Ferrovial, patria o muerte
«Aquí no hay traslado, sino fusión por absorción por una filial que ya estaba legalmente establecida en Países Bajos desde hace años»
Pedro Sánchez y Ferrovial. | EP
Primero fue el recurso emocional, el señalamiento personal, la acusación de antipatriotismo. Pedro Sánchez: «La patria no es solo hacer patrimonio, es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita, estamos hablando [refiriéndose a Rafael del Pino] de la tercera fortuna de España». Nadia Calviño: «Ser español es defender la permanencia en tu país…/.. Esto no es compromiso con nuestro país». Yolanda Díaz: «Esto no es ser español. Ser español es defender la permanencia en tu país. Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles estarán atónitos».
El paso siguiente fue incidir en el recurso emocional –el miedo a las pérdidas- pero extendiéndolo a los accionistas a través de la oportuna ‘información’ del medio gubernamental par excellence: «Los accionistas de Ferrovial votarán el traslado a Países Bajos el 13 de abril. La constructora de Del Pino se juega una obra de 621 millones de la empresa pública Adif»”.
Tras un también oportuno, público y velocísimo asesoramiento al Gobierno por la CNMV cuestionando las razones regulatorias invocadas por Ferrovial para justificar su traslado, vino la insólita carta -inmediatamente hecha pública- «con el fin de poder informar adecuadamente a su Junta General…/…sobre sus posibles riesgos o contingencias», asegurando que no había motivos económicos que justificaran la operación. En términos otra vez del diario gubernamental: «Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al Gobierno de los motivos económicos de su traslado». Al momento de escribir estas líneas, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su acostumbrada anarquía gramatical, a escasas horas de la Junta de Accionistas que ha de decidir el traslado, tiene declarado: «La legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa».
«Si el traslado tuviera una finalidad fiscal y no para hallar un marco regulatorio óptimo para cotizar en USA ¿Por qué Ferrovial no lo hizo antes teniendo su filial allí?»
En definitiva, «después de haberse enriquecido gracias a los contratos con el Estado» lo que buscaría Ferrovial sería acogerse al perverso «régimen fiscal de Holanda», oscura bicoca que deslegitimaría su decisión. Régimen fiscal que no digo que no exista, pero no se puede invocar como sintagma abstracto sin más -como cuando se habla del capitalismo mundial o el patriarcado opresor- de modo que sirva para ahorrarse el argumento. Argumento que en todo caso tiene su falla como ahora se verá.
Para empezar, aquí no hay traslado, sino fusión por absorción por una filial que ya estaba legalmente establecida en Países Bajos desde hace años. Si fuera una finalidad fiscal y no hallar un marco regulatorio óptimo para cotizar en USA ¿Por qué Ferrovial no lo hizo antes teniendo su filial allí? ¿Tan mal asesorada está que ha estado hasta ahora pagando de más porque sí, pudiendo legalmente haberlo eludido? Cuesta creerlo.
«No es razonable que un país cuestione la ética del ejercicio de la libertad económica cuando su clase política acepta el libre establecimiento de Volkswagen o Mercedes»
Si, dicho sea en términos puramente dialécticos, ese privilegiado régimen fiscal existiera, aún sería legítimo y legal que una empresa en un entorno de libre establecimiento, al que España se adhirió en 1986, hiciera uso de esa libertad. Lo que no es razonable es que un país cuestione la ética del ejercicio de esa libertad económica cuando toda su clase política acepta el libre establecimiento aquí de Volkswagen o Mercedes, porque crean empleo, y nadie se queja, y esa misma clase política se hincha a darles beneficios fiscales para que no se vayan (el régimen fiscal de España deben pensar en Alemania). ¿Por qué esa misma gente no se opone al establecimiento en España de empresas extranjeras europeas que se deslocalizan en nuestro interés y a las que beneficiamos fiscalmente? A las duras y a las maduras.
¿Qué argumento es ese de que porque Ferrovial ha sido adjudicataria de contratos públicos no pueda hacer la fusión? ¿Se insinúa que se le adjudicaban irregularmente y que a cambio debe renunciar a la libertad de establecimiento? Pues si es así, que se denuncie y se exijan responsabilidades, que es lo que procede; pero si eso se usa ahora como palanca la cosa suena a extorsión. Si por contra ganó los concursos en buena lid ¿Dónde pone que en agradecimiento tiene que renunciar a establecerse donde le plazca por sus intereses empresariales? El AVE se lo adjudicamos en su día a la alemana Siemens y a la francesa Alstom, ¿Les exigimos a cambio que trasladen su domicilio a España? Corolario: si a la clase política no le gustan los principios de libre establecimiento de los tratados constitutivos de la UE, lo tiene muy fácil. Dos opciones: la unión fiscal en la UE (a ver quién quiere tributar como en Suecia pero con los servicios públicos de España) o el Spanxit.
Y no hay más. Mientras eso no se plantee en serio, es de república bananera este chantaje a una entidad cotizada en donde mucha gente, sin saberlo siquiera, tiene intereses. Porque quien más quien menos tiene un plan de pensiones o participaciones en un fondito de ahorro que igual invierte en esta empresa o en otras que también toman sus decisiones ajustándolas al marco que estos políticos no se atreven a impugnar, mientras que sí cuestionan sus consecuencias, haciendo demagogia y matonismo político. Y digo matonismo político porque, no ya el Gobierno en una carta, ni siquiera la AEAT puede controlar ex ante los beneficios fiscales de un proyecto de fusión que no ha sido aprobado siquiera, y menos, anunciar por escrito que se va apartar del criterio técnico advirtiendo de que, por razones de oportunidad, prejuzga que no considerará aplicable aquellos beneficios. Una cosa es el Gobierno y su criterio político de oportunidad, y otra la AEAT, cuya actuación es reglada, está sometida al principio de legalidad y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Eso es el Estado de Derecho, y lo demás es otra cosa.
