Leyes y tensiones generacionales
«El difícil equilibrio entre los intereses de los ciudadanos de hoy y los derechos de los del mañana siempre se resuelve recordando que los segundos no votan»
La mayoría de ciudadanos coincidimos en que supone una injusticia cargar a las futuras generaciones con el coste de nuestros excesos-
El principio de justicia intergeneracional sostiene que tenemos el deber de considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y asegurarnos de que las generaciones futuras tienen acceso a los mismos recursos y oportunidades que nosotros. De este principio se deriva, por ejemplo, nuestra obligación moral de proteger el medio ambiente y preservarlo para quienes nos sucedan.
La mayoría de ciudadanos coincidimos en que supone una injusticia cargar a las futuras generaciones con el coste de nuestros excesos. Pero la transversalidad de este consenso es sólo aparente. La brecha ideológica se abre en cuanto exigimos que se concreten qué excesos resultan intolerables: la izquierda insiste en los riesgos del cambio climático y la derecha en los de una creciente deuda pública. Y los moderaditos consideramos que existen buenas razones para velar tanto por la sostenibilidad climática como por la económica. El problema es que los políticos suelen priorizar la sostenibilidad electoral; si pensar en el futuro implica perder votos en el presente, lo siento por el futuro. El difícil equilibrio entre los intereses de los ciudadanos de hoy y los derechos de los ciudadanos del mañana siempre se resuelve recordando que los segundos no votan.
«Las dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema se han asfixiado con acusaciones de insolidaridad»
La tensión entre dos generaciones que votan es más difícil de arbitrar, pero suele resolverse según el mismo principio de peso electoral: los mayores son más y votan siempre. El ejemplo más reciente es la revalorización de las pensiones -incluidas las máximas- al frenético ritmo del IPC. Las dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema se han asfixiado con acusaciones de insolidaridad. Existen motivos para acusar de insolidarios (generacionales) a quienes han promovido la subida, pero es más fácil vender los panes de hoy que las hambres de mañana. Además, las pensiones son solo un ejemplo más de una predilección apreciable en todas las administraciones. ¿Saben cuánto pagan los mayores de 65 años por el abono de transporte en la Comunidad de Madrid? Cero, aunque cobren la pensión máxima o tengan rentas millonarias. El abono a partir de los 26 años cuesta entre 54,60€ y 131,80€ mensuales, aunque la usuaria tenga dos hijos a su cargo y cobre el salario mínimo.
Diría que el aparato argumental que acompaña a la recién aprobada ley de vivienda busca contrarrestar esta impresión cada vez más asentada en las mentes de los votantes de primera y segunda edad. El efecto indeseado de esta ley, además de la probable disminución de la oferta de pisos en alquiler, puede ser el de enfrentar al Gobierno con los votantes mayores. Porque fiel a su costumbre de aprovechar el BOE para sitiar a colectivos concretos, el Gobierno ha utilizado esta ley para señalar a los propietarios como causantes de los males de vivienda que sufre el país. Pero el colectivo de propietarios no lo forman cuatro señores con puro, sino personas de muy variada procedencia. Será tan difícil vender que todo propietario es privilegiado, como lo fue vender que todo pensionista es vulnerable.
