Tranquilos: Europa nos vigila
«El estado de nuestras instituciones es alarmante, pero estamos dotados de una cláusula de salvaguarda que alivia nuestras inquietudes: somos parte de la UE»
Bandera de la Unión Europea.
Hay más que indicios de que nuestras instituciones políticas funcionan de forma muy deficiente. Tanto las legislativas, como las ejecutivas y las de control. En un libro reciente, España: democracia menguante, coordinado por el profesor Manuel Aragón y en el que colaboran otros varios catedráticos, todos ellos del Colegio Libre de Eméritos, se analizan aspectos relevantes de este mal funcionamiento.
La actual situación es alarmante, sin duda. Pero, por fortuna, estamos dotados de una cláusula de salvaguarda que alivia nuestras inquietudes: formamos parte de la Unión Europea y sus instituciones, en virtud de las competencias que les hemos transferido, nos vigilan y controlan. Frente a los posibles desmanes de los poderes que vulneran nuestras reglas democráticas nos defienden las autoridades europeas. Ya no sólo estamos en la Europa de los mercaderes, en el antes llamado Mercado Común, estamos desde hace muchos años en la Europa del Estado de Derecho. Lo hemos comprobado en los últimos días.
Primero nos visitó el comisario de Justicia Didier Reynders para participar en un acto organizado por la Asociación Mundial de Juristas que presidió el Rey Felipe VI. Allí repitió lo que había venido advirtiendo en otras ocasiones: «Recomendamos proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una prioridad. E iniciar inmediatamente después de la renovación un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos». Y añadió más adelante: «Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española de la Unión Europea en julio».
El lenguaje de las autoridades europeas siempre es dialogante, suave, diplomático. Pero aunque se trate de una simple recomendación (no de una directiva ni de un reglamento, ni de una decisión, todas ellas normas jurídicas de carácter vinculante) y, además, de una recomendación que se viene reiterando desde hace años, hay cierto tono conminativo en las palabras del comisario al acotar el período de tiempo en que debe hacerse efectiva: antes de julio, es decir, en junio.
«La UE tiene instrumentos para que se cumplan sus instrucciones»
No lo dijo Reynders pero la UE tiene instrumentos para que se cumplan sus instrucciones, desde procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión en su caso, hasta posibles bloqueos de fondos que deben ser transferidos a los Estados miembros. Polonia y Hungría saben de ello y, precisamente, en cuestiones parecidas. Pero además, el caso español es un incumplimiento flagrante de la Constitución, algo que no tiene justificación alguna.
El último intento de renovación fue en el otoño pasado al negarse por sorpresa el PP a dar su apoyo alegando que el Gobierno pretendía suprimir el delito de sedición del Código Penal, tal como efectivamente sucedió. Aún teniendo poderosas razones el PP por negarse a tal reforma penal, una simple exigencia de ERC sin ningún fundamento serio más allá de satisfacer intereses particulares, ello tiene poco que ver con negarse, por esta razón, a renovar el Consejo.
Se trata, en efecto, de dos materias de naturaleza y carácter muy distinto: una es la discrepancia respecto del contenido de una ley y otra es una obligación, un deber si se quiere, constitucional. Este segundo hay que cumplirlo sin excusa ninguna. Y, por unas u otras razones, lleva cuatro años y medio de retraso, un escándalo sin precedentes.
Poner trabas a la renovación del Consejo está produciendo retrasos en las resoluciones judiciales que perjudican gravemente a los ciudadanos y, además, politizan la justicia al desprestigiar su imagen como órgano independiente sin que jueces y magistrados tengan culpa alguna. Más allá de la enésima recomendación de Reynders, debería procederse de inmediato a la renovación y la presidenta del Congreso debería activarla lo más pronto posible.
En segundo lugar, en febrero pasado, visitó Madrd una delegación de la Comisión de control presupuestario del Parlamento europeo con su presidenta, la señora Monika Hohlmeier, al frente. Su misión era comprobar si los fondos europeos Next Generation entregados a España, nada menos que 40.000 millones de euros, se empleaban para los fines que se habían sido concedidos, unos fines determinados de forma general por la UE pero que debían concretar las autoridades competentes españolas.
«’Queremos ver cifras reales’, ha dicho la presidenta de la comisión parlamentaria europea»
La verdad es que los medios de información, en general, dieron poca importancia al asunto. Parecía una visita rutinaria, y quizás lo era, pero la impresión que se llevó la comisión parlamentaria no fue satisfactoria ni mucho menos, lo manifestaron públicamente, con escaso eco, algunos de sus miembros. Las autoridades españolas sólo les comunicaron que la gestión de los fondos había sido transferida a las comunidades autónomas. La Comisión lo admitió, era una cuestión interna de España, pero su interlocutor era el Gobierno y no las comunidades, éste era quien debía informarles de adonde se habían destinado dichos fondos, a cuáles empresas o sectores productivos y con qué finalidad. Son fondos condicionados que no se pueden gastar libremente.
Como he dicho las autoridades europeas emplean un lenguaje dialogante: se le concedió una moratoria al Gobierno para informara del destino final de los fondos. Sin respuesta española. Ya más impaciente, hace tres semanas, la señora Hohlmeier volvió a reclamarlos: silencio total. Ayer, dejando a un lado el lenguaje dialogante, usó un tono imperativo. Puede verse en directo el vídeo que oportunamente ha reproducido TO: «Queremos saber cuánto dinero ha alcanzado a la economía real, cuánto dinero ha sido gastado en hospitales, cuánto dinero ha sido gastado en problemas medioambientales, en áreas de digitalización… Queremos ver cifras reales».
Impresionante la alocución de la presidenta de la Comisión Parlamentaria, no sólo las palabras sino también el gesto, eso que suele denominarse lenguaje corporal. Ha tenido paciencia pero ya se le acabó: quiere ver «cifras reales».
Nosotros también, señora presidenta, gracias por hablar en nuestro nombre. De estos, y de muchos otros gastos, queremos ver cifras reales. Europa nos vigila, ¡qué tranquilidad!
