El fiasco de Gijón contra la «emergencia climática»
«El plan del Ayuntamiento, al no tener ningún efecto, es menos dañino que las habituales y cuantiosas subvenciones a la adquisición de vehículos eléctricos»
Un vehículo en proceso de fabricación.
El Ayuntamiento de Gijón, cuya alcaldesa es la socialista Ana González, en el marco de los esfuerzos titánicos de su partido por combatir la «emergencia climática», convocó en 2022 un plan de subvenciones para la adquisición de vehículos con etiqueta medioambiental.
De acuerdo a las bases del programa de subvenciones, la finalidad pública que se cumple es la mejora medioambiental a través de la sustitución de vehículos contaminantes por otros más respetuosos con el medio ambiente. En concreto:
- Contribuir a la mejora medioambiental a través de la sustitución de vehículos contaminantes por otros más respetuosos con el medio ambiente
- Reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, principalmente las de óxidos de nitrógeno, partículas y gases de efecto invernadero
- Contribuir a una movilidad sostenible utilizando vehículos energéticamente más eficientes
- Atender a una demanda social para que el colectivo destinatario de las ayudas sea prioritariamente el de personas que acrediten escasez de recursos económicos
Los solicitantes y sus unidades de convivencia debían estar empadronados hace al menos un año en Gijón (con excepción de refugiados, víctimas de violencia de género, emigrantes retornados o víctimas de trata de seres humanos, a los que se eximía de dicho requisito), y acreditar no haber tenido unos ingresos brutos en el año 2020 superiores a entre 2 veces el IPREM (unos 16.200 euros brutos anuales) para unidades de convivencia de 1 ó 2 miembros, y 2,75 veces el IPREM (unos 22.300 euros) para unidades de convivencia de 5 o más miembros.
Estas subvenciones no eran compatibles con ningún otro programa de ayudas a la compra de vehículos, y exigían al solicitante:
- Achatarrar un vehículo que no tuviera etiqueta medioambiental.
- Ser titulares del vehículo en cuestión al menos un año antes de la solicitud.
- Que el vehículo a achatarrar tuviera la ITV en vigor.
- Adquirir un vehículo con etiqueta medioambiental, no siendo válida la transmisión entre particulares.
La subvención unitaria era de 1.000 euros por vehículo, y el programa del año 2022 estaba dotado con 150.000 euros, estableciendo claramente que, si se excedía la cantidad de solicitudes con los requisitos exigidos, se otorgarían por orden de presentación, y los que no las obtuvieran no tendrían preferencia en el programa para el año 2023, aunque sí podrían solicitarla de nuevo. Está claro que preveían una avalancha de solicitudes.
«El programa se ha conseguido retirar de la circulación cuatro coches ‘contaminantes’, en una ciudad con más de 150.000 vehículos»
El éxito del programa ha sido arrollador. Se han presentado 5 solicitudes, 5, de las cuales una se ha devuelto al corral por no cumplir los requisitos. O sea, que con tan maravilloso programa se ha conseguido (en teoría) retirar de la circulación cuatro coches «contaminantes», en una ciudad con más de 150.000 vehículos. El planeta está ya a salvo, loada sea Greta.
Bueno, pues como la lucha contra la contaminación y el cambio climático con perspectiva de género, inclusiva y redistributiva continúa siendo una de las prioridades municipales, se ha convocado un nuevo plan para 2023. Se ha ampliado el plazo de presentación, que es ahora de casi 10 meses, se ha eliminado el requisito de que el vehículo a achatarrar tenga la ITV pasada, y además se han ampliado los requisitos de renta. Ahora, una unidad de convivencia de 5 o más miembros que acredite unos ingresos brutos inferiores a 4 veces el IPREM (unos 33.000 euros) podrá solicitar la subvención de 1.000 euros para la compra de vehículos con etiqueta medioambiental. Me barrunto que tampoco en 2023 va a agotarse el presupuesto del municipio para este fin (eso que se ahorrarán los gijoneses).
No sé en qué planeta viven nuestros gobernantes (particularmente, pero no solo, los de izquierdas). Si una familia tiene un coche con 15-20 años de antigüedad, normalmente no es porque quiere, sino porque no puede permitirse uno nuevo. Por lo tanto, concederles una ayuda de 1.000 euros (que además computará en el cálculo de sus ingresos a efectos de IRPF del año siguiente en la mayoría de los casos) es como ofrecerle a una familia de cinco o más miembros que ingresa 30.000 euros al año una semana de Hotel Plaza de Nueva York, sujeta a que los solicitantes se paguen el viaje y las comidas durante su estancia. Es decir, un esfuerzo condenado al fracaso.
En defensa del Ayuntamiento de Gijón hay que decir que este paripé, al no tener prácticamente ningún efecto, es menos dañino que los habituales planes de cuantiosas subvenciones a la adquisición de vehículos eléctricos, que abaratan cuantiosamente con ingresos públicos sufragados con los impuestos de todos (mileuristas y sujetos que perciben pensiones no contributivas, entre otros) los caprichosos juguetes de los más ricos (que son los que se pueden permitir en este país vehículos eléctricos).
No se enteran de nada. O sí se enteran, y es peor.
