El valor del agua

El agua es un recurso natural de singular importancia ya que cumple múltiples funciones de carácter económico, social y medioambiental. Es un factor de producción clave en múltiples actividades económicas; agricultura, industria, producción de energía entre otras. Es un bien de primera necesidad y un elemento natural imprescindible para la configuración de los sistemas medioambientales. El agua es un bien de titularidad pública, sometido a un régimen especial de utilización y protección.

A pesar de la común creencia, en términos económicos, en España el agua no es un bien escaso, ya que el balance global entre oferta y demanda es positivo. El problema surge de que la distribución geográfica de los recursos es muy desigual. Mientras que, en algunas cuencas hidrográficas, como la del Ebro, la disponibilidad supera ampliamente el caudal ecológico y la demanda; sin embargo, en otras, como la cuenca del Segura, es necesario recurrir a los transvases o a la sobreexplotación de acuíferos para cubrir las necesidades locales. 

A esto hay que añadir las características de un país como el nuestro dónde la sequía que actualmente está castigando amplias áreas de nuestra geografía, es una de las constantes históricas que han marcado la situación del agua en España.

La corrección de los desequilibrios territoriales y el aseguramiento del suministro han sido los objetivos prioritarios de las políticas de aguas desarrolladas en España a lo largo del siglo XX. 

«En España la política de aguas se afrontó desde la perspectiva de la obra pública»

La solución tradicional se articulaba dentro de la política de obras públicas a través de la construcción de grandes embalses, aprovechando las facilidades desde las cuencas excedentarias hacía las deficitarias, de los que el trasvase Tajo-Segura constituyó el máximo exponente. De esta forma, en España la política de aguas se afrontó fundamentalmente desde la perspectiva de la obra pública.

Se trataba, por tanto, de un modelo de gestión hidrológica centrado en la oferta, es decir, en el aumento de las disponibilidades del recurso mediante la realización de grandes inversiones públicas. Esta política ha sido ampliamente cuestionada injustamente, tanto desde una perspectiva económica como medioambiental. Sin embargo, en muchas ocasiones, una mala asignación del recurso ha dado lugar a un modelo despilfarrador e insostenible de algunos bienes hídricos.

En un determinado momento histórico este modelo tuvo sentido. La notable carencia de infraestructuras, y la incuestionable necesidad de aumentar las disponibilidades del recurso para satisfacer las necesidades de la población, así como impulsar el desarrollo de la agricultura, tenía un carácter prioritario. A estas ventajas del modelo, se añadió el beneficio derivado de la generación de energía hidroeléctrica. 

Las transformaciones económicas y sociales de las últimas décadas, con la pérdida de importancia económica de la agricultura y el creciente grado de compromiso y exigencia social en materia medioambiental, obligan a rediseñar los modelos de gestión hidrológica. Las consideraciones de eficiencia económica y de sostenibilidad medioambiental racional deben ocupar un mayor protagonismo.

Este nuevo enfoque, más consistente con la actual realidad económica y con la sensibilidad social, debe centrar su atención tanto en el aumento de la oferta como en la gestión de la demanda. Esto se traduce en la asignación más eficiente del recurso en el ámbito interterritorial y en la introducción de mecanismos que incentiven el ahorro y el uso de tecnologías y prácticas menos intensivas en el consumo del agua. La utilización más eficiente de este recurso se constituye en un factor clave. El agua deberá ser asignada a aquellos usos que generen mayor valor añadido. 

«Los precios que deben pagar los distintos usuarios por el agua deben reflejar cada vez más su coste real»

Desde esta perspectiva los precios que deben pagar los distintos usuarios, agrícolas, industriales, consumidores por el agua deben reflejar cada vez más su coste real. Este es un principio clave para alcanzar un sistema sostenible de gestión de los recursos hídricos. El máximo exponente de los principios que guía la gestión política en esta materia es la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000, cuya principal preocupación es lograr un uso eficiente del agua.

La gestión de la demanda no debe desatender las necesidades de la oferta para atender dicha demanda. Sigue siendo necesario construir nuevas infraestructuras, para aumentar las disponibilidades del recurso y regular adecuadamente su distribución. Resulta necesario incrementar los trasvases como planteaba racionalmente el Plan hidrológico Nacional, que pretendía comunicar todas las cuencas; este fue derogado por Zapatero y sustituido por la construcción de desaladoras, solución que se ha demostrado ineficiente. En efecto, la utilización de desaladoras provoca importantes problemas medioambientales y produce un agua muy cara, por su alto consumo de energía.  Las 765 desaladoras disponibles en España tan solo han operado a un máximo del 16% de su capacidad en momentos de gran sequía. 

Dentro de la gestión de la oferta, es imprescindible tener capacidad para almacenar el agua, dada la recurrencia de las sequías en nuestro país que cada vez son más prolongadas. Es inaudito que estén presupuestados 2.500 millones de euros para nuevas demoliciones de presas por razones demagógicas y populistas. En el 2021 se demolieron o dejaron de operar 108 presas y 148 en el 2022. Los grandes perjudicados ha sido la agricultura y las poblaciones de las zonas afectadas.

El mantenimiento de unos precios artificialmente bajos y la ausencia de derecho de la propiedad privada sobre el agua no crean los incentivos adecuados ni para el ahorro ni para promover un uso racional y eficiente de los recursos hídricos, frenando el despilfarro que genera el sistema tradicional. 

«Es aconsejable un sistema de gestión de parte del agua conforme a los principios del libre mercado»

Por este motivo, es aconsejable un sistema de gestión de parte del agua conforme a los principios del libre mercado. Ello supone establecer derechos de propiedad sobre ésta y permitir que sea la libre concurrencia entre oferta y demanda lo que determine los precios en función de su abundancia o escasez. Esto permitiría que el recurso se asignara a los usos más productivos; una vez cubierto el caudal ecológico y las necesidades fundamentales.

La complejidad y pluralidad de objetivos inherentes a la gestión de los sistemas hidrológicos obliga a afrontar una visión integradora y de síntesis entre las dimensiones económicas y medioambientales del agua para afrontar las exigencias de ahorro y de mejorar la asignación de los recursos que se nos plantean hoy en día desde ambos frentes. 

La necesidad de creación de grandes infraestructuras y el papel preeminente del Estado no debe desaparecer en nuestro sistema de gestión hidrológica. Al mismo tiempo comienza a abrirse paso tímidamente los principios de un nuevo modelo más orientado hacia la gestión de la demanda, en el que el mercado debe tener un cierto lugar como mecanismo de regulación y respuesta tanto a las exigencias económicas como medio ambientales. 

Queda un camino largo por recorrer, cuyos dos principales destinos deben ser la instauración de un sistema de precios que refleje todos los costes y el desarrollo de infraestructuras hidráulicas que permitan la creación de un auténtico mercado nacional de agua, para gestionar una parte del recurso.Estos son los grandes retos pendientes para conseguir racionalizar y optimizar la gestión de un bien económico tan importante.

La concienciación social y política de que el agua no es un recurso gratuito sino un bien cada vez más escaso y susceptible de usos alternativos es fundamental para lograr una gestión más eficiente del agua.