Ley de vivienda: otro hito «histórico»
«Si Franco resucitara se mostraría orgulloso por el frecuente recurso que de su herencia intervencionista se realiza permanentemente desde el sanchismo»
Pisos en construcción en Madrid. | Europa Press
De nuevo y de acuerdo con las autocalificaciones que se otorga a sí mismo, el Gobierno Sánchez ha vuelto a adoptar una decisión «histórica». En este caso se trata de la proyectada Ley sobre el Derecho a la Vivienda que, en realidad, viene a ser una nueva ley de arrendamientos urbanos escasamente acertada en su contenido. Vamos a comprobarlo. Que la escasez de vivienda en las grandes capitales españolas, especialmente la ofrecida en arrendamiento, es un serio problema, resulta evidente. Asimismo lo es que la reseñada escasez ha provocado un notable aumento de los precios. También es evidente que, transcurridos casi cinco años desde su constitución, el Gobierno Sánchez no ha adoptado ninguna medida para la resolución del problema. Y, finalmente, también es obvio que ahora, a pocos meses de las próximas elecciones legislativas, es cuando ha decidido despertase de su lacerante inacción. Lo ha hecho apostando por el lanzamiento de la futura ley de vivienda y con la broma que supone el anuncio de la salida al mercado de 50.000 viviendas propiedad de la Sareb.
Cuando un bien como en este caso es la vivienda resulta escaso en el mercado, la actuación tendente a superar el problema puede dirigirse hacia la oferta o hacia la demanda. Las políticas de demanda se demuestran inútiles, toda vez que incluso en el supuesto de estar bien planteadas lo más que consiguen es abaratar el acceso al bien escaso para aquellos que logran acceder al mismo, pero en ningún caso resuelven la escasez. Salvo, claro está, que las medidas tiendan a reducir el volumen de lo demandado, cuestión que en el supuesto que nos ocupa supondría disminuir la población residente en las grandes ciudades, cuestión harto difícil pues supondría revertir la tendencia migratoria interna, cuestión harto difícil y que, en cualquier caso, ni siquiera se ha intentado.
Así las cosas, si se desea resolver la encrucijada no queda otra que aplicar medidas de oferta, propiciando un aumento real y efectivo del número de viviendas que se ofrecen en arrendamiento para así resolver la escasez y su consecuente alza de precios. Ahora bien, aumentar la oferta requiere dos tipos de actuaciones. Una, que se aumente el parque de viviendas existente. Dos, lograr que una buena parte del citado parque y de su aumento tenga como destino el ser arrendadas. Ninguna de estas dos opciones ha sido trabajada por el Gobierno Sánchez. En efecto, no se ocupado de proporcionar suelo para la construcción y aún más, ha adoptado decisiones que la dificultan. Me refiero a la deriva medioambientalista que dificulta la conversión de suelo a volumen de construcción, que exige requisitos exagerados a las constructoras y que, en definitiva, complica y encarece el aumento del parque de viviendas.
«La adquisición de viviendas para su posterior arrendamiento era, quizás todavía lo es, el principal destino del ahorro de la clase media»
A lo expuesto debe añadirse la inconcebible laxitud con el movimiento okupa, esa execrable tendencia contra los propietarios de viviendas que socava de hecho el derecho constitucional a la propiedad privada. El crecimiento del delito de okupación favorecido por un Gobierno débil en su represión está haciendo que la vivienda pierda cada vez más atractivo como instrumento de ahorro. Y debe recordarse que la adquisición de viviendas para su posterior arrendamiento era, quizás todavía lo es, el principal destino del ahorro de la clase media.
Y en el escenario descrito es en el que se proyecta aprobar la ley de vivienda, auspiciada por Podemos, ERC y Bildu y consentida a regañadientes por el PSOE que, eso sí, una vez que se ha visto obligado a consentirla, se ha apresurado a calificarla de «histórica». ¿Cuántas decisiones y/o medidas del Gobierno Sánchez han sido calificadas de históricas por sus componentes? Se ha perdido la cuenta. Les va a pasar como a Rocío Jurado y se les romperá la Historia de tanto usarla. Entrando en el contenido del proyecto, su texto rezuma el mas rancio intervencionismo que caracterizó al peor franquismo. Si el general Franco resucitara se mostraría orgulloso por el frecuente recurso que de su herencia intervencionista se realiza permanentemente desde el sanchismo. Nunca hubiera imaginado él que su aversión al funcionamiento del mercado tuviera como continuadores privilegiados a los componentes de un Gobierno de la izquierda radical.
El caso es que, mediando el citado afán por la intervención, en el proyecto de ley se pretende ayudar a los arrendatarios de viviendas -presentes o potenciales-, pero haciendo recaer el coste de la ayuda sobre los arrendadores que serán los que sufrirán la prolongación sine die de las limitaciones al aumento anual del precio del arrendamiento de su vivienda y, consecuentemente, al propio precio. Se penaliza así injustamente la rentabilidad del principal activo en el que materializa su ahorro la clase media española. También se penaliza a los arrendadores dificultándoles la vía del desahucio ante los impagos de los arrendatarios.
«Las penalizaciones llevan inevitablemente a una reducción de la oferta de viviendas en alquiler»
Y para aquellos propietarios que ante estas dificultades opten por retirar su vivienda de la oferta del mercado, se prevé como penalización la imposición de un recargo en el IBI de su inmueble que puede llegar hasta el 150%. Con estas penalizaciones se está induciendo a que disminuya la adquisición de viviendas como canalización del ahorro lo que lleva inevitablemente a una reducción de la oferta de viviendas en alquiler. Como vemos, se hace realidad el célebre cuento chino que predice que aquel que equivoca su rumbo llega al cabo de un tiempo a las antípodas de su pretendido destino.
Como colofón, de momento, al cúmulo de desatinos expuesto, en uno de sus últimos mítines preelectorales Sánchez ha anunciado que piensa ofertar en alquiler 50.000 viviendas propiedad de la Sareb. Resulta que 15.000 ya están ocupadas, que aproximadamente otras tantas están en fase de construcción, que una buena parte del resto tienen un alto grado de deterioro y que las escasa que están en condiciones de ofrecerse en arrendamiento se encuentran absolutamente dispersas por la geografía española, siendo así que las que pueden ofertarse en las ciudades necesitadas de viviendas en oferta son menos que pocas. De modo que Sánchez lo ha vuelto a hacer y ha mentido a sabiendas de que mentía, pero sabiendo, eso sí, que la cifra por él escupida -50.000- serviría para conformar los titulares de una buena parte de los medios de comunicación. Eso es el sanchismo en estado puro, en sus vertientes política y mediática.
