El santo temor al déficit

El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos en un periodo determinado, generalmente un año. El hundimiento de la economía española en el año 2020, un -11,3%, provocó un fuerte aumento del déficit de las administraciones públicas que superó el -10,13% del PIB. El desplome de los ingresos por la profunda recesión económica durante la pandemia y el fuerte incremento del gasto público, sobre todo en sanidad y gasto social, explica por qué se llegó a ese nivel de déficit. El gasto público llegó a representar un triste e histórico 52,3% del PIB.

El crecimiento de la economía española un 5,5% los años 2021 y 2022 permitió que el déficit público se redujera y se situase este último año en el 4,81%. El fuerte incremento de los ingresos públicos -un 14,4%-, impulsados en gran medida por el efecto de la inflación, ayudó a esta recuperación. Los gastos públicos siguieron desbocados por lo que el desequilibrio de las cuentas públicas españolas sigue muy elevado.

El Fondo Monetario Internacional, en su reciente informe Perspectivas de la Economía Mundial, ponía de manifiesto su preocupación respecto a la consolidación de las cuentas públicas en España. El FMI prevé un déficit público del 4,5% para este año, seis décimas más que el estimado por el Gobierno, y que se enquistará en el 4% cada año, en el periodo 2026-2028, por el componente estructural; con lo que España incumpliría las «reglas fiscales de la Unión Monetaria».

En efecto, este profundo desajuste de nuestras cuentas tiene un componente cíclico y un componente estructural, siendo éste el de mayor preocupación. El componente cíclico se debe al funcionamiento de los estabilizadores automáticos. En época de recesión los ingresos se contraen automáticamente y algunos gastos públicos se incrementan como, por ejemplo, los subsidios de desempleo. Cuando la economía crece se produce el ajuste en sentido contrario, aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos públicos.

«El déficit estructural puede representar 3,5 puntos del PIB»

El componente más peligroso es el llamado déficit estructural, el cual es independiente del ciclo económico. Se estima que puede representar un 73% del déficit o 3,5 puntos del PIB. Tiene su origen en algunos componentes del gasto público que están desequilibrados por su propia estructura, como es el caso del Sistema Público de Pensiones. La irresponsable reforma de las pensiones, aprobada recientemente por el congreso, es un buen ejemplo. Provoca un incremento cierto del gasto estimando un futurible e hipotético aumento de los ingresos procedentes de la subida de las cotizaciones sociales y por el establecimiento de un nuevo impuesto sobre los salarios medios y altos. Enfrentarse a este problema requiere de profundas y acertadas reformas estructurales y unas fuertes convicciones políticas, debido a la fuerte contestación social que pueden originar dichas reformas.

El déficit público es el desequilibrio económico que, a corto plazo, menos se percibe por la sociedad, pero es uno de los que más distorsiones e ineficiencias provoca, tal y como recordaba continuamente el profesor Fuentes Quintana. Se trata de una carga intergeneracional, puesto que se traslada a las generaciones futuras en forma de deuda o inflación, lo cual es éticamente reprobable. Los escolásticos ya hablaban del «santo temor al déficit».

La deuda pública en España representa un saldo de 1,5 billones de euros al finalizar el año 2022, lo que significa un 112,7% del PIB; solo comparable con la situación alcanzada en el siglo XIX, que obligó a las desamortizaciones. La financiación del déficit público genera un efecto expulsión o crowding out sobre la financiación privada, puesto que la reduce y encarece; como está sucediendo en la actualidad con tipos de interés altos. También la financiación de un alto déficit público genera un efecto negativo sobre la balanza por cuenta corriente. Si el ahorro nacional no es suficiente para financiar la inversión y el déficit público, hay que acudir a la financiación extranjera. Esto puede provocar un déficit de la balanza por cuenta corriente con un estrangulamiento del crecimiento, como ya ocurrió en España en el año 2008.

Además, el déficit público estructural es inconstitucional, puesto que en septiembre del año 2011 se reformó el artículo 135 de la Carta Magna a instancias del Parlamento Europeo, siguiendo la recomendación de J. Bukanan en su Public Choice, en el que se establecería que no podría superar los criterios establecidos por la Unión Monetaria.

«El Gobierno está penalizando el potencial futuro de crecimiento y bienestar de nuestro país»

El alto gasto público y un elevado déficit favorecen la inflación, por lo que reducen la eficiencia de la política monetaria en la lucha contra la subida de precios.

El creciente incremento del gasto por razones fundamentalmente electoralistas, ese regalar dinero vía todo tipo de subvenciones, está limitando la capacidad de ajuste del déficit público. Este Gobierno está penalizando el potencial futuro de crecimiento y bienestar de nuestro país. Si se produce un cambio de Gobierno este debe luchar por el equilibrio presupuestario, y renegar del concepto populista y anti-progreso del «austericidio». Es imprescindible restablecer la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno Aznar y derogada por el de Zapatero.

Si queremos crecer sostenidamente y generar un bienestar sostenible hay que recuperar socialmente la idea del santo temor al déficit. Esta norma de gobierno fue aplicada por los gabinetes que siguieron al Desastre de 1898 y proporcionó a España el periodo de superávit presupuestario mas prolongado de nuestra historia.

Estamos a tiempo de evitar otro desastre.