Hay que derogar la 'ley mordaza' (y nadie quiere hacerlo)
«Sánchez no solo no ha derogado en ocho años una ley a la que se opuso frontalmente cuando estaba en la oposición, sino que la ha usado más que nunca»
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«La ley Mordaza durará lo mismo que el Ejecutivo de Rajoy. En cuanto lleguemos al Gobierno será derogada», tuiteó Pedro Sánchez el 30 de junio de 2015. Desde entonces, el presidente ha prometido en varias ocasiones que derogaría la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que aprobó Rajoy en 2015. Pero han pasado casi ocho años y la ley ahí sigue. Y los últimos intentos de reforma parece que quedarán en nada.
El presidente no solo no ha derogado en ocho años una ley a la que se opuso frontalmente cuando estaba en la oposición, sino que la ha usado más que nunca. Durante la pandemia, fue una herramienta represora esencial. En los primeros tres meses de confinamiento se multó a más de un millón de ciudadanos siguiendo la ley mordaza (frente a unas 800.000 entre 2015, cuando se aprobó la ley, y 2018). Hubo ciudadanos multados por desobediencia y resistencia a la autoridad (infracciones contempladas en el artículo 36.6 de esa ley) o incluso denunciados por delito de odio simplemente por saltarse el confinamiento. Durante la pandemia (una época de enorme ambigüedad jurídica) se demostró, como nunca antes, que la ley mordaza otorga demasiada discrecionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
«El agente de autoridad se convierte en juez, y cuestionar su criterio puede desembocar en un delito de desobediencia»
El Defensor del Pueblo en un informe de 2019 sobre la ley señalaba que en muchos casos se determina la sanción de los ciudadanos «atendiendo única y exclusivamente a la versión del denunciante», es decir, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad. También sostenía que en los expedientes no se especifica exactamente qué infracciones se han cometido (si había desobediencia a un agente, falta al respeto o una negativa a identificarse), lo que impide al acusado «ejercer adecuadamente su derecho a la defensa». Es decir: el agente de autoridad se convierte en juez, y cuestionar el criterio de ese juez puede desembocar en un delito de desobediencia.
Pero para los sindicatos de policía, acabar con esa desprotección del ciudadano «socava su autoridad como agentes». A pesar de que es poco probable que el Gobierno alcance un acuerdo para la reforma, y a pesar de que los aspectos más lesivos de la ley (el artículo 36.6, por ejemplo, sobre la desobediencia, o las faltas de respeto, contempladas en el artículo 37.4) posiblemente no se toquen, como ha prometido el propio ministro Marlaska, los sindicatos policiales saldrán a la calle este sábado bajo el lema «¡Por una España más segura!».
El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se autoproclama «el Gobierno más progresista de la historia», pero tiene una veta punitivista muy fuerte. No ha acabado con la prisión permanente revisable, ha batido récords en las devoluciones calientes en la frontera con Marruecos y ha abusado de la ley mordaza. El Gobierno también ha adoptado una visión excesivamente punitiva sobre la violencia sexual (a pesar de que la ley del solo sí es sí ha bajado las penas, justo lo contrario que se buscaba) y a menudo defiende una especie de derecho penal «simbólico» que roza el populismo. Al fin y al cabo, el punitivismo es popular: hoy tanto las feministas jóvenes como los votantes conservadores de mayor edad coinciden en que hace falta endurecer el Código Penal. El punitivismo es transversal porque el iliberalismo es transversal.
