Quién se atreverá a abrir el melón de la financiación autonómica
«La importancia de los resultados de las elecciones no sólo está en el cambio de ciclo político que sugiere, sino en la oportunidad de emprender algunas reformas»
La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Joaquín Corchero (Europa Press)
La importancia de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales no sólo está en el cambio de ciclo político que sugiere, sino muy especialmente en la oportunidad que supone de emprender algunas reformas postergadas desde hace años. De todas ellas, la más importante es abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, clave para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos básicos a futuro.
Un cambio de ciclo político puede ayudar a desatascar una irresponsabilidad compartida de los últimos cuatro Gobiernos centrales. El sistema actual está caducado desde 2014, momento en que debía haberse reformado adaptando los repartos en función de la realidad regional. Sin embargo, la necesaria reforma se ha ido postergando por diversas razones. Primero fue por el cambio del mapa político autonómico y el choque que produjo con el signo político del Gobierno central. Después fueron cuatro procesos electorales nacionales en tres años y, entre medias, otras elecciones autonómicas. Hasta llegar a la actualidad, donde ni siquiera la necesidad de apoyarse en partidos que reclaman mejoras en el reparto de fondos ha llevado a negociar la reforma del sistema.
Lo sentenció en marzo la ministra de Hacienda ante una petición parlamentaria de uno de sus socios parlamentarios, Compromís. Es especialmente significativa esta interpelación dado que la Comunidad Valenciana es la que reclama históricamente déficit de financiación. Desde la pandemia, la falta de reforma ha sido suplida con una avalancha de dinero hasta el punto de llegar a la máxima laxitud a la hora de hacer las liquidaciones del sistema de financiación, así como los préstamos que se concedieron al amparo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Sólo para 2023 las CCAA van a recibir 26.000 millones más que en 2022 hasta 134.335 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de los cuales 124.291 millones son entregas a cuenta y 10.980 millones son procedentes de una liquidación positiva de 2021. El incremento extraordinario de la recaudación de los tributos más importantes que se ceden parcialmente (IRPF, IVA e II.EE), sumado a los fondos europeos, propicia una avalancha de miles de millones para las autonomías que han registrado presupuestos expansivos en la misma línea que el presupuesto del Estado.
«Cataluña y Comunidad Valenciana son las que más inversión en términos de PIB han recibido del Gobierno central desde 2018»
Las dos regiones que tradicionalmente reclaman déficits financieros como son Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más inversión en términos de PIB han recibido del Gobierno central desde 2018. Sólo para 2023 Cataluña concentrará el 18,4% del total de inversiones territorializadas, porcentaje superior al peso de Cataluña sobre el PIB nacional, mientras que Valencia supone un 9,3%, prácticamente el mismo porcentaje que pesa la economía valenciana sobre el total nacional.
Aun teniendo la mayor fuente de financiación tributaria de la historia, el gasto ha ido muy por delante que los ingresos y la deuda ha seguido creciendo. Cataluña tiene que buscar financiación por importe de 10.665 millones de euros este año, con una deuda acumulada de 84.300 millones. En el caso de la Comunidad Valenciana, el stock de deuda pública es de 55.000 millones, registrando uno de los déficits presupuestarios más altos de todas las regiones. Estos resultados negativos, unidos a las reivindicaciones crecientes de financiación, han puesto el foco en aquellas regiones que tienen un mejor desempeño fiscal, principalmente la Comunidad de Madrid. Los ataques continuos a una supuesta posición privilegiada de Madrid también han servido como perfecta cortina de humo del cambio que debería haberse producido hace ya años del marco de financiación regional.
También ante la mejor situación financiera de los últimos años, los servicios públicos básicos como sanidad y educación han mostrado sus costuras tras la pandemia. Éste debería ser el principal eje de actuación en la próxima legislatura, dando prioridad a aquello en lo que la ciudadanía es más sensible. Una reciente encuesta de Sigma Dos indicaba que más del 95% de los encuestados pedía incrementos en las partidas de sanidad como prioridad política.
Con unas previsiones de superar el objetivo de déficit para 2023 (-0,1% del PIB) en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia hasta el -0,3% según la Airef, este año será probablemente el último de heterodoxia presupuestaria para que a partir de 2024 se empiece a cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. Así es cómo el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea, estableciendo como objetivo de déficit público el 3% del PIB para 2024. La vuelta al rigor presupuestario, sumada al cambio político, genera un escenario favorable para abordar la reforma de la financiación, aunque esto suponga importantes tensiones entre los partidos, pero incluso entre miembros de los mismos partidos. Por ello, está por ver quién tendrá el valor político y económico de abrir el melón de la financiación autonómica.
