Hablemos sobre la gestación subrogada

Pocos dudan de lo artificioso e interesado de la polémica generada en torno a la filiación de Ana Obregón a través de la técnica de la gestación por sustitución. Primero, porque lo que subyace es el intento de soslayar los escándalos que arrinconan al Ejecutivo sanchista: la demoledora sentencia del Tribunal Supremo constatando que Marlaska quiso hacer pasar por discrecional el cese arbitrario del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, que se negó a quebrar la ley facilitando al ministro información sobre un asunto judicializado sobre el que tenía obligación de guardar secreto. 

Y no podemos olvidar que la llegada a España de Ponsatí -y su casi inmediata liberación tras la teatralizada detención- evidenció que la derogación de la sedición ha creado un vacío punitivo, pues no se ha traducido en un delito de desórdenes públicos, sino en la despenalización de los golpes de Estado como el perpetrado en Cataluña en 2017. 

El señalamiento y linchamiento institucional de Obregón, magnificado por los medios de comunicación y las redes sociales, poco tiene que ver con el debate de la gestación subrogada, sino más bien con el hecho de que a la famosa se le ocurrió hace unas semanas mostrarse crítica con el Gobierno por la falta de inversión en la lucha contra el cáncer. El que tenga dudas, que lea los comentarios en redes sociales de algunos socialistas, como la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, que poco menos que advirtió a la actriz de haber colmado su paciencia por sus insultos al presidente. Ya me dirán qué tiene que ver esto con el tema de marras: nada. 

Pero yo sí que quiero aprovechar la ventana de oportunidad generada por este postureo fingido para tratar un tema que, desde hace unos pocos años a esta parte, la izquierda se ha empeñado en demonizar: la gestación subrogada. Cierto es que se trata de una cuestión con importantes aristas no sólo legales, sino éticas y morales. Pero también las presenta el aborto o la eutanasia y, a pesar de ello, se ha considerado importante y necesario abordar su regulación. 

«Un porcentaje mayoritario de la población española es partidaria de que se proceda a su regulación»

En el caso concreto de la gestación por sustitución, las encuestas muestran que un porcentaje mayoritario de la población española es partidaria de que se proceda a su regulación, algo que rechaza frontalmente esta izquierda beligerante que, desde que accedió al poder, se ha instalado en el peligroso paradigma de considerar un derecho todo aquello que le gusta mientras criminaliza todo aquello que le disgusta. Debemos abandonar este infausto marco mental y exigir un debate serio, sensato y racional que consiga en las Cortes el consenso más amplio y representativo posible.

Para empezar, la gestación subrogada es una realidad y, si para algo existe el Derecho, es para regular realidades. Es falaz afirmar que su carácter ilegal en España la convierte en un delito. Actualmente, el Código Penal tipifica el tráfico de niños, concebido como la compra o entrega del hijo biológico de una mujer a otras personas. Pero en la gestación por sustitución la mujer no es la madre biológica, sino que lo son los futuros padres, salvo que por imposibilidad se utilice el óvulo o esperma de un tercero, así que su ilegalidad no viene determinada por nuestro actual marco punitivo, sino porque la ley sobre técnicas de reproducción asistida declara nulos los contratos que se suscriban cuyo objeto sea esta técnica. También es falaz sostener que la regulación de la gestación subrogada la transformaría en un derecho: simplemente determinaría que los contratos pueden ser lícitos siempre que respeten el marco normativo específico. Parece mentira que tengamos que recordar, a estas alturas, que para que exista un derecho, el Estado tiene que proclamarlo, garantizarlo y promover desde las instituciones su desarrollo en armonía con el resto de derechos. Que una actividad humana se permita o no se penalice no la convierte en un derecho, por mucho que insistan quienes viven instalados en ese fatal binomio de Derecho vs Crimen.

«Cerca de 3.000 familias han tenido que partir al extranjero para convertirse en padres por gestación subrogada»

En España, un país inmerso en una profunda crisis demográfica con una pirámide poblacional ya casi invertida, son ya cerca de 3.000 las familias que han tenido que partir al extranjero para convertirse en padres por gestación subrogada, con el importante desembolso económico y calvario burocrático -y ahora también social- que eso conlleva. Por supuesto que la regulación tiene que evitar excesos, como la explotación reproductiva de mujeres precarias. En EEUU, por ejemplo, se exige a las gestantes que hayan sido madres antes y que gocen de una situación económica estable. Es muy razonable, desde un punto de vista estrictamente sanitario, que se limite el número de veces en el que una mujer puede acceder a gestar por sustitución, convirtiéndolo así en algo excepcional o puntual, aunque no acabo de entender por qué no debería de recibir una contraprestación económica. Quizá porque subyace en el imaginario esa idea de que el lucro es intrínsecamente perverso mientras que la ausencia de onerosidad confiere a las cosas un mayor lustre moral. 

En cualquier caso, es necesario abordar la regulación de esta realidad, porque afecta al interés superior de los menores y eso es algo sobre lo que debería pivotar siempre nuestro ordenamiento jurídico. No voy a entrar a valorar las contradicciones discursivas de quienes, en nombre del feminismo, pretenden instalar una tutela estatal de las mujeres. El celebérrimo «nosotras parimos, nosotras decidimos» se me antoja antagónico con la criminalización de la prostitución voluntaria o la gestación subrogada, por ejemplo. Eso ya sin entrar en otro tipo de consideraciones relativas a lo infantil que resulta creer, a estas alturas, que se le pueden poner puertas al campo. Yo de mis representantes políticos espero realismo, valentía y sensatez, aunque posiblemente espere demasiado.