Ningún inmigrante pagará nuestras pensiones
«España se ha especializado en el absurdo lógico de crear cientos y cientos de miles de puestos de trabajo que los españoles no queremos ocupar»
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Lourdes Azaña (Europa Press)
Se ha convertido ya en un lugar común periodístico el resaltar la polarización ideológica que retrata a la España actual, esa gran distancia que en apariencia separa hoy a socialdemócratas en el Gobierno y conservadores en la oposición. Pero acaso lo que debería inquietarnos no es tanto lo que separa a PSOE y PP, sino ciertos acuerdos estratégicos de fondo que comparten los dos grandes partidos a propósito de cuestiones tan trascendentes como pueda ser, sin ir más lejos, la de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Y es que sobre esa materia tanto los unos como los otros piensan en esencia lo mismo. Al punto de que los últimos pronunciamientos al respecto del ministro Escrivá, por la parte socialista, y los de Juan Bravo y Feijóo, desde las filas populares, resultan intercambiables.
Así, Feijóo acaba de sentenciar que el país necesita de forma perentoria acoger a muchos más inmigrantes. Una idea que ha enfatizado su principal asesor económico, Juan Bravo, quien vincula esa supuesta necesidad urgente de mano de obra extranjera en el país que presenta de modo crónico la mayor tasa de desempleo de la OCDE, España por más señas, con la viabilidad del pago de las pensiones. A su vez, Escrivá predica idéntica estrategia con idénticas palabras, calcadas. A ojos de Escrivá, el encargado de fijar doctrina sobre el asunto dentro del Ejecutivo, también la vía para encauzar el problema pasa por traer a España unos cuantos millones más de trabajadores no cualificados procedentes de regiones periféricas del mundo en desarrollo.
Es de prever que en su inmensa mayoría oriundos, tal como ocurrió con la anterior oleada migratoria previa a la Gran Recesión, de Marruecos, África subsahariana, América Central, Pakistán y ciertas zonas del Este. Una receta sencilla y tosca, amén de la misma a la que se entregaron con entusiasmo Aznar, que abrió las fronteras a casi dos millones de extracomunitarios, y Zapatero, que procedió igual con otros casi dos millones adicionales. Algo que no sirvió, por cierto, para que las tasas astronómicas de paro que siempre presenta España dejasen de ser eso, astronómicas, ni siquiera en el mejor momento previo al estallido de la burbuja. Y ahora los dos, PSOE y PP, vuelven a las andadas.
«Los inmigrantes no constituyen ni el problema ni tampoco la solución en la cuestión de las pensiones»
Desde el cambio de siglo, España se ha especializado en el absurdo lógico de crear cientos y cientos de miles de puestos de trabajo que los españoles no queremos ocupar. Así fue como Aznar y Zapatero resolvieron el problema del desempleo en Ecuador y en Rumanía. Pero esos empleos, huelga decir que ejercidos en exclusiva por extranjeros, se caracterizaban – y se seguirán caracterizando- por un rasgo común, a saber: el estar mal pagados, muy mal pagados. Porque los nuevos millones de inmigrantes adicionales que, escudados en la fantasía quimérica de que les resolverán la patata caliente de las pensiones, quieren traer Sánchez y Feijóo van a resultar, en el mejor de los casos, mileuristas pelados.
Lo que implica que, como ocurre con los otros cinco millones que entre legales e ilegales arribaron antes, van a cotizar muy poco a la Seguridad Social, al igual que van a pagar muy pocos impuestos. Un mileurista que trabaje sin interrupción desde los 18 hasta los 67 años, caso ideal que difícilmente ocurre en la realidad, aporta al sistema español de pensiones unos 136.000 euros a lo largo de su vida laboral. Y después, tras su jubilación, recibe de ese mismo sistema unos 220.000 hasta su muerte. ¿Es sostenible eso? Sí, en principio es sostenible, pero a condición de que los mileuristas no representen un porcentaje demasiado importante sobre el conjunto de los trabajadores activos. Y resulta que aquí, en España, ya lo son uno de cada tres asalariados. Porque los inmigrantes no constituyen ni el problema ni tampoco la solución en la cuestión de las pensiones. El problema genuino, por el contrario, reside en lo poco que cobran y, en consecuencia, en lo muy poco que pueden aportar. Desengañémonos: ningún inmigrante pagará nuestras pensiones.
