La subida de las cotizaciones asfixia a empleados y empresas
«Si se pretende garantizar el sistema de pensiones no se puede focalizar todo el esfuerzo ni en las empresas ni en los empleados»
Un abuelo pasea con su nieto por la playa. | Unsplash
El estrangulamiento del mercado laboral español no sólo se debe a la falta de eficiencia de un país cuyo tejido productivo pivota sobre los servicios, y no sobre la industria que -en términos generales- genera unas tasas de rentabilidad mucho más altas que el sector terciario. Sino también a la diferencia entre lo percibido por los empleados y el coste laboral total –la conocida como cuña fiscal- que encarece enormemente la hora trabajada, a pesar de que nuestros sueldos son sustancialmente más bajos, por término medio, que los recibidos en los países de nuestro entorno
Es innegable que el exceso de gravamen de los rendimientos del trabajo supone un incentivo a la economía sumergida, especialmente en aquellos que perciben salarios más bajos, donde la cuña fiscal es proporcionalmente más alta. De hecho, la subida del salario mínimo interprofesional supondrá un aumento de la recaudación de las cotizaciones sociales de 854 millones, muy lejos de los 80 euros de más que obtendrán los cerca de 2 millones de perceptores.
Sin embargo, si todo el coste del sistema recae sobre las empresas y sobre los salarios más elevados, se emprende un camino a la desaparición de las clases medias y, lo que es peor, a una destrucción de la capacidad de empleo de las empresas españolas. Pues existe una correlación entre tasas de paro y cuña fiscal elevada. Si bien un alto coste laboral, no es el único elemento que dispara el paro, lo cierto es que la cuña fiscal es un factor que incide muy positivamente a favor de un desempleo descontrolado.
Por otra parte, la movilidad del factor trabajo, especialmente de los más jóvenes, -que suelen ser los son más productivos y son los que han recibido mayor formación-, es la más rápida del mercado laboral, por lo que si no se arbitran mecanismos de retención del talento, es muy probable que en el medio plazo la productividad laboral caiga estrepitosamente.
En España los estímulos a la reducción del paro juvenil resultan ineficaces. Al contrario de lo que sucede en Reino Unido, Francia o EEUU, donde han aplicado sistemas de in work benefits consistentes en prestaciones sociales concedidas a trabajadores con ingresos salariales muy bajos o insuficientes, para estimular su incorporación al mercado de trabajo y reducir de esta forma el paro en trabajadores poco cualificados.
La financiación de las pensiones mediante un sistema de reparto es incompatible con una estructura demográfica en la que la pirámide poblacional está invertida y las tasas de paro se perpetúan en el tiempo con dos dígitos. Y aún más insostenible es su mantenimiento, si se pretende hacer recaer su coste mayoritariamente sobre un tercio de los cotizantes, por mucho que sean quienes perciben salarios más altos.
«Sólo una medición de los datos de manera cierta, sin manipulaciones, permitirá conocer la fisonomía real de nuestro tejido productivo»
Del análisis de los datos de la población activa (facilitados por la Seguridad Social) entre 2018 y 2022, se sabe que el número total de cotizantes ha crecido un 14,6%, de los cuales el 22,7% son trabajadores cuyas cotizaciones exceden de la media, mientras que los cotizantes por debajo de la media crecieron en ese período un 12,3%.
La base media de cotización en este período ha aumentado un 12,1%. Este crecimiento ha sido del 10,5% para los casi cuatro millones de cotizantes que exceden de la media de cotización.
El porcentaje de empleados de la tabla aquí incluida en 2022 representan un 31,5%, mientas que en 2018 suponían un 28,8%. Lo cual es indicativo de cómo el aumento de las bases de cotización está pivotando fundamentalmente sobre los grupos 1, 2 y 3, que no suponen ni cuatro millones de personas. Esto es un 22% del total de trabajadores.
Si se pretende garantizar el mantenimiento del sistema de cotizaciones no se puede focalizar todo el esfuerzo ni en las empresas, que acabarán reduciendo sus contrataciones significativamente, ni en los empleados, pues hoy por hoy los grupos 1 (licenciados), 2 (peritos y ayudantes) y 3 (jefes administrativos y de taller) son aquellos a los que se les ha subido el 10,5% la base de sus cotizaciones, bajo el falaz argumento de establecer un sistema solidario.
Sólo una medición de los datos de manera cierta, sin manipulaciones intencionadas, permitirá conocer la fisonomía real de nuestro tejido productivo. Y si se pretende garantizar la financiación del sistema de reparto, los costes laborales no pueden representar más del 40% salario, pues de otro modo, España se convertirá en un país de baby boomers empobrecidos, que habrán soportado las mayores cargas tributarias de la historia reciente sin percibir a cambio una pensión acorde con su esfuerzo fiscal.
La creación de empleo productivo, la reducción del gasto superfluo, la implantación de estímulos a la productividad y la atracción de talento, unidos a un equilibrio entre las aportaciones realizadas y las prestaciones recibidas, son las únicas soluciones al mantenimiento del actual sistema de pensiones.
