España alrededor de 2023

No sabemos todavía cómo será la España aquella de 2050 que bosquejaba la Oficina de Prospectiva de Moncloa, pero la de 2023 no presenta un aspecto demasiado bueno. Si no acabamos de preocuparnos demasiado, quizá se debe a que la actualidad va muy rápido: las noticias se acumulan a velocidad de vértigo y resulta difícil fijar una imagen de conjunto. Pero es que la imagen de conjunto resulta de la concatenación de noticias, cifras, novedades legislativas, discursos, escándalos o declaraciones que la actualidad nos va dejando. Y el resultado no es estimulante.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y ninguno de los portavoces del Gobierno, no digamos ya ese prototipo de macho alfa que es el presidente, ha tenido tiempo ni ocasión para decir algo en defensa de una joven mujer gaditana que por añadidura es sanitaria —¿no habíamos quedado en que la patria son los hospitales?— y que, tras airear en las redes sociales sus legítimas críticas contra el uso de la lengua como requisito para el acceso a la profesión pública en Cataluña, ha sido señalada por el poder autonómico e insultada profusamente por sus innumerables voceros. ¡Pacífica convivencia! Ojalá pudiéramos escandalizarnos todavía ante la inacción del Gobierno en este frente; más bien daríamos el respingo si de pronto hiciera lo contrario.

Se ve que Pedro Sánchez y sus ministros estaban ocupados haciendo su propio señalamiento, a saber, el que ha tenido por blanco al empresario Rafael del Pino después de que éste anunciase la marcha de Ferrovial a Holanda en busca de un entorno más favorable para el crecimiento de su compañía. Ha sido un triste espectáculo ver a un Gabinete que se dice europeísta jugar al nacionalismo económico, sin hacer la menor reflexión acerca de lo que este traslado dice sobre nuestro país. De paso, ha reprochado a Ferrovial que ponga en cuestión la misma seguridad jurídica que él mismo se empeña en socavar con una política fiscal al servicio de la fábula peronista que distingue entre el «gobierno de la gente» y los pérfidos ricachones.

«Hay casi medio millón de desempleados que no salen en las estadísticas oficiales»

Mientras tanto, la ministra de Hacienda se vanagloria de que los pensionistas pueden pagar las zapatillas de los nietos o invitar a sus hijos a cenar gracias a la revalorización de sus pagas mensuales en línea con una inflación del 8,5%. Se trata de una insólita manera de concebir la redistribución, que escamotea mediante el debate acerca de si estamos ante el mejor destino para el dinero público en un marco de deterioro acelerado de los servicios públicos. Esta misma semana hemos leído que la inversión extranjera está por debajo de lo que el Gobierno presume; que en los últimos años se ha creado tres veces más empleo público que privado; que hay casi medio millón de desempleados que no salen en las estadísticas oficiales. Ya sabíamos que el PIB per cápita no progresa desde 2005: si el declive relativo de nuestro país es para el oficialismo apenas un «relato», hay que convenir que no le faltan datos que avalen su verosimilitud. Y no hablo de las desigualdades regionales a golpe de privilegio histórico, del clientelismo regional —corrupto o no— ni de la creciente deuda pública.

Ante semejante panorama, uno podría considerar desconcertante que este Gobierno haya desistido de adoptar medidas orientadas a aumentar la competencia o impulsar el crecimiento económico, más allá de algunas iniciativas cosméticas o de depositar sus esperanzas en esos fondos europeos cuya gestión está poniendo de relieve —entre otras cosas— las limitaciones de nuestra administración pública. Pero Sánchez y los suyos están pensando desde el primer día en su reelección y no tienen tiempo que perder en reformas impopulares ni ajustes fiscales: deduce correctamente que hay una mayoría de ciudadanos que prefiere seguir viviendo en un mediocre país meridional en vez de aproximarse —o al menos intentarlo— a los estándares de las economías avanzadas del continente. ¡Qué pereza!

Hay que disculpar que los jóvenes no nos crean cuando les contamos que durante los años de la crisis Mariano Rajoy llegó a proponer la racionalización de los días festivos del calendario laboral; nada más y nada menos. ¿Se imaginan? Obviamente, ni se hizo ni ha vuelto nadie a proponerlo; no está el horno para bollos. Y es que no existe, ni quizá existió realmente nunca, un mandato electoral reformista en España: los ciudadanos solo quieren mejoras rápidas por medio de soluciones mágicas. Ahí es donde entra en juego la responsabilidad de nuestras élites políticas, que saben o tienen la obligación de saber —con la ministra Belarra tengo alguna duda— cuán necesario es recuperar el ímpetu modernizador de antaño si no queremos que el siglo XXI nos pase por encima. A ver si alguien se anima a coger el toro por los cuernos; aunque algo me dice que podemos esperar sentados hasta 2050. Ojalá me equivoque.