Desenmascarando la verdad

En febrero de 2022, el Gobierno volvió a recurrir de forma tramposa al Real Decreto para imponer a los españoles una excepción ibérica que nada tenía que ver con la energía: el uso de las mascarillas para mayores de seis años en distintas situaciones y lugares, incluidos los medios de transporte de viajeros. Mientras en la mayoría de los países europeos se avanzaba en la retirada de los tapabocas, el Ejecutivo los convertía en obligatorios. 

La oposición reclamó a Sánchez los informes científicos en los que se sustentaba esta decisión, a lo que el presidente respondió forzando torticeramente su aprobación por las Cámaras sin tener que acreditar el aval de los expertos: en el decreto para la convalidación de la imposición de la mascarilla incluyó cuestiones como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios. Una muestra más de cómo el sanchismo ha degradado y desnaturalizado el procedimiento de producción legislativa, hasta el punto de instrumentalizarlo para el chantaje político. De que conciben el poder como una habilitación para colocar su voluntad por encima de formalidades, motivaciones y contrapesos.

No le pusieron fecha de caducidad a la medida, cuyas exigencias se han ido rebajando en algunos ámbitos, mientras que en otros, como el transporte público, se ha prorrogado injustificadamente hasta la fecha. Nunca han mostrado los informes porque no los había, jamás los ha habido. El comité de expertos sanitarios no era más que un puñado de asesores electorales afincados en Moncloa.

Efectivamente, era un secreto a voces que el Gobierno se reservaba el anuncio de la retirada de las mascarillas como una baza para las elecciones en mayo de 2023, un gesto de magnanimidad hacia un pueblo que no cuestionó que le privase de algo que le pertenece. Nos quitaban libertad para devolvérnosla en periodo electoral. Pero ha sido otra vez la justicia la que ha desbaratado los planes de Pedro Sánchez.

Tal y como publica este periódico, el anuncio sorpresivo de la desaparición de las mascarillas el próximo 7 de febrero lo ha provocado un requerimiento de la Audiencia Nacional para aportar el expediente administrativo tras un recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación Liberum contra el uso obligatorio del cubrebocas, por entender que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la covid-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre. Resulta que el plazo del ministerio para aportar la documentación elaborada por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud vence el día 8 de febrero. Justo un día después del anunciado por el Gobierno para la retirada de la mascarilla. Bendita casualidad ¿verdad?

«El comité de expertos sanitarios no era más que un puñado de asesores electorales afincados en Moncloa»

No me cabe duda alguna de que los mismos palmeros que aplauden la creación de un Comité de detección de los bulos de la derecha, afirmarán que esto es fruto del azar y que correlación no implica causalidad. Son inasequibles al desaliento y a la realidad, porque cierto es que mentirnos en nuestra cara les sale barato, cuando no gratis.

Pero no hay relato capaz de ocultar que el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte constituye una evidencia más de cómo este gobierno se ha excusado en la sanidad para obrar con arbitrariedad. La pandemia fue la ventana de oportunidad que les permitió testar la docilidad de la sociedad en situaciones de excepcionalidad: no hay injusticia que no podamos tragar si la presentan en forma de papilla avalada por «expertos».

La alarma sanitaria habilitó a nuestro gobierno para usar las restricciones como el amo del perro tensa la correa para demostrarle al animal quien manda. Las mascarillas son un símbolo del rebaño que fuimos y que somos. Nadie va a asumir responsabilidades por esta nueva arbitrariedad, no esperen que nadie dimita. Yo me conformaría con que ciudadanos y medios aceptasen su parte de culpa por arrojarse confiados a los brazos de un pastor para que los protegiese de los lobos que los acechaban, cuando todos los indicios apuntaban a que su único depredador natural era el pastor.

La lección pandémica más importante es que nuestro Estado de Derecho es frágil. Basta la invocación a un miedo atávico, a una alarma perentoria, para obtener una obediencia social acrítica, para que los ciudadanos renuncien voluntariamente a cada vez mayores espacios de libertad. En algún momento aceptamos resiliencia como sinónimo de servilismo y comenzamos a comportarnos como súbditos incapaces de cuestionar la decisión de sus amos.