El constitucionalismo es facha

Podría parecer que el actual presidente del Gobierno de España maniobra contra la Constitución por razones meramente oportunistas, es decir, que lo haría solo para satisfacer las demandas de sus socios de coalición. Esta actitud encajaría al milímetro con el perfil de un personaje cuyos actos le retratan. A estas alturas, todos sabemos —y digo todos porque sus partidarios lo saben también— que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde aprobar leyes disparatadas a requerimiento de terceros hasta, como digo, violentar la Constitución recurriendo a subterfugios. 

Lo cierto es que, más allá de su extraordinario celo por el poder, no sabemos si Sánchez tiene alguna ideología. Resulta casi imposible distinguir si lo que le mueve a actuar así es alguna suerte de convicción izquierdista o la pura y dura ambición. Una duda que las propias críticas de sus opositores contribuyen a exacerbar, porque inciden en su falta de escrúpulos pero dejan en segundo plano las argumentaciones ideológicas. Así, nos advierten de las pésimas cualidades personales del actual presidente, pero no tanto de sus ideas. Sánchez hace lo que hace, no porque sea de izquierdas, sino porque es Sánchez. Punto. 

Es difícil saber en qué consiste ser de izquierdas en la actualidad. Uno no atina a distinguir entre el progresismo del presente y una suerte de puritanismo punitivo. Lo que antaño era el socialismo ha devenido en un identitarismo donde la tradicional lucha por la clase trabajadora ha dado paso al otorgamiento discrecional de privilegios a un sinfín de minorías, reales o inventadas, a menudo en detrimento precisamente del viejo proletariado. En el contexto de esta nueva izquierda, dirimir si Sánchez es realmente izquierdista o simplemente oportunista es irrelevante. Lo relevante es el camino que lleva.

«El buen gobierno requiere hacer oposición a las malas ideas y no tanto a las malas personas»

Ocurre, sin embargo, que los adversarios de Sánchez han decidido centrar sus esfuerzos en denunciar al personaje, pero no tanto el establecimiento de determinadas imposiciones ideológicas que, bien por oportunismo, bien por convicción, se han convertido en leyes durante esta legislatura. Esta espinosa cuestión se ventila, si acaso, con la promesa apresurada de que serán derogadas, pero sin entrar en mayores compromisos ideológicos. Lo cual es inquietante. Y lo es más todavía habida cuenta de que, como señalaba en este mismo diario Fernando Savater, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que, en caso de gobernar, la lucha contra la violencia machista será una de sus prioridades y que «un crimen basado simplemente en una superioridad por razón de género no tiene cabida en un régimen democrático». Es decir, Feijóo, a la vez que denuncia a Sánchez, incorpora a su discurso una de las imposiciones más dañinas de la nueva izquierda, ni más ni menos la que ha permitido conculcar el principio de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Dos pilares fundamentales de la democracia. 

Diríase que Feijóo ha olvidado que la política consiste en el debate de ideas, entendidas, claro está, no como dogmas de fe, sino como argumentos que puedan ser defendidos sin temer el qué dirán. Y que el buen gobierno no consiste en imponer el paraíso en la tierra —o, en su defecto, prometer paguitas más generosas que el adversario—, sino en facilitar la vida a las personas aplicando las ideas correctas. Lo cual requiere hacer oposición a las malas ideas, y no tanto a las malas personas. Pero, sobre todo, parece haber olvidado que el gobernante, ya sea el que hoy soportamos o el que soportaremos mañana, debe respetar siempre los derechos individuales, no los supuestos derechos colectivos. El constitucionalismo moderno fue ideado para asegurar ese respeto. Y, para poder cumplir su cometido, necesita una jerarquía que lo sitúe por encima de la política ordinaria. De lo contrario, la democracia degenera en la dictadura de la mayoría o, peor, en la dictadura de una coalición de minorías que aglutine lo peor de cada casa, como sucede en España.

«Sánchez está dispuesto a arrollar todo cuanto se interponga en su camino, ya sean los jueces o la Constitución»

No cabe duda de que Sánchez se pasa por el arco del triunfo esa jerarquía que la Constitución necesita para protegernos de las tentaciones totalitarias. Y que está dispuesto a arrollar todo cuanto se interponga en su camino, ya sean los jueces, los más altos tribunales o la mismísima Constitución. Pero nos equivocaremos de plano si juzgamos su actitud como mero fruto del oportunismo. Y acabamos creyendo que todo se solucionará removiéndole de la presidencia. Cuestionar el constitucionalismo es una corriente de fondo que lleva tiempo agitando la izquierda, no solo en España sino en otros países. A falta de adversarios que estén dispuestos a fajarse en el terreno de las ideas, la izquierda sabe que las constituciones son el último obstáculo que le resta para alcanzar un poder tan absoluto como arbitrario. Y en ellas ha fijado su punto de mira.

La consigna es clara: el constitucionalismo es de derechas y, por tanto, debe ser desmontado. O como lo expresan Ryan D. Doerfler y Samuel Moyn, profesores de Derecho de Harvard y Yale respectivamente, en un esclarecedor artículo publicado en The New York Times: «[…] las constituciones […] inevitablemente nos orientan hacia el pasado y desvían el presente hacia una disputa sobre lo que la gente acordó alguna vez, no sobre lo que el presente y el futuro exigen para y de aquellos que viven ahora. Esto ayuda a la derecha, que insiste en apegarse a lo que dice ser el significado original del pasado». Dicho en plata, las salvaguardas constitucionales sobran. No puede haber más regla que los deseos de la mayoría. 

Con todo, lo más preocupante es que quienes se postulan como alternativa a estas almas bellas parecen darles la razón al asumir como propios dogmas que atentan contra los derechos individuales que el constitucionalismo salvaguarda. Supongo que todo vale con tal de no parecer de derechas. Ta vez por eso nos gobierna quien nos gobierna. Y tal vez por eso las encuestas de intención de voto no terminan de darse la vuelta.