¿Por qué somos los campeones del paro?

Lamentablemente, y pese al conocido efecto maquillaje logrado por Yolanda Díaz por el que los trabajadores de temporada se computan ahora como empleados también en los periodos en los que no trabajan y cobran el subsidio de desempleo, las últimas entregas de la Encuesta de Población Activa elaboradas por el INE reflejan de manera evidente que el empleo no va bien, digan lo que digan los propagandistas oficiales.

Son ya tres trimestres consecutivos en los que viene creciendo el número de parados con un aumento acumulado de 208.000 desempleados, lo que ha provocado que vuelva a sobrepasarse holgadamente el listón de los tres millones, aquel cuyo descenso celebró tan alborozadamente la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno. En la misma dirección, también se han producido tres aumentos consecutivos de la tasa de paro, desde el 12,48% correspondiente al segundo trimestre de 2022, al 12,67% en el tercero, al 12,87% en el cuarto y al 13,26% en el primero de este año. También en este caso celebró entusiasta Yolanda Díaz que se bajara del 13%, porcentaje que se ha vuelto a superar. Quiere decirse que caeteris paribus, incluso con las reglas de cálculo ideadas por la ministra de Trabajo, el comportamiento del empleo evidencia que la economía española no se encuentra precisamente en la carrera de éxito que proclaman los apologetas del Gobierno.

Ni que decir tiene que nuestra tasa de paro sigue siendo la mayor entre todos los países de la Unión Europea, cuya media está situada en torno al 6%, menos de la mitad de la española. Quiere decirse que, además de la tibia coyuntura actual, subsisten los problemas de carácter estructural que asolan a nuestro mercado de trabajo.

«Una respuesta parcial a nuestro paro estructural puede encontrarse en nuestra regulación»

Hora es de preguntarse qué causas estructurales provocan este desfase español en relación con los países de nuestro entorno y quizás la respuesta, al menos parcial, pueda encontrarse en nuestra regulación. Situémonos en una cualquiera de las cíclicas crisis por las que inevitablemente pasa el sector de la construcción. Es fácil imaginar que en ella sean muchos los trabajadores manuales que pierdan su empleo y que, aprovechando su oficio, decidan instalarse por su cuenta ofreciéndose para realizar pequeñas tareas de reparación y conservación en domicilios particulares.

Para hacerlo, el albañil, el electricista, el pintor, el carpintero o el fontanero se dirigirán al gestor administrativo que anualmente les confecciona su declaración del IRPF transmitiéndole su intención. En ese momento, el gestor les informará que tienen que darse de alta en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social como trabajadores autónomos, debiendo pagar la correspondiente cuota a la segunda entidad. También les indicará que, en relación con la primera, quedarán obligados a un conjunto de obligaciones formales: emitir facturas por cada trabajo que realicen repercutiendo el correspondiente IVA a sus clientes; llevar varios libros o registros contables; presentar declaraciones periódicas -trimestrales y anuales- de IVA … todo ello además de seguir presentando la correspondiente al IRPF. Y, por supuesto, les comunicará la escala de tipos impositivos por los que tributarán sus futuros beneficios advirtiéndoles que, en tanto que autónomos, la Agencia Tributaria no les va a admitir la deducción de casi ninguno de los gastos en los que incurran.

También les relatará las múltiples y cuantiosas sanciones tributarias que les pueden caer si incumplen alguna de las obligaciones formales o materiales que quedarían obligados a cumplir. Y por último, el gestor les propondrá encargarse él del cumplimiento de todo lo expuesto presentándoles el correspondiente presupuesto por sus funciones.

«Es el propio Estado el responsable último del gran número de pequeños fraudes existente en España»

Conocido el escenario y valoradas sus coordenadas, lo más probable es que el paleta, el chispa, el brocha y demás trabajadores manuales que han perdido su empleo por cuenta ajena declinen la opción de darse de alta como autónomos decidiendo ejercer su oficio realizando sus chapas en la modalidad sin IVA, pasando a engrosar así la lista de parados perceptores del correspondiente subsidio de desempleo. Lejos de mi intención realizar un juicio a los trabajadores manuales que, abocados a la encrucijada descrita, optan por trabajar sumergidos. Por el contrario, estoy convencido que su decisión viene provocada por la inconcebible carrera de obstáculos y de costes de todo tipo que el Estado les obliga a superar para poder ejercer su oficio de forma regular.

En definitiva, y en función de lo expuesto, es el propio Estado el responsable último del gran número de pequeños fraudes existente en España. Solo así se entiende que nuestras estadísticas de paro sean las que son. Y solo así se entiende que la generalidad de estudios e informes sobre el fraude fiscal cuantifiquen el existente en España muy por encima del que existe en los países de nuestro entorno.

Revertir la situación descrita es más que obligado. Pero para revertirla se precisan varias cuestiones nunca fáciles de conseguir. Que los gestores del Estado se conviertan al realismo, que reconozcan los hechos, que se decidan a ponerles remedio, y que acierten en sus medidas. Liberar al pequeño autónomo del sinfín de obligaciones que hoy se le imponen y reducir la carga fiscal que hoy se le exige son condiciones sine qua non si realmente se desea reducir la actual dimensión de nuestra economía sumergida. No actuar en la dirección indicada solo puede responder a una ceguera descomunal o a una preferencia inconfesable por mantener el actual status quo. Pero de mantenerse éste, seguiremos siendo una rara avis dentro de la Unión Europea, club político al que pertenecemos, tanto por nuestros datos de empleo como por los referentes al incumplimiento fiscal.