Efectos indeseados

Que Pedro Sánchez se ofrezca ahora a pedir perdón por los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí es poco menos que nada. Primero, porque es imposible soslayar que las disculpas obedecen al burdo intento de aligerar el lastre electoral que suponen para el PSOE las cifras de los agresores sexuales beneficiados por las rebajas de penas y excarcelaciones propiciadas por la infausta norma. Efectivamente, el momento escogido para amagar las disculpas evidencia que, para el presidente, el principal efecto indeseado de la ley es el de la pérdida de votos, los cuales pesan mucho más en su conciencia que las víctimas de los delitos sexuales.

Tanto es así que me atrevo a afirmar que, si no estuviésemos a las puertas de unos comicios, no sólo no habríamos asistido a esta tentativa de perdón presidencial, sino que no se acometería la contrarreforma de la parte punitiva de la ley con el apoyo del Partido Popular. Para Sánchez, desvincularse de todo lo que tenga que ver con la ley del sólo sí es sí es perentorio.

Por suerte para los socialistas, los líderes de Podemos han decidido ponérselo fácil y asumir todo el coste ante la opinión pública: haciendo gala de una soberbia con la que sólo se atreven a expresarse los necios y los incautos, la ministra de Igualdad manifestó ante la prensa estar dispuesta a disculparse ante las víctimas por los errores de la judicatura en la aplicación de la ley. Por algún motivo que no alcanzo a entender, los que diseñan la estrategia política del partido morado consideran que les beneficia permanecer atrincherados en un victimismo cargante e impostado construido sobre eslóganes vacuos y falacias incongruentes, que los lleva a presentarse como los damnificados de una conspiración machista urdida por el brazo patriarcal del poder judicial. Un producto con cada vez menos consumidores, si hacemos caso a las encuestas.

En cualquier caso, el perdón de Sánchez es tan hipócrita e insustancial como el de Montero, porque una verdadera disculpa pasaría por reconocer, en primer lugar, la innecesariedad de la reforma: en torno al caso de La Manada se construyó un relato falso sobre la sociedad española, nuestro sistema judicial y nuestras leyes penales. Se nos dio a entender que era preciso tipificar todos los supuestos de sexo no consentido, cuando la realidad es que el consentimiento de la víctima ya estaba en el centro: se denominaba agresión a los supuestos en los que concurría violencia o intimidación, y abuso al resto.

«No puede aceptarse una disculpa que no abarque las excusas y mentiras que se lanzaron desde el Gobierno para abanderar la ley»

Por más que las del Ministerio de Igualdad se empeñen en referirse peyorativamente a la regulación anterior con la expresión «Código Penal de La Manada», lo cierto y verdad es que aquella tipificación de los delitos sexuales era razonablemente buena, mucho mejor que la actual, tanto técnica como sustantivamente. Cada día que tardamos en recuperarla, es un día perdido, pues a los delitos que se cometan mientras permanezca en vigor la ley del sólo sí es sí, será ésta la que resulte de aplicación por tratarse de la norma penal más favorable.

Tampoco puede aceptarse una disculpa que no abarque las bochornosas excusas, mentiras y hasta descalificaciones que se lanzaron desde los partidos del gobierno de coalición y sus medios afines para abanderar la ley o para rechazar las consecuencias de su aplicación. Seis meses embarcados en un relato que presentó a los profesionales de la justicia que advirtieron sobre las probables reducciones de condena como propaganda machista, que acusó al poder judicial de aplicar mal la ley o de desconocer el derecho transitorio, que reformó la exposición de motivos -que carece de valor normativo- para «dar un toque de atención a los jueces», o que justificaba la rebaja generalizada de las penas en el antipunitivismo feminista (aunque ahora la propuesta de Podemos pase por duplicar algunas de las penas previstas en el texto del 95).

Limitar el perdón a los efectos indeseados es, en definitiva, tramposo, porque los juzgados y tribunales no están aplicando la ley contra el deseo del legislador, sino en los justos términos en los que ésta fue avalada por el Parlamento: los efectos eran tan previsibles que fueron advertidos por algunos órganos consultivos, asociaciones feministas, algunos diputados y también por profesionales que colaboran en medios de comunicación o utilizan las redes sociales. Se aprobó exactamente lo que pretendían quienes redactaron la norma. Lo que nos conduce a tener que elegir entre las dos únicas conclusiones posibles: o nuestros dirigentes y legisladores no eran conscientes de las implicaciones de lo que votaban, o aun siéndolo, escogieron mentir desvergonzadamente al populacho sobre lo que pasaría nada más entrase en vigor la ley. Entre estas dos posibles soluciones, no sé cuál me genera más desasosiego.