¿Quién escribe lo de Escrivá?

Cuando al constituir el primero de sus Gobiernos de coalición Sánchez designó ministro a José Luis Escrivá, no fueron pocos los que consideraron que se trataba de un acierto y que sería una especie de oasis en el desierto que, se adivinaba ya, iba a ser el Consejo de Ministros recién constituido. Su pasado profesional en el servicio de estudios del BBVA y especialmente su estancia al frente de la Airef le habían proporcionado una aureola de rigor técnico y de seriedad que se juzgaban oportunas para abordar la imprescindible reforma del sistema público de pensiones. En su primera etapa y al referirse a la imperiosa obligación de equilibrar los ingresos y los gastos del sistema, el nuevo ministro enarboló siempre la necesidad de prolongar la edad de jubilación y de aumentar el periodo de cómputo de las cotizaciones utilizadas para la determinación de las pensiones. Y tenía razón pues se trata de dos medidas racionalizadoras con efectos positivos en los ingresos -aumentándolos- como en los gastos -disminuyéndolos-. Evidentemente, también se adivinaba necesario un aumento moderado en las cotizaciones sociales que contribuyera al aumento de los recursos del sistema.

Esos eran los mimbres fundamentales para la reforma que se necesitaba. Sin embargo, el camino emprendido por Escrivá y su recién anunciado fin de ruta se sitúan en las antípodas de lo necesario y, por el contrario, están alineados en el mas rancio populismo. Lo primero que hizo fue aumentar las pensiones presentes y futuras sin definir el modo de financiarlas. Tamaña irresponsabilidad solo es propia de un administrador desleal que gestiona los recursos públicos sin atender a las consecuencias de sus decisiones. Eso sí, se cuidó mucho de implementar una subida desigual, pues en términos comparativos favoreció a aquellos que han cotizado en menor importe y perjudicó a los que habían pagado cotizaciones mayores. Es lo que tiene el populismo.

«Ha dado a conocer su proyectada reforma sin haberla acordado ni con los agentes sociales ni con las fuerzas políticas»

Con posterioridad, inició la supuesta negociación para acordar todo el resto de las cuestiones pendientes. Digo supuesta porque cuentan los asistentes a las reuniones de la fingida negociación que la conducta de los representantes gubernamentales fue inconcebible. No entregaron ningún documento, no aportaron dato alguno, no sugirieron ni ideas ni propuestas. Y entretanto pasó el plazo fijado por la Comisión Europea sin que el Gobierno español cumpliera con su obligación de presentar la propuesta de reforma. Vencido sobradamente el reseñado plazo, la semana pasada Escrivá ha dado a conocer su proyectada reforma sin haberla acordado ni con los agentes sociales ni con las fuerzas políticas ni con los grupos parlamentarios. Una genuina demostración de como entiende este Gobierno el diálogo, concepto que utiliza hasta la saciedad y que practica poco y además en dirección siempre sesgada.

Con todo, lo peor de la historia es el contenido de la reforma anunciada. Pese a sus manifestaciones iniciales y a pesar de la indudable evidencia técnica al respecto, Escrivá ha cedido a la presión sindical y se ha olvidado de cualquier otra medida para equilibrar las cuentas del sistema que no sea el aumento de los costes laborales de las empresas. Y lo hace con varias medidas: aumentar el tope de las cotizaciones, duplicar el montante del Mecanismo de Equidad Intergeneracional -del 0,6% al 1,2%- e incrementar la llamada cuota de Solidaridad. Las tres provocarán que el coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa se dispare en España aún más de lo que ya está, encareciendo la creación de empleo, perjudicando su aumento, y afectando negativamente a la obtención de ingresos para financiar las pensiones.

Conviene resaltar además que, antes de las medidas anunciadas, el citado coste supone para las empresas españolas un 29,5% del salario bruto de un trabajador, en tanto que en la media de la Unión Europea es solo un 22%. Es decir, la reforma de Escrivá va a provocar que el diferencial hoy existente en el coste reseñado, 7,5%, crezca aún más sin que sea necesario ser un lince para anticipar que, de ese modo, se perjudica la competitividad de las empresas españolas en el exterior. En definitiva, un nuevo rejón para nuestras empresas y para la creación de empleo, circunstancia negativa también para los ingresos del sistema.

«La reforma, por penalizar en exceso el empleo, pone en peligro la obtención futura de los recursos que el sistema necesita»

Junto a lo expuesto, lo anunciado por Escrivá insiste en aumentar la desigualdad interpersonal en la relación financiero actuarial entre cotización y prestación, lo que viene a ser una suerte de estafa para aquellos que cotizaron en mayor medida que los demás. Por lo que se ve, su populismo va in crescendo. Del modo expuesto, aquellos que tienen una tasa de reemplazo más alta -cociente entre los importes de la primera pensión de jubilación y el último de sueldo como activo- verán aumentar su pensión en porcentaje superior a los que la tienen más baja, todo ello sin dejar de considerar que la citada tasa existente en España -superior al 70%- es, en promedio, considerablemente más alta que correspondiente a la Unión Europea -inferior al 60%-. Quiere decirse que la reforma Escrivá encamina a nuestro sistema público de pensiones hacia un modelo asistencialista, cuyos rasgos contributivos son cada vez menores. Es lo que tiene el populismo rampante al que se ha reconvertido el enorgullecido ministro.

Se nos comunicado en fin una reforma que, por penalizar en exceso el empleo, pone en peligro la obtención futura de los recursos que el sistema necesita y al tiempo consolida y aumenta su nivel de gasto futuro. Así no se garantiza sostenibilidad alguna. Y junto a ello, se profundiza en la orientación asistencialista del sistema con la injusticia interpersonal que ello supone. Se aborta así la posibilidad de introducir algo de racionalidad en esa estafa piramidal a la que se nos obliga a jugar por imposición legal.

Ferrovial como síntoma

Ignacio Ruiz-Jarabo