Una mirada retrospectiva a la ley de violencia de género

El 8 de octubre de 2004 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La fecha de entrada en vigor, coincidente con el día de los Santos Inocentes, se reveló como una profecía autocumplida, de cuyos riesgos ya avisó el propio Consejo General del Poder Judicial en las conclusiones de un contundente informe anterior de fecha 24 de junio de aquel mismo año.  

Una ley que, a menudo, es glosada como supuesto ejemplo internacional por el partido que la introdujo, el PSOE, pero lo cierto es que en toda Europa no existe ninguna ley discriminante análoga, e incluso como en el caso de Francia, fue vetada la propuesta por considerar la Asamblea Nacional que vulneraba derechos civiles  fundamentales. La citada ley de género constituye un Derecho penal de autor, es decir, que solo es aplicable a una parte de la ciudadanía, por determinismo genético, a seres humanos con dotación cromosómica XY en el par número 23, es decir a varones.  Asimismo, esa ley creó tribunales de excepción, para juzgar solo a hombres  heterosexuales, cuyos antecedentes se remontan a la Alemania bajo el régimen nacionalsocialista y en España a la Ley de vagos y maleantes de 1933 bajo la Segunda República, y que fue modificada por el régimen del general Franco en 1954 para incluir  y reprimir a ciudadanos de orientación homosexual. 

Esta ley discriminante de la ciudadanía toma la infinitesimal parte por el todo y omite gravemente reglas básicas de estadística como la significatividad y la sobradamente conocida mayor variabilidad del comportamiento masculino frente al femenino, que se muestra en la mayor longitud de los extremos residuales o colas de la distribución normal de probabilidad o campana de Gauss poblacional para el caso de los primeros. Es decir, muestra que existen más casos minoritarios de hombres encarcelados y homicidas, pero también existen más premios Nobel o tal vez de bomberos y rescatadores de montaña que ponen cada día su vida en riesgo por salvar a otros seres humanos.  

Sin embargo, la historia siempre suele acabar repitiéndose y buscando cabezas de turco donde dirigir y concentrar la pulsión social de la inseguridad y el odio que genera la angustia existencial de la propia vida. En palabras de Walter Benjamin, suicidado en Portbou en 1940 mientras huía de la persecución nazi, todo documento de la cultura lo es a su vez de la barbarie. Es el caso: el balance social de los 18 años desde la aprobación de esta ley anticonstitucional de facto no puede ser más iatrogénico e ineficiente.  

De una parte, la desgraciada cifra de asesinatos de mujeres no ha variado un ápice en absoluto, fluctuando ligeramente en torno a una media de 58 anuales (datos INE, periodo 1999-2021). De la cifra de hombres asesinados a manos de sus parejas mujeres no se ofrecen oficialmente datos; hay que buscarlos desperdigados  en ardua labor en la diáspora de la prensa local. Las series temporales históricas desde 2004, pese a todos los recursos legales y miles de millones económicos invertidos, presentan una tasa sin la mínima variación estadística significativa. Todo un despilfarro de fondos públicos directos o transversales desde distintos ministerios.

Por muy lamentable que sea la cifra de un solo asesinato de mujer (o de varón), esta representa en España una significatividad estadística de un 0,0002% sobre el total de la  población de sexo femenino. Este valor relativo es casualmente coincidente con la probabilidad de recibir una descarga fatal por caída de un rayo (datos según Centers for Desease Control and Prevention-CDC). De hecho, es una tasa de homicidios muy inferior a la tasa de otros países del entorno europeo y que la propia tasa de  asesinatos de hombres, ya sea a manos de sus parejas mujeres o de otros hombres. En España, la tasa total de homicidios por sexos viene siendo de una media anual de 1,3 hombres, mientras que la de mujeres viene siendo de 0,2, ambos por 100.000 habitantes, es decir, la de hombres es 5 veces mayor que la de mujeres (datos INE, periodo  2010-2018).  

La mayoría de las mujeres asesinadas no habían hecho uso de esa ley especial, al no presentar denuncias previas, mientras que a raíz de las campañas de concienciación ciudadana se han visto multiplicadas exponencialmente las denuncias de maltrato,  especialmente ante coyunturas de separación conyugal con hijos, con unos  resultados en los juzgados muy elocuentes: a lo largo de estos 18 años, de la cifra aproximada de 160.000 denuncias anuales, vienen existiendo una media del 80% de absoluciones, sobreseimientos y desistimientos, ello sin entrar en la cifra de condenas por delito de lo que antes de esa ley eran meras faltas en el ámbito penal.  

