosar, así como para presentarse como mártires cuando el atacado se revuelve. Son como el verdugo que lloriquea ante un exabrupto del que va a ser decapitado mientras sostiene en sus manos la pesada hacha con la que hará rodar su cabeza.

No es nada sorprendente, por lo tanto, la reacción melodramática y ridícula de la izquierda tras la impostada indignación mostrada por Irene Montero cuando una diputada de Vox expuso en el Congreso sus vínculos sentimentales con Pablo Iglesias como causa de su cargo en el Ministerio. Algo que los predicadores de la corrección política consideran intolerable y fuera de lugar, aunque el aludido hubiese empleado términos similares años atrás para referirse a una exalcaldesa de Madrid. Una pena que sus radares para localizar discursos de odio no estuviesen activos cuando Rufián afirmó, desde la misma tribuna, que con la despenalización de la sedición les han quitado el juguete a los jueces fascistas.

«Podemos y sus terminales mediáticas nos obligan a soportar linchamientos casi diarios a periodistas, magistradas y ciudadanos»

Pero la victimización política no solo es una tapadera para desviar el foco de los temas realmente importantes: es su eslogan fundacional y el instrumento sobre el que están conformando una nueva forma de represión y censura, que utiliza la perspectiva de género como coartada. Una herramienta óptima para colonizar las instituciones e instrumentalizarlas con el fin de aprobar leyes y financiar campañas públicas que criminalizan al varón, desprestigian a los jueces y señalan a españoles de a pie.

Mientras Podemos y sus terminales mediáticas nos obligan a soportar linchamientos casi diarios a presentadores, periodistas, youtubers, magistradas o incluso a ciudadanos anónimos, por el mero hecho de que sus discursos u opiniones se desmarcan de los dogmas de la perspectiva de género, Irene Montero se ha erigido en la musa del victimismo, convirtiéndose en el objeto de edulcorados y lacrimógenos homenajes. Una de sus últimas apariciones ha sido ante las cámaras de la televisión pública española, donde se ha afanado en explicar que «la violencia política no es un insulto puntual, es una estrategia continuada por la cual, desde muchos altavoces, durante muchos días, meses y años se lleva a cabo una estrategia de destrucción personal de la persona».

Tiene narices que la ministra se rasgue así las vestiduras por las críticas a su incompetencia tras evidenciarse las nefastas consecuencias de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Debía de esperar aplausos mientras las rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales se suceden, tras haber ella rechazado categóricamente que algo así pudiera acontecer y tildando a las advertencias de «propaganda machista».

«‘No señales y no serás señalado’, proclaman sin pudor para justificar su abierta invitación a la autocensura»

Pero lo más indignante de toda esta operación para transformar a Irene Montero en mártir es que transcurre de forma coetánea a una lapidación pública emprendida por el Ministerio de Igualdad para propiciar la muerte civil de Pablo Motos, presentador de un programa de entretenimiento, por no respetar los cánones de la inquisición feminista. Se han sumado al linchamiento no solo los sospechosos habituales del Congreso, sino también ese vertedero de activistas en el que se ha transmutado buena parte del periodismo. Exactamente la misma estrategia que denunciaba sufrir Irene Montero en el programa de RTVE, solo que como al señalado se le acusa de machismo, la violencia política es descartada: el patriarcado merece ser aleccionado.

«No señales y no serás señalado», proclaman sin pudor para justificar impúdicamente su abierta invitación a la autocensura. Mas me permito advertirles a todos éstos que, contrariamente a lo que ellos asumen, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los cargos políticos que para los particulares. Tal y como nos recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los primeros se exponen a un control minucioso de sus actuaciones y actitudes por parte de periodistas y ciudadanos, debiendo en estos casos interpretarse las excepciones a la libertad de expresión de una forma más restrictiva.

Personalmente, me preocupa que los ataques zafios y barriobajeros de índole personal por parte de quienes ostentan cargos de poder ya no solo se dirijan contra otros políticos -algo que ya de por sí degrada la calidad democrática del país-, sino que hayan puesto en su diana a los españoles. Cualquiera de nosotros que ose mostrarse crítico con este nuevo catecismo laico y autoritario travestido de feminismo puede ser el siguiente. Como país, no nos podemos permitir normalizar que, desde las instituciones, se acometan linchamientos a ciudadanos de forma recurrente, costeados con dinero público.