La vivienda y el desahucio de la seguridad jurídica
«Sobran los estudios que muestran cómo las medidas intervencionistas restringen la oferta y en el fondo dificultan el acceso a la vivienda»
Un cartel de 'Se alquila' en un balcón de Madrid. | Europa Press
«Cuando negocias con un Gobierno no consigues todo lo que quieres y no ha habido manera humana de desbloquear la situación del alquiler social», decía la diputada de ERC Pilar Vallugera en su comparecencia conjunta con el diputado de EH-Bildu, Oskar Matute. La ocasión era la presentación del acuerdo para aprobar la Ley por el derecho a la vivienda. «Sí que hemos conseguido» –proseguía ahora ya más ufana la diputada Vallugera- «cosas que nunca antes se habían planteado para la protección de las personas que deban ser desahuciadas… los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado. Todos ellos deben ser con fecha y hora predeterminada. Se acaba con la incertidumbre de que se presente la comitiva oficial, la comitiva judicial en tu domicilio sin saber cuándo va a pasar».
Cientos de miles de ciudadanos, esos denominados «pequeños propietarios» (el 85% de la oferta según se estima), que pusieron sus viviendas en el mercado de alquiler en cumplimiento de la legislación vigente, han sido masivamente expropiados al verse obligados a no poder actualizar la renta de acuerdo con las condiciones fijadas en los contratos que celebraron válidamente con anterioridad al 31 de marzo de 2022 (fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2022) o a ampliar su duración en 6 meses si finalizaban con anterioridad al 30 de junio de 2023 de acuerdo con el Decreto-Ley 20/2022 de 27 de diciembre, que además prorroga el tope del 2% a la actualización de las rentas de alquiler que se fijó en marzo de 2022.
Y lo que te rondaré morena, dados los primeros detalles que conocemos del acuerdo que han alcanzado las fuerzas progresistas: la urgente y extraordinaria necesidad de la primera gran intervención que se dio en el mercado de alquiler justificada por el impacto de la pandemia y posteriormente por la guerra de Ucrania, ha tornado ya en «normalidad» porque de lo que se trata ahora es de garantizar un «derecho a la vivienda». «Por primera vez en democracia», señaló también muy campanudo en la rueda de prensa el representante de EH-Bildu Oskar Matute, que de vulneración de la democracia y los derechos sabe como pocos.
«La coalición de progreso tienen como afán facilitar que se impida la ejecución de una decisión judicial»
Pero volvamos por un momento a los desahucios y a la «eliminación de la incertidumbre». El diario El País nos ayudaba a entenderlo un poco mejor, como tantos otros movimientos o decisiones que adopta el Gobierno. La prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada «facilita la movilización de los grupos que se dedican a intentar frenarlos».
Vuelvan a leerlo y mastíquenlo con cuidado, con cuidado por si se muerden: los grupos que componen la coalición de progreso tienen como afán facilitar que se impida la ejecución de una decisión judicial. Pues eso es precisa y exactamente un desahucio: el resultado de que impere la ley. Ciertamente, la diputada Vallugera pertenece a un grupo político que se ha revelado bien dispuesto a que ni la ley ni la Constitución imperen, pero conviene recordar que no hay desahucio sin un previo proceso en el que las partes han podido plantear sus pretensiones y pruebas, se han dictado requerimientos, autos, providencias; que no hay desahucio sin una previa sentencia firme, y el agotamiento de los recursos y oportunidades procesales propias de un Estado de Derecho, y que la presunta «incertidumbre» no puede en ningún caso ser intempestiva para quien ha sido condenado, sino que es más bien una resistencia antijurídica que ahora, por lo que parece, jalea nada menos que la mayoría del Parlamento. El problema es que a estas alturas ningún desatino institucional resulta increíble.
Por lo que parece, no hay «manera humana de hacer alquiler social»; ni manera humana de hacer ver a esa supuesta mayoría progresista que sobran los estudios que muestran cómo esas medidas intervencionistas restringen la oferta y en el fondo dificultan el acceso a la vivienda. Una vez más, con el estandarte de los «derechos» (no el de propiedad, por supuesto) y el auxilio de un PSOE definitivamente desnortado, las «fuerzas del progreso» se disponen a desahuciar la seguridad jurídica misma.
El derecho a la vivienda es un oxímoron pues, dado que las casas no se construyen solas, equivale al derecho a esclavizar a alguien. No tenemos derecho a exigir que otro nos proporcione ningún bien o servicio gratuito (o que un tercero, el gobierno, lo haga en nuestro nombre para granjearse nuestro apoyo), eso es robar. A lo que tenemos derecho es a que nadie nos impida trabajar o pactar libremente para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. Si un gobierno de izquierdas no nos empobreciera a todos en general, anulando convenios y negocias que sin su cínica intervención se realizarían, ni condenara a sabiendas a parte de la sociedad al desempleo y a la marginación por no dar la talla (si tu trabajo no vale un mínimo, quédate en casa y confórmate con un subsidio inferior financiado con algo de lo que el gobierno roba a los que sí esfuerzan), si un gobierno de izquierdas no desincentivara la voluntad de superación ni favoreciera la molicie del parásito y el políticamente privilegiado, no padeceríamos desigualdad económica ni ningún problema de vivienda ni de nada que ahora nos venden como una emergencia social o climática.
El control de los alquileres lo hemos probado en Cataluña, sin que el fracaso haya tenido la difusión que merecía.
José García Montalvo lo predijo antes : Los economistas estamos completamente de acuerdo en muy pocas cosas y una de ellas es que el control de alquileres no funciona, buscar atajos para arreglar la situación a corto plazo corre el riesgo de empeorar el problema. Y uno de ellos sería el control de rentas que Podemos ha exigido al Gobierno y que llegó a aprobar la Generalitat. Donde se ha probado ha empeorado las cosas *.A medio plazo, la principal consecuencia es un descenso de la oferta de vivienda en alquiler”.
En el editorial del 1 de septiembre de 2022 de La Vanguardia se dice: Fracasa el control de los alquileres: Los topes a los incrementos de los alquileres y el resto de las medidas administrativas han reducido el parque de viviendas en alquiler, bien porque se construyen menos o porque los propietarios han optado por tener los pisos vacíos o ponerlos a la venta. Paralelamente, sin embargo, ha crecido la necesidad de alquilar pisos por el aumento de la población y, especialmente, por la recuperación del turismo.
La utilización del recurso a los ricos, bancos, capitalismo …es la excusa , probada internacionalmente ,que utiliza Sánchez y los medios afines para evitar que se cabreen los contribuyentes
La política económica con propuestas como las de Podemos, han sido probadas ya y han tenido un coste social enorme .
Nuestro gran economista , José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada (Premio de economía Rey Jaime I, 2.019) en La Vanguardia del 29 de enero de 2023 “ Opiniones encontradas” “ Unos mantienen la visión mágica de una economía donde tú fijas los precios de los productos y se sigue produciendo igual que antes, pero con la ventaja de que la inflación baja…..Que suben los precios, control de precios. Que suben los alquileres , control de alquileres . La justificación suele ser siempre la misma que usó Maduro para su penúltimo experimento de control de precios a gran escala : los empresarios se están forrando. Y con este razonamiento la economía venezolana, que tenía una inflación del 30/40% cuando empezó el control, llegó hasta más de 1.000.000% a final del 2018.”