Recuerdos de un golpe de Estado

Ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero antes de Navidad hubo en España un golpe de Estado. El primero en anunciarlo fue Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Según Asens, el Tribunal Constitucional consumó el golpe el 19 de diciembre, cuando suspendió una tramitación parlamentaria tras admitir el recurso de amparo presentado por algunos diputados del PP.

Es justo apuntar que el recurso no se presentó por capricho, sino porque estos diputados sintieron vulnerados sus derechos parlamentarios ante una proposición de ley impulsada por el PSOE y Podemos que incluía, como injertos, enmiendas para reformar la LOTC y la LOPJ. Detalles aparte, la decisión del Constitucional fue interpretada como un golpe de Estado por los más histriónicos, y como una intromisión intolerable en el quehacer de las Cortes por los menos, entre quienes estaban los presidentes del Congreso y del Senado, el ministro de la Presidencia o el propio presidente del Gobierno. Finalmente, todos acataron la decisión del Tribunal, pero todos contribuyeron a erosionar su prestigio y credibilidad.

«El Ejecutivo se autorretrata como víctima de los demás poderes cuando la realidad es la opuesta»

No han transcurrido ni dos meses y nadie se pregunta qué fue de aquel «golpe de Estado». Más bien se estarán preguntando por qué vuelvo sobre un suceso tan lejano, que la actualidad obviamente ha sepultado. Pues bien, he recordado este episodio a raíz de la revisión de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo provocada por la reforma del Código Penal que impulsó el Gobierno. La lectura conjunta de ambos episodios desvela la falsedad de uno de los principales ejes discursivos del Ejecutivo: se autorretrata como víctima de los demás poderes cuando la realidad es la opuesta; es el Gobierno quien desde su génesis trata de someter tanto al Poder Judicial como al Legislativo, y también al Tribunal Constitucional.

El Gobierno que canta «golpe de Estado» o «intromisión inaceptable» cuando los contrapoderes cumplen su función, resulta ser el Ejecutivo que más ha despreciado el parlamentarismo, tanto en lo referido al proceso de aprobación de leyes, como al propio arte de parlamentar: este Gobierno ha normalizado no dejarse controlar por el Parlamento. Asimismo, el Ejecutivo que se ha cansado de denunciar las oscuras injerencias del Poder Judicial en la vida pública ha tratado por todas las vías de neutralizar toda resolución judicial que interfiriera con sus intereses. Primero fueron los indultos, después las reformas ad hoc del Código Penal. No debemos cansarnos de repetir que todo proyecto de desjudicialización de la política implica una politización de la justicia. El único consuelo es la falta de pericia de un Gobierno que, pese a sus esfuerzos, no ha logrado rehabilitar a sus socios de investidura.