La 'ley trans': contra toda esperanza
«La ‘ley trans’ no es solo un tributo a la irracionalidad, sino también un ominoso homenaje a la discriminación odiosa, un insulto al más respetable feminismo»
Irene Montero.
La razón es nuestro único asidero, dijo el filósofo Javier Muguerza, con esperanza, sin esperanza y aún contra toda esperanza. Amén, aunque tras la sesión del pasado jueves en el Congreso de los Diputados en la que se ha dado el penúltimo paso antes de que definitivamente nos arrojemos al precipicio de la sinrazón, es difícil resistir a la desesperanza. Me refiero, claro, a la ley trans. Una vez más.
Desde el mismo momento en el que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans entre en vigor, el Derecho español dividirá a los seres humanos entre aquellos que, habiendo nacido con un sexo determinado (hombres si producen espermatozoides, mujeres si producen óvulos) se aceptan como tales y así quedan identificados en el Registro Civil, y aquellos que sintiendo disconformidad con su sexo biológico modificarán esa mención en el Registro Civil sin más requisito que el de su desnuda voluntad.
El feminismo hegemónico abraza una teoría social y política de acuerdo con la cual una estructura patriarcal incide de manera decisiva sobre el destino de las mujeres: las cargas que arrostran, sus oportunidades, sus riesgos, su persistente subordinación y explotación. En el clásico de la literatura feminista de ciencia-ficción, When it changed (1972) de Joanna Russ, se refleja la utopía de una sociedad «despatriarcalizada», esto es, sin hombres. Esa utopía está a la vuelta de la esquina; lo que no pudo atisbar Russ es que en su planeta Whileaway no hacía falta que se diera una extraña forma de reproducción sexual mediante la fecundación entre óvulos producidos por las hembras, sino que bastaba sencillamente con que los hombres se inscribieran en un registro donde constan como mujeres. Y ello con todas sus consecuencias: en nuestro planeta España camisa blanca de mi desesperanza habrá lesbianas con pene, gays con vagina… cosas chulísimas, que diría la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde el mismo momento en el que esa «estructura» puede quedar determinada por la voluntad individual de que un mero «sentimiento» de pertenencia o identificación sexual acceda al Registro Civil, todas las brechas y desigualdades «estructurales» computadas desagregando entre «sexos», todas las realidades basadas en hechos sobre las que se fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres, serán humo, patraña, engañifa. Y todo ello habrá ocurrido en una tramitación donde el debate genuino ha brillado por su ausencia, ha triunfado la refracción a los mejores argumentos y ante el silencio estruendoso – señaladamente el académico- de los corderos, las corderas y les corderes.
«Y si a los seis meses, como prevé la ley, recuperamos nuestra mención original como varones ¿esos actos vuelven a ser machistas?»
Otras cosas, sin embargo, tampoco serán tan chulísimas. No me refiero sólo al «borrado de las mujeres», a las flagrantes inequidades que sufrirán las deportistas profesionales, como bien ha documentado Irene Aguiar, o a las legítimas demandas de intimidad en ciertos espacios que reclaman las mujeres y que serán sencillamente desatendidas. Me refiero particularmente a los seres humanos que, habiendo nacido varones y no estando disconformes con esa condición, seguirán siendo marcados con la divisa de una propiedad involuntaria, una correlación de la que no podrán desprenderse hagan lo que hagan, de la misma manera, exactamente la misma, que lo fueron durante siglos –y aún lo siguen siendo en muchos lugares del mundo- los seres humanos que nacieron hembras. La ley trans no es solo un obelisco que rinde tributo a la irracionalidad sino también un ominoso homenaje a la discriminación odiosa, un insulto a lo más profundo y respetable que encarna el feminismo: tratar igual a los iguales salvo que exista una diferencia moralmente relevante.
Consideremos la violencia de género, eso que tanto ha preocupado al PSOE durante la tramitación de la ley trans para que no se «confundiera» entre esa forma de violencia y la violencia intragénero o doméstica, ni se pudieran fraudulenta y retroactivamente proyectar los cambios de sexo en el Registro a las agresiones pasadas cometidas como «hombres» sobre «mujeres».