Como es lógico en el país de la picaresca y del Lazarillo de Tormes, muchas mujeres se lanzaron a denunciar maltrato, cuando en esas campañas no se diferenciaba entre una situación de conflicto menor (por ejemplo un divorcio) y una  situación de verdadero y grave maltrato. Sin embargo, durante todo este tiempo han existido grandes beneficiarios ilegítimos (por ser comedidos en el adjetivo) de la disfuncionalidad social y de la instrumentalización que ha traído la ley; lo que ya advirtió el CGPJ en junio de 2004.

Gracias al sufrimiento atroz de muchas personas y  familias, han podido nutrir su tesorería, entre otros, toda una serie de asociaciones  de mujeres, de mujeres juristas, de centros de acogida y las propias mujeres denunciantes. De estas últimas, a tenor de las propias cifras del CGPJ, se puede deducir  que una inmensa mayoría no tendrían que haber recibido esa financiación del maltrato y las que sí debieran haberlo recibido con causa justificada han recibido las migajas  sobrantes después de nutrir a toda esa serie de agentes intermediarios beneficiarios de la que ya se denomina la industria del maltrato.  

Dentro de ese grupo de financiados por la ley de género también se encuentran  abogados de oficio que recibiendo unas minutas paupérrimas por asistir a las  denunciantes que, sean verdaderas víctimas, pseudo-víctimas, victimarias o finalmente ninguna de las tres categorías de denunciantes que el ámbito jurídico muestra, tienen derecho a justicia gratuita por el hecho de ser mujeres. Otros grupos notables de agentes  o entidades financiadas, aunque aún más suculentamente, son las Corporaciones Locales. Desde el 2005 la gran mayoría de los ayuntamientos españoles ha recibido subvenciones cuyo módulo cuantitativo es fijado en función del número de  denuncias interpuestas en su localidad y promovidas desde su concejalía de igualdad (véase por ejemplo la Disposición Final Tercera del RDL 9/2018). En  apariencia, todos contentos; todos excepto las víctimas de los efectos colaterales de la aparición de esa ley.  

Las consecuencias de esta ley en la sociedad española, como decíamos, han sido atroces. En los últimos 18 años, se han destruido cientos de miles de familias, se ha dañado, en algunos casos de manera irreversible, a una infinidad de niños que se encontraban de repente en medio del conflicto que suelen aparejar en muchos casos las  separaciones conyugales. Existen no pocos casos de niños con padecimiento de  problemas psicológicos e incluso psiquiátricos, derivados de desvinculaciones paternas indebidas y brutales basadas en falsos testimonios e interferencias parentales no debidamente atendidas por la Administración de Justicia.  

Se ha inducido al suicidio a hombres (muchos de ellos, padres) debido a la  indefensión a la que se les ha sometido a muchos, a falsas acusaciones, a penas desproporcionadas y a ser apartados de sus propios hijos. La literatura médica  psiquiátrica considera las causas de ruptura familiar unos de los factores más estresantes del varón, que deterioran su salud mental con una incidencia mucho mayor a la de la  mujer y con una incidencia del suicidio de tres de cada cuatro casos.  

Se ha fomentado directa e indirectamente el odio y miedo en muchas  mujeres hacia los hombres, apelando a esa construcción vejatoria posmoderna y  paladín del odio sexista que expresa el término indigno, andrófobo y deshumanizante de la masculinidad tóxica. Se ha conseguido que la sociedad en general sufra un fenómeno de disonancia cognitiva, generando una creencia social, no funcional, resistente por inercia y uso masivo a todo dato objetivo que la contradiga: en este  caso, el relato mata el dato, empecinándose tal narrativa de género en que la sociedad  vea que el rey no está desnudo y que no se vea al elefante en la habitación. Este  fenómeno ha afectado, por ejemplo, a servidores públicos como la policía, hasta el  punto de disuadir a hombres maltratados para que no denuncien y, si finalmente lo  hacen, poder acabar en la paradoja de ser detenidos: no es infrecuente la inversión de  los términos y roles de víctima-victimario.  

Ha afectado también a los servicios sociales. No es infrecuente la existencia de  las asimetrías en la percepción y el tratamiento del maltrato familiar. A los padres  varones se le condena y estigmatiza incluso por errores accidentales o nimiedades  mientras que a las madres se les reviste de una conmiseración y disculpa en casos  graves. El mismo despropósito en los llamados puntos de encuentro. Lejos de contribuir  a su obligación legal y moral de procurar atenuar la tensión familiar, existen muchos  casos donde, incluso, el conflicto es avivado hasta la aparición o agravación de la violencia familiar.  

Y afecta a la Administración de Justicia. En los procesos judiciales contenciosos  de familia se cometen verdaderos fraudes por estafas procesales por parte de  operadores jurídicos: el uso indiscriminado e instrumental sin apenas  respuesta penal de denuncia falsa de maltrato hacia esposa o hijos (la temible bala de  plata), la denuncia de abuso sexual hacia los hijos por parte del padre, cuando la  denuncia anterior de maltrato no prospera (la bala de platino). Mientras tanto, los niños  siguen al cuidado de su madre, auspiciadora del sufrimiento por maltrato psicológico y emocional de ser privados injustamente de su padre, este habitualmente con deterioro de  su salud mental y los problemas laborales y económicos que suelen estar vinculados.  

