Suicidio, eutanasia y esquizofrenia estatal
«En febrero se aprobó una proposición de ley para conceder un permiso laboral de hasta dos semanas con el que acompañar a las personas en riesgo de suicidio»
Pedro Sánchez y Nadia Calviño.
Como una «revolución de los derechos», como una derrota del reduccionista «modelo médico» y el triunfo inapelable del «modelo social» de la discapacidad fue celebrada la aprobación de la reforma de la legislación civil en materia de discapacidad allá por 2021. Se acabó la tutela, viva la curatela y los «apoyos razonables» de las personas que sufren prácticamente cualquier discapacidad cognitiva.
Con parecido alborozo –yo mismo he defendido en buena medida la ley- se celebró la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, casi en las mismas fechas. Allí entre sus preceptos se puede leer que «no será exigible el consentimiento del paciente en aquellos supuestos en los que el médico certifique que no se encuentra en pleno uso de sus facultades» y cuente con un «… documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento». Es más: el artículo 9 establece que en esos supuestos: «…el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente». Hemos de suponer que se hará incluso contra su voluntad actual de seguir viviendo.
Recientemente el Tribunal Constitucional (STC 19/2023 de 22 de marzo de 2023) ha validado la constitucionalidad de la ley; la consagración que ha hecho el legislador de ser el auxilio al suicidio en circunstancias eutanásicas un «derecho» que se deriva de la autodeterminación personal, y ese instrumento de voluntades anticipadas, «… el instrumento dirigido a garantizar el respeto a la autonomía de las personas» – dice el Tribunal Constitucional-, «al permitir al paciente influir en las futuras decisiones médico-asistenciales y facilitar a los profesionales de la salud la adopción de la alternativa más respetuosa con su voluntad cuando no tenga capacidad para decidir por sí mismo…» (las cursivas son mías).
«El suicidio causa más de 4.000 víctimas al año»
Y frente a la alegación del partido político Vox, que impugnó la constitucionalidad de la LORE, de que el documento de voluntades anticipadas pudiera contravenir la voluntad actual del paciente, señala el Tribunal Constitucional que ello resulta manifiestamente inconsistente puesto que: «… tal situación se produce, precisamente, cuando el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes» (Fundamento Jurídico 8). Que algún doctor en la sala me explique en qué queda el «modelo social» de la discapacidad a la luz de este razonamiento.
Pero aún hay más.
El 28 de febrero de 2023 y a iniciativa del grupo Más País se ha aprobado sin ningún voto en contra la proposición de ley para conceder un permiso laboral de hasta dos semanas con el que acompañar a las personas en riesgo de suicidio, uno de los mayores problemas de salud pública, como destaca el grupo parlamentario proponente de la iniciativa, que causa más de 4.000 víctimas al año. Ese mismo Estado puede al tiempo consagrar como un derecho fundamental el auxilio al suicidio en circunstancias eutanásicas, es decir, también las causadas por el sufrimiento psíquico que propician las ideaciones suicidas, ideaciones que justificarán el permiso de acompañamiento al proto-suicida. Suponemos que hasta que efectivamente logre suicidarse con el auxilio estatal.
Díganme si a la luz de estos síntomas no estamos ante un brote de esquizofrenia estatal.
