Utopías municipalistas y realidades locales
«Las promesas electorales de los partidos son una especialidad nacional: desplegar una retórica de la excelencia que nunca se lleva a la práctica»
Erich Gordon
Siempre me había parecido que los votantes guardan con las promesas electorales una relación irónica que se parece a la que los consumidores establecen con la publicidad comercial: así como nadie comete el error de creer que haya un detergente que lave más blanco, no hay quien se tome en serio la promesa de levantar de la nada un parque de viviendas públicas. Pero tal vez esta premisa resulte demasiado optimista; hay un importante número de votantes que sigue creyéndose lo que dicen en campaña sus candidatos favoritos. No en vano, su vínculo con los partidos es mayormente emocional: las promesas electorales renuevan la mitología electoral asociada a cada familia ideológica y con ello reactivan la fe de cada uno de sus feligreses. Resulta secundario el modo en que se relacionan con los recursos disponibles o los procedimientos legales vigentes: el eslogan tiene como finalidad movilizar al electorado y por eso buena parte de ellos son puras fabulaciones o proclamas voluntaristas.
Solo bajo estas premisas puede entenderse la distancia que media entre el programa municipalista que ha lanzado el PSOE de Pedro Sánchez como marco general de referencia para sus candidaturas a la alcaldía y la realidad local que padecen los vecinos en tantas ciudades y pueblos españoles. El líder socialista ha hablado de «urbanismo de género» y de smart cities, de la creación de más espacios peatonales, de garantizar la accesibilidad para todos los peatones, de abrir un parque a menos de 300 metros de todos los vecinos (sic), de no dar más licencias a pisos turísticos… Son 80 medidas que dibujan el aspecto que habrían de tener «los ayuntamientos de la gente» salidos de las urnas. No se pueden negar las buenas intenciones contenidas en el documento que recoge estas propuestas, algunas de las cuales serán imitadas por los demás partidos en liza. Se trata de una especialidad nacional: desplegar una retórica de la excelencia que en ningún momento se lleva a la práctica.
Basta pensar en la indefensión que padecen los ciudadanos —«la gente»— allí donde los ayuntamientos ponen la potenciación de bares y restaurantes por delante de cualquier otra consideración, vulnerando en particular aquellos derechos que estarían llamados a garantizar la protección de la intimidad personal en sentido amplio. Ahora que se aproxima el verano, tendremos ejemplos sobrados de un mal nacional que no entiende de siglas: se cuentan por miles los consistorios que otorgan licencias a bares de copas en zonas residenciales que inmediatamente corren el riesgo de dejar de serlo, permiten la apertura de terrazas en cualquier calle hasta bien entrada la madrugada o renuncian a controlar la debida ejecución de los proyectos técnicos en materia de control de ruidos o aglomeraciones callejeras.
Bien saben que los ciudadanos afectados no suelen tener dinero ni ánimo para acudir a los tribunales, que son los únicos que —pasados los lustros— les darán la razón; para colmo, la sanción a menudo consiste en una multa que terminará pagándose con el dinero de los contribuyentes. Dejemos a un lado las oscuras tramas de intereses que vinculan a concejales, empresarios e incluso fuerzas del orden cuando hay bares o discotecas de por medio.
«Las normas se incumplen de manera rutinaria; a veces, las propias leyes son contrarias a los principios constitucionales»
Quien quiera conocer de primera mano esta deprimente casuística no tiene más que acudir a los dictámenes emitidos por los Defensores del Pueblo en las distintas comunidades autónomas: literatura de terror. Las normas se incumplen de manera rutinaria; a veces, las propias leyes son contrarias a los principios constitucionales: rige una en Andalucía desde el año 2018 (era presidenta de la Junta la socialista Susana Díaz) que permite a los ayuntamientos decidir si se ponen terrazas o se abren bares de copas en cualquier sitio, por la sencilla razón de que toca a los munícipes decidir cuándo una actividad es molesta y cuándo no. ¡Adivinen el resultado!
Con la legislación en contra, los vecinos se ven obligados a recurrir a contorsiones inverosímiles: el Tribunal Supremo condenó al ayuntamiento de Elche porque las terrazas montadas en calles peatonales de pequeñas dimensiones (la ordenanza en cuestión había sido aprobada cuando allí gobernaba el PP) impedían que los ciegos pudieran transitar por ellas de manera segura. No crean que los ayuntamientos se quedan con los brazos cruzados: el gobierno de coalición PSOE-Cs que manda en Burgos va a gastarse 220.000 euros en instalar un pavimento sensible que le permitirá «sortear en zonas puntuales una sentencia del Tribunal Supremo que en 2019 prohibía las terrazas adosadas a fachadas ya que vulnerarían la normativa en materia de accesibilidad» (según nos informa el Diario de Burgos).
Contémplese la tortuosa lógica del asunto: los ciudadanos no pueden estar tranquilos en casa ni dormir en paz porque un ayuntamiento da permisos a bares que se lo impiden; los ciudadanos se querellan, apelando a la normativa de accesibilidad, y ganan el caso; otro ayuntamiento —sentando un precedente que será debidamente imitado por el resto— busca la manera de sortear la sentencia a fin de dejar el ruido en su sitio. Hablamos de Elche y de Burgos, pero podría ser cualquier otro rincón de España donde el centro urbano —y no pocas calles de sus barrios de 15 minutos— se haya convertido en un botellódromo para adultos so pretexto de la contribución que hacen a la prosperidad económica y la creación de empleo.
De modo que está muy bien todo lo que oigamos de los candidatos locales de aquí a finales de mayo, a condición de que no nos creamos casi nada de lo que dicen sobre según qué aspectos de la vida local: de la abstracción electoralista a la realidad municipal hay una distancia tan grande que dan ganas de tirarse por el abismo que así se abre.
