Alguien voló sobre el nido del 'cupo'

Fueron las diputadas Inés Arrimadas e Inés María Cañizares. El pasado jueves 23 de febrero.  

Imaginen que alguien razonara del siguiente modo: 

1) Puesto que la Constitución española establece en su disposición adicional primera que: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Entonces

2) En los próximos cinco años el País Vasco financiará los servicios que corresponden a sus competencias adquiridas mediante impuestos que regula y recauda de manera autónoma (básicamente el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, el de patrimonio, sucesiones y donaciones) y abonará al Estado la cantidad de 1.467.737,15 euros en concepto de competencias no transferidas de las que también se benefician los ciudadanos del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco como el resto de españoles. 

Usted, como yo, como cualquiera, sentirá el mareo propio de atisbar ese hiato de justificación que media entre 1) y 2); el abismo que va de la premisa a la conclusión, necesitado de tantos pasos intermedios que eviten un salto al vacío de la irracionalidad. Y tendría usted, como yo, como cualquiera, varias preguntas; seguramente muchas. Para empezar por lo más obvio: aceptando que la Constitución dice lo que dice en su Disposición Adicional primera, le parecerá que proclamar «el amparo y respeto de los derechos históricos» permite infinitas concreciones de la financiación «propia» y de cómo encajar esa autonomía financiera con el sostenimiento de los gastos del común, los del Estado. Esa concreción se hizo, efectivamente, en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículos 40 y ss.) mediante el mecanismo del Concierto Económico (el vigente data de 2002) y el célebre «cupo». Un cupo que determina una «comisión mixta» a partir de una «metodología». El pasado jueves el Parlamento tuvo que aprobar el proyecto de ley que la fijaba para el quinquenio 2022-2026 toda vez que recientemente se han introducido algunos impuestos nuevos (por cierto, y aprovechando: en un cálido homenaje al dumping fiscal madrileño y andaluz, se ha acordado que el nuevo «Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas» pueda no ser de aplicación en el País Vasco).  

¿Son los criterios para la determinación de dicho cupo, en particular, el cómputo de lo que constituyen «cargas generales del Estado» aceptables, justos? ¿Son transparentes, para empezar? 

«A Ciudadanos le cuesta 165.031 votos cada escaño mientras que al PNV le supone 63.167»

Pues hay muy buenas razones para dudarlo y eso es lo que sólo las diputadas Arrimadas y Cañizares se animaron a plantear el pasado jueves en el Parlamento. Y es que reparen en lo que escribía un reputado economista, uno de los mayores expertos en Hacienda Pública en España, Ángel de la Fuente, allá por 2017 cuando se concluía la negociación del anterior cupo: «… resulta muy difícil evitar la conclusión de que el importe del cupo es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las cargas no asumidas de la forma que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada. Algo similar sucede con el ajuste a consumo del IVA, que en la práctica poco o nada tiene que ver con la distribución real del consumo y la producción entre el País Vasco y el resto de España» (Notas sobre el proyecto de nueva ley del cupo, Fedea Policy Papers 2017/14). Un pacto político, no se olvide, que se celebra con el trasfondo de un régimen electoral que permitió al PNV en las elecciones de 2019 obtener seis escaños con 379.002 votos mientras que con 1.650.318 votos el partido Ciudadanos obtuvo 10. A Ciudadanos le cuesta 165.031 votos cada escaño mientras que al PNV le supone 63.167. 

De acuerdo con De la Fuente y otros muchos expertos hacendistas, en el cálculo del cupo hay una infravaloración de esas competencias no transferidas, siendo la nivelación interterritorial una de las más importantes. Además, algunos coeficientes de corrección están desfasados. Hay quien sostiene plausiblemente que el propio «índice de imputación», el factor con el que se calcula el monto de gastos no asumidos a partir del peso del PIB del País Vasco en relación al total del Estado, está desfasado. Se ha mantenido en el 6,24% desde ¡1981!