Piensen en los dos siguientes casos. Julio y Alba salen de una discoteca de Zaragoza y discuten sobre si volver a casa o tomarse la última copa. La disputa escala y Alba le da un puñetazo a Julio, él le propina una bofetada y ella le da una patada. Se trata de un supuesto, dice el Tribunal Supremo, de lesión de menor gravedad previsto en el artículo 153 del Código Penal, pero a Alba le corresponde la pena prevista en el artículo 153.2. (tres meses de prisión) y a Julio, sin embargo, la de seis meses de prisión del artículo 153.1. del Código Penal.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré discute fuertemente con su mujer. Ella se refugia en la terraza y grita «socorro», tal y como atestiguaron quienes llamaron a la policía. Valdés Dal-Ré es detenido y se activan los protocolos viogen. La no interposición de denuncia alguna por parte de la mujer no paraliza la instrucción, procesamiento, juicio ni eventual condena, cosa que sí habría ocurrido de haberse entendido que lo que en ese domicilio ocurrió fue indiciariamente un delito de «maltratos de obra» sin lesión. ¿Por qué? Porque en esas peleas en el seno de las parejas o exparejas uno de los autores es un hombre, y, dice el Tribunal Supremo: «… los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad… ello no queda desvirtuado por la circunstancia de que la mujer responda a esa agresión con otra agresión y constituir una agresión recíproca» (STS 677/2018 de 20 de diciembre).
Reparen en la taumaturgia: si en el momento de llegarse al lugar de los hechos, tanto Julio como el magistrado Valdés Dal-Ré hubieran exhibido un DNI en el que se les identifica como mujeres, ninguna desigualdad de trato o condena se hubiera dado. ¿Por qué? ¿Es que para que los actos de poder o superioridad de los hombres sobre las mujeres que fueron su pareja o expareja dejen de ser tales, basta que declaremos en el Registro Civil que nos sentimos «mujeres», sea eso lo que sea? Y si en el plazo de seis meses, tal y como prevé la ley, recuperamos nuestra mención original como varones ¿esos actos vuelven a ser machistas, síntomas de una superioridad recuperada mágicamente? ¿Por qué sin embargo a ningún hombre, conforme con su sexo y no dispuesto a modificarlo en el registro, le es dado siquiera intentar demostrar que él no insultó, zarandeó, golpeó, o incluso mató por un afán de dominación machista? Por lo que parece, y parafraseando a Simone de Beauvoir, se nace machista y se sigue siéndolo por el mero hecho de conformarse uno con su sexo y no modificarlo registralmente.
¿Alguna de las muchas y muchos que han celebrado con odio de tafetán la aprobación de la ley trans han mostrado en alguna ocasión la más mínima inclinación a dar cuenta de esas preguntas? ¿Han exhibido algún argumento que muestre su irrelevancia, alguna objeción o contraargumento que nos haga pensar que desde el día en que entre en vigor la ley trans no asistiremos a un sinfín de aporías, irracionalidades y discriminaciones injustas? No me consta.
«La tiranía del género, la biología como destino, el imperio de lo azul y lo rosa que de nuevo se nos cuela por la gatera»
Su estulticia está además sostenida por la mordaza, como bien se ha encargado de insistir la filósofa Amelia Valcárcel, un referente en el pensamiento político feminista. El artículo 66.4. de la ley trans dispone que: «La negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su desarrollo personal, por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero». Dicha ley es la de Protección Jurídica del Menor, y una «situación de riesgo», es descrita como «aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos…». La estimación de tales situaciones por parte de la Administración a la que se alude en dicho artículo puede llegar a implicar una significativa intervención del Estado en el ámbito familiar.
Pues miren, lo escribiré claro y lo seguiré arguyendo incluso después de que mi libertad de expresión, académica o de creencias, como la del resto de mis conciudadanos, esté seriamente comprometida una vez que esta ley pase a formar parte de nuestro sistema jurídico: como padre que soy no cejaré en tratar de persuadir y ayudar a mi hijo frente a toda influencia externa que le trate de persuadir de que acuda a tratamientos hormonales y no digamos ya quirúrgicos porque su «identidad de género» no se corresponde con su sexo. Es perfectamente antifeminista, y profundamente reaccionario, creer que porque un niño, niña o adolescente exhibe patrones de conducta o expresiones de género que no se corresponden con su sexo, es un «menor trans» al que sólo ya cabe acompañar afirmativamente en su determinación de modificarse morfológica y fisiológicamente. La tiranía del género, la biología como destino, el imperio de lo azul y lo rosa que de nuevo se nos cuela por la gatera. Prohibimos o limitamos la publicidad sexista dirigida a los menores, pero resulta que si la chavala pide un balón por Reyes o el chaval una plancha podemos pensar que son trans y no niñas que juegan al fútbol y niños que planchan.
No: el riesgo no está en los progenitores que tratan y tratarán de evitar esas consecuencias terribles que se siguen del tratamiento médico para paliar la incongruencia, como bien documentan los desistidores o detransicionadores o las corajudas madres de la asociación Amanda. El riesgo y el daño lo han colocado nuestros representantes en una jornada que pasará con todos los honores a la historia negra de los desatinos legislativos.
Aún sin mucha esperanza, ¡Feliz Navidad! amigo lector.
