¿Quién invierte así?
«Sánchez se ha encargado de incorporar en nuestra economía dos nuevas causas para frenar su avance: el riesgo regulatorio y la inestabilidad institucional»
Pedro Sánchez y Nadia Calviño.
Los últimos datos macroeconómicos ya han revelado un indudable estancamiento de la economía española. Tras el casi parón del PIB en el tercer trimestre y su esperado mantenimiento en el cuarto, todas las previsiones -menos la del Gobierno- apuntan a la prolongación de la atonía durante 2023. Como es lógico, esta ausencia de fuelle en nuestro crecimiento traerá consecuencias y ninguna será buena. Sin duda la más relevante será la evolución del empleo, variable que una vez desmaquilladas las cifras oficiales del efecto Yolanda se ha comportado hasta ahora de forma aseada pero que, creciendo por debajo del 2%, está condenada a un futuro comportamiento depresivo. Hasta ahora, las causas del escenario poco halagüeño que se nos avecina podían resumirse en dos. Una, la crisis económica general fruto de los efectos postpandemia y de la guerra de Putin. Otra, las desacertadas decisiones económicas de nuestro Gobierno. Sin embargo, en las últimas semanas, Pedro Sánchez se ha encargado de incorporar en nuestra economía dos nuevas causas para frenar su avance: el riesgo regulatorio y la inestabilidad institucional.
Es indudable que una política económica errónea constituye un lastre para el crecimiento económico, pero es aún peor si además la matriz de sus decisiones es una vela movida por el viento político de cada momento porque en este caso se genera incertidumbre a los inversores y empresarios. Observar cómo el Gobierno es capaz de cambiar variables claves del marco regulatorio de un día para otro es el mayor antídoto para la confianza empresarial, dado que la inversión es una decisión que requiere necesariamente del medio/largo plazo para generar rentabilidad. Constatar que el coste fiscal de cualquier actividad económica puede ser aumentado de improviso para tapar un agujero político, que el salario mínimo interprofesional puede ser aumentado considerablemente -una vez más- para contentar a las fuerzas sindicales, o que las cargas sociales de las empresas pueden elevarse para intentar cuadrar los números de las pensiones del ministro Escrivá, constituyen ejemplos que evidencian cómo la rentabilidad de cualquier inversión que se aborde en España estará más que condicionada por la volátil brújula que orienta políticamente las decisiones económicas del Gobierno.
«La chapuza jurídica, la sinrazón política y la desfachatez ética escandalizan a cualquiera que tenga un mínimo de sentido común»
Al ya explosivo cóctel hasta ahora expuesto, Pedro Sánchez le ha añadido como nuevo componente la crisis institucional que ha provocado. Tras auto-deslegitimarse promoviendo una reforma del Código Penal con y para los delincuentes a los que favorecen los cambios, no se le ocurrió otra que aprovechar la tramitación legislativa de la reforma para colar a última hora y por la puerta de servicio dos enmiendas que pretendían modificar, nada más y nada menos, dos leyes orgánicas, esquivando así los hitos más elementales del procedimiento para su modificación. La chapuza jurídica, la sinrazón política y la desfachatez ética escandalizan a cualquiera que tenga un mínimo de sentido común, de espíritu democrático y de respeto al Derecho. Afortunadamente, todavía puede decirse que en España no vale todo y el Tribunal Constitucional le ha dicho que así, no, que tiene que respetarse el procedimiento. Siendo grave, muy grave, lo que pretendía Sánchez, tiene aún mayor gravedad la estrategia que ha implementado desde que su inconcebible pretensión ha sido abortada por el Tribunal.
Observar la noche del lunes cómo los que presiden el Congreso y el Senado manifestaban que la decisión del Constitucional hurtaba a ambas cámaras de sus funciones provocaba estupefacción, pero escuchando después al ínclito Bolaños solo cabía la indignación. No es posible decir tantas mentiras en tan poco tiempo. Por señalar algunas, no es cierto que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal realizada en 1985 se produjera para evitar lo decidido el lunes, pues su objetivo fue suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad sobre el contenido de una disposición, cuestión no contemplada en la decisión adoptada ahora por el Tribunal que, insistamos, ha corregido un desmán procedimental del Gobierno. Tampoco es cierto que el Constitucional se extralimitara, pues actuó en cumplimiento de disposiciones existentes en su Ley Orgánica. Y la referencia al carácter exiguo de la mayoría con la que se adoptó la decisión constituye una broma de mal gusto, toda vez que las modificaciones que proyecta el Gobierno -con el procedimiento anteayer abortado- pretenden precisamente reducir las mayorías necesarias en la adopción de decisiones por el propio TC así como por el CGPJ.
Los tres comparecientes actuaron como puros kichneristas tocados con una barretina independentista. Que me reprenden los jueces, es porque son fachas. Que no me dejan hacer lo que quiero y como quiero, es porque son golpistas. Que me obligan a cumplir la Ley, es porque son conspiradores. Que el Gobierno español esté trasladando esta imagen es deplorable para nuestra democracia y además resulta corrosivo para la confianza en el país. ¿Cuántos inversores eligen Argentina para sus inversiones? ¿Cuántos empresarios eligen Cataluña para desarrollar su actividad empresarial? ¿Quién opta por asumir riesgos en un país o región con gobernantes así? Y última pregunta: ¿le importa esto algo a Sánchez? A juzgar por sus actos y manifestaciones, ha de concluirse que no.