Pero más allá de estas technicalities, lo que resultó extraordinariamente revelador de la sesión del jueves fueron los argumentos esgrimidos en defensa del cupo y sobre todo la encarnadura ideológica que blasonan sus partidarios y con la que señorean sobre la discusión pública. Algunos de esos argumentos no pasaron de ser proclamas de asamblea de instituto, facilonas apelaciones a la «diversidad» y a que somos un «país de países», una «nación de naciones», y pronto, quién sabe, una «España de Españas». Las falacias de atinencia se prodigaron por doquier: a la denuncia de ser injusto el cálculo del cupo o poco transparente no se responde recordando los orígenes de la hacienda foral, o que no se puede respetar o cumplir la Constitución «a ratitos», de la misma manera que resulta impertinente apuntar lo bien que se conserva Brad Pitt cuando uno es interpelado por la invasión de Ucrania. Las razones esgrimidas por las diputadas Arrimadas y Cañizares – un discurso que hubiera firmado más de un socialista clásico- no importaron lo más mínimo, tan sólo quiénes son, o han sido, y lo que presuntamente representan desde el punto de vista político. La ministra Montero afeó a Cañizares en su réplica que en la enmienda a la totalidad que había presentado Vox se refiriera a las «provincias vascas», una falta de respeto, decía, a las instituciones y al orden constitucional que desvelaba que Vox es un partido «anticonstitucional». Es la misma ministra que el día anterior había quitado hierro a la retirada de la bandera de España en la sala de prensa del Congreso por parte de la diputada de Junts Míriam Nogueras. 

«La pensión de jubilación media por Comunidades Autónomas más alta corresponde al País Vasco»

Pero también hubo defensas recias del cupo. Atiendan a la siguiente: «Cuando la recaudación va bien contamos con fondos, sí, y ¿qué sucede cuándo va mal? Nadie nos rescata, nadie nos financia, nadie nos mantiene a flote como ocurre en otras comunidades. Nosotros no recurrimos al papá Estado para que nos rescate como hacen ustedes…». ¿Adivinan quién pudo enarbolar semejante tesis bien propia de esos libertarios que recelan del papel redistribuidor del Estado y reivindican como «propiedades naturales» los recursos de los que logran disponer y tienden a pensar que el infortunio ajeno es seguramente merecido por flojera o indolencia, si es que no por pertenencia a una raza, etnia o linaje inferior? Ay… ese «ustedes» que roza semánticamente «los pobres»… Las palabras fueron proferidas por la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, otrora apologeta de asesinos y hoy convertida en insólita componente de una «mayoría de progreso» encabezada por el otrora socialdemócrata PSOE.  

¿Nada tienen que decir los supuestos campeones de la justicia social y fiscal ante algunos hechos o datos sobre las disparidades en recursos y bienestar entre los territorios, y sobre todo, entre los ciudadanos españoles? El PIB per cápita del País Vasco es el segundo de España de acuerdo con los datos de 2021. Con casi 33.000 euros supera en 15.000 euros al de Andalucía. En el tercer puesto se sitúa la Comunidad Foral de Navarra. Los datos oficiales de la Seguridad Social que desglosan el importe de la pensión de jubilación media por Comunidades Autónomas muestran que la más alta corresponde al País Vasco (1.676 euros al mes). 500 euros más que en Galicia o Extremadura. ¿Podría el cálculo del cupo estar contribuyendo a esta desigualdad? Conviene recordar que en aplicación de la reciente «metodología» ha quedado fuera como gasto no asumido el trasvase de fondos que el Estado ha tenido que hacer a las cuentas de la Seguridad Social dado el colosal agujero que se ha producido en el último año (y lo que te rondaré morena). 

En definitiva: ¿importa la igualdad de los españoles? ¿Qué papel debe jugar el Estado al respecto? ¿Acaso no es el Parlamento el lugar en el que debatirlo?

Y más definitivo: esta legislatura ha dado muestras sobradas de que al PSOE, raudo a concertar lo que sea menester con quienes anhelan acabar con toda forma de redistribución entre los que hoy son sus conciudadanos, poco parece importarle nada de lo anterior, pero lo que conviene ahora preguntarse es si realmente le importa al PP.