Esta es una grave forma de maltrato, socialmente no reconocida, hacia el padre y  los hijos: el tabú social de la maternidad. Y esa falta de reproche penal en la práctica,  ante esas acciones ilegitimas producen además el colapso de la justicia en asuntos de  familia. La retroalimentación de casos irresolubles de demandas y contra demandas,  denuncias y contra denuncias, de las que solo sacan beneficio los abogados pleitistas  que se garantizan un cliente por varios lustros hasta que el niño se hace mayor de  edad.  

Las consecuencias en algunos casos han sido catastróficas y siguen algunas  líneas del crimen encubierto que probablemente se pudiera haber evitado: el hombre que se suicida. Casos como el de M.H., que en su desesperación al ser  privado de ver a su hija se quemó a lo bonzo delante de un juzgado de violencia contra  la mujer, ocurrido en Jaén en junio de 2018. O el espantoso caso del anciano belga Jean  Lucien, de 74 años, cuidador de su mujer Godelieve con un trastorno psiquiátrico  anterior por depresión severa, que fue encarcelado como presunto homicida de ella. 

Lucien se quitó la vida al sumar al dolor de la muerte de su esposa, el no poder  soportar la falaz acusación. Después se comprobó que Godelieve se había suicidado,  como el forense ya había apuntado previamente a la autopsia. La detención de ciudadanos varones, en los procedimientos policiales y judiciales del por si acaso, sin garantías civiles fundamentales, con vulneración de derechos humanos, con trato como un terrorista y con daños morales y psíquicos a los ciudadanos detenidos, como  en los regímenes totalitarios.  

Estos casos de violencia institucional solo suelen aparecer en la prensa local o  ni siquiera: el hombre mata a la madre o los hijos y después se suicida (o no), la mujer  que mata al padre o los hijos y se suicida (o no). Desde el ámbito asociativo hemos  observado un incremento de la violencia por parte de la mujer hacia el hombre y los  niños. Y creemos que esto viene dado por las campañas promovidas por la  radicalización actual del feminismo y subvencionadas por los sucesivos gobiernos, de  odio histórico e irracional hacia el varón.  

Y, una de las diversas consecuencias es que muchos hombres vienen dejando  de proteger a las mujeres en los momentos de peligro real por miedo a terminar  siendo acusados por la mujer a la que deberían ayudar. Ellas sienten, por un lado, empoderamiento con respecto de ellos, pero por otro, miedo y odio, lo que les ha  llevado a muchas a una situación de insatisfacción e infelicidad permanente, como  cualquier ser humano que construye y hace girar su vida entorno a esos referentes  existenciales de hostilidad.  

Ellos no entienden qué han podido hacer a las mujeres para que les traten como  si fueran seres desechables. Ellas no entienden por qué no son felices si el feminismo  basado en el desprecio hacia el varón les había prometido que el empoderamiento era el  camino a un futuro de libertad y felicidad. La industria del maltrato, como la  industria del armamento, necesitan del conflicto, y de uno de las peores clases, el  conflicto cainita, en el cual este país, guerracivilista por antonomasia, de bandos y  bandas ancestrales, sigue avivando los ecos de tiempos pretéritos que vuelven al presente como un búmeran, traídos de aquellos que viven a costa del conflicto civil y  de los enfrentamientos entre grupos sociales.  

Mientras el feminismo radical intolerante siga infiltrándose en las instituciones, e instilando resentimiento social, hostilidad y el discurso de perspectivas y  discriminaciones positivas (valga el oxímoron) e imponiendo la narrativa de género que  considera a la mujer como un ser inferior y desvalido que debe ser sobreprotegido por la  tutela y el control del Estado, existirá sufrimiento en un gran porcentaje de miles de  parejas que se separan cada año y en hijos criados en esa violencia familiar  retroalimentada desde el ámbito político. Frente al feminismo actual hegemónico del  Tánatos, que recoge la pulsión de destrucción, existe un feminismo sinérgico, que  busca la cooperación entre sexos, el ofrecer lo mejor de uno mismo.

Es el feminismo  generoso, maternal, acogedor, tolerante, del amor indiscriminado, del abrir los brazos y  tender la mano abierta y no el hostil puño cerrado en lo alto, el feminismo del Eros. Conviene no engañarse y elegir, tanto social como individuamente entre la disyuntiva  de alimentar espiritualmente al ser humano o al lobo que se lleva dentro. Por el  momento los recursos e inercias políticas de esta sociedad vienen alimentando al lobo.