Los potitos y los ilustres «privados»

«It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest» (Adam Smith, The Wealth of Nations).

Viene esta conocida sentencia smithiana a cuento de la semanita, vaya semanita, en la que una ministra de un Gobierno ha dedicado buena parte de su tiempo a señalar la falta de calidad moral de un empresario «especulador y capitalista despiadado». Y «valenciano», como de manera tan acorde con su ramplón nacionalismo le ha recordado el presidente de la Generalidad valenciana (las presuntas vergüenzas por lo menos que no sean «valencianas»). Un particular y una empresa de los que no se tiene noticia de que hayan cometido ilícito alguno y cuya actividad no consta que esté siendo sometida a escrutinio por vulnerar las normas del derecho de competencia o por evadir sus obligaciones fiscales o de la Seguridad Social. En 2019 Mercadona, cuyo impacto económico supone el 2% del PIB en España, facturó más de 25.000 millones de euros y generó casi 90.000 puestos de trabajo. La tributación recaudada y soportada ascendió a más de 1.500 millones de euros. La métrica que le permite a la ministra concluir que esa cadena de supermercados «se forra» es una operación aritmética consistente en restar cuál era el precio de un potito antes de la guerra del importe por el que ahora se compra. Se desconoce si la sustracción la ha hecho con o sin perspectiva de género.

Así que tenemos a cientos de auditores de cuentas, profesionales del Derecho que estudian las dinámicas del mercado en sectores particulares de la economía, economistas y técnicos de toda laya en organismos de la Administración del Estado como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tocando el violón tratando de averiguar si se producen prácticas colusorias o monopolísticas, cuando resulta que les bastaría pasarse por el Mercadona, y, a la vista del potito exclamar: «¡menudo robo!». Y añadir, a lo Chávez: «¡Rebájese!».

Llueve sobre mojado: allá por el mes de octubre de 2019 la entonces portavoz de Unidas Podemos divulgó el nombre y apellidos de una propietaria de Barcelona que subía la renta en el nuevo contrato de alquiler que proponía a sus inquilinos. A Irene Montero le parecía que esta señora ejercía un poder abusivo – era «despiadada»- y llamaba a que no se produjera el desahucio.

Es este un juego peligroso e indecente que por supuesto se revuelve contra quien lo practica: si estamos dispuestos a universalizar nuestras actitudes o comportamientos, nada tendremos que decir el día en el que una ministra de otro signo califique como «despiadada» a una mujer con nombres y apellidos que, pongamos, ha interrumpido voluntaria y legalmente su embarazo. Claro que está por ver el día en el que ese tipo de racionalidad moral acompañe a los modos de proceder de Montero o Belarra. El suyo es más bien el ad-hoc-ismo: lo ancho para mí y lo estrecho para el resto.

De manera casi simultánea, en el lamentable episodio complutense, el actor Antonio de la Torre, uno de los ilustres exalumnos premiados en la Facultad de Ciencias de la Información, se enorgullecía de haber estudiado con beca, y en la «pública», insistiendo en que la gente que hace patria son los trabajadores públicos, los docentes y los sanitarios.

«Los de ‘la privada’, por lo visto, ni hacen patria, ni se dejan la piel, ni hacen un trabajo ‘extraordinario'»

También llueve sobre mojado. O más bien no para de llover. Recuerden el tiempo en el que se salía a aplaudir a los balcones a los sanitarios «de la pública», o cómo los políticos como Alberto Garzón, Irene Montero o Pablo Iglesias acostumbran a recalcar la condición de ser «de la pública» de los sanitarios que asistieron al parto de sus hijos. Los de «la privada», por lo visto, ni hacen patria, ni se dejan la piel, ni hacen un trabajo «extraordinario», ni se jugaron la vida ni procuraron la curación de sus pacientes. Son seguramente despiadados a su manera y medida a pesar de que, Muface mediante, allí acuden a miles los funcionarios, los de «lo público» para tratarse, evitando así las listas de espera o la habitación compartida. También Carmen Calvo que fue atendida de su grave infección por covid en el Hospital Ruber de Madrid. ¿Acaso no ha sido extraordinario el trabajo de los profesores del colegio privado Liceo de Villa Fontana donde estudió la ilustre alumna Elisa Lozano, la más brillante de su promoción?

Casi el 20% de los estudiantes universitarios españoles cursan sus grados en un centro privado («chiringuitos», que dicen algunos) cuya creación, funcionamiento y expedición de títulos – Medicina, carrera sensible donde las haya, entre otros- está fuertemente reglada. ¿Acaso no hacen patria cuando permiten absorber la demanda de miles de familias y estudiantes justificadamente frustrados por los resultados de una selectividad que ya nada selecciona? ¿Acaso no aportan profesionales formados? ¿Y sus profesores? Pues habrá de todo como en botica. Como en «la pública», en la que por cierto podría nombrar a no pocos ilustres vagos e incompetentes que lo son, han sido y serán de por vida, estabilidad funcionarial mediante; y por decenas los grados y materias que se ofertan, centros, observatorios, unidades e institutos que se crean y que no tienen más función que la de capturar rentas o satisfacer los intereses puramente gremiales de los supuestos «patriotas» y sus huestes.

Pues bien, yo que soy funcionario y no compro en Mercadona (esta columna no la paga ni la patrocina Juan Roig sino la empresa The Objective Media) en verdad les digo: no es por la benevolencia del bombero, el docente, el policía o el sanitario que se apagan los fuegos, se enseña, se detiene a los malos, se cura a los enfermos (o para el caso se le da una beca a Antonio de la Torre), sino porque reciben un salario que sólo es posible gracias a los impuestos que recaen sobre la actividad productiva de ilustres privados no por ello menos «patriotas».

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Pablo de Lora