A favor de la herencia universal
«Contrariamente a la propuesta de Sumar, que suscribo, no pondría ningún requisito, ni supervisión, ni tara burocrática en el otorgamiento del dinero»
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, durante el primer acto de escucha de Sumar | Europa Press
Entre el ruido y la furia de la campaña no ha sido comentada con la seriedad que merece la propuesta electoral que considero más atractiva. Quizá porque es de Sumar y está recogida en su programa junto a muchos despropósitos y retrocesos. Es como descubrir en una librería de lance una primera edición valiosa entre pilas de libros inútiles, un auténtico «garbanzo de a libra» que merece una reflexión. Se trata de otorgar a cada joven español que cumpla 18 años a partir de la entrada en vigor de la medida, pero cinco años después y en una sola exhibición, 20.000 euros. La idea se le atribuye al economista francés Thomas Piketty, pero en realidad es original del ensayista mexicano Gabriel Zaid.
Ante el gigantismo del México de los años setenta, y su manifiesta corrupción e inoperancia, Zaid, en El progreso improductivo, propuso destinar el grueso de los recursos no a las prestaciones sociales sino a un reparto universal en efectivo. La renta impositiva estaba capturada por el eterno Partido Revolucionario Institucional, por los empresarios amigos y por los sindicatos oficiales. La estructura y dimensiones del Estado costaban mucho más que lo que al final llegaba al ciudadano en unos servicios públicos de bajísima calidad. Algo parecido, por cierto, a lo que pasa hoy con las oenegés del mundo desarrollado, cuyas estructuras dan trabajo en Europa y Norteamérica con unos recursos supuestamente destinados a los más pobres del mundo.
«Llevada al extremo, la idea de Zaid es irrealizable: no es concebible un Estado sin las funciones básicas, y la sociedad bascularía entre la anarquía y la tiranía»
Por ello, Zaid proponía, sin burocracia ni requisitos, sin distinciones de ingresos, el reparto directo de dinero, y que cada ciudadano decidiera según sus necesidades. Llevada al extremo, la idea de Zaid es irrealizable: no es concebible un Estado sin las funciones básicas, y la sociedad bascularía entre la anarquía y la tiranía. Pero aplicada con sentido común, era una propuesta igualitaria. Más tarde la retomarían otros pensadores como Muhammad Yunus, Anthony Barnes Atkinson y el ya mencionado Thomas Piketty, sin dar crédito al mexicano.
Las pocas notas y comentarios en la prensa han sido casi exclusivamente para burlarse de la propuesta de Yolanda Díaz, sobre todo porque el sistema de financiación propuesto se basa en un nuevo impuesto a las grandes fortunas, conejo en la chistera de todas las soluciones para la izquierda radical que olvida un detalle: castigar la riqueza con impuestos excesivos produce fuga de capitales, deslocalizaciones, cambios de residencia fiscal, menor inversión y, al final, menos dinero en las arcas públicas.
La medida no es algo menor en términos de monto. Tendría un costo de cerca nueve mil millones de euros al año, medio punto del PIB español (aunque decreciente por la pirámide de poblacional, que tiene cada año generaciones menos numerosas). Si se piensa que España tiene que regresar a la disciplina presupuestal que impone Europa, tras la manga ancha por la pandemia (circunstancia aprovechada por el Gobierno para un derroche en muchos rubros, como la creación de empleo público y uso patrimonialista de las ayudas), la propuesta es impracticable. Pero si se compara el monto de esta «herencia universal» con el presupuesto del año pasado, de casi 635 mil millones de euros, la cantidad pasa de ser un escándalo caricaturesco a algo realizable con buena administración, incluidos los inevitables recortes, ya que la cifra no llega ni al 1,5% del gasto público. Y se podría programar la economía durante un lustro para hacerla efectiva.
«Los jóvenes más capaces se van hacia economías con mayor flexibilidad, permeabilidad y capacidad de absorción»
Los jóvenes en España enfrentan una situación mucho peor que el resto de la población y que sus pares europeos. Y ahí están los índices para comprobarlo. Por una parte, los jóvenes mejor preparados –científicos, técnicos, profesionales–, tienen una tasa de emigración peligrosamente alta. España paga una formación de décadas que no sabe después cómo aprovechar. ¿Cuánto cuesta esto? Los jóvenes más capaces se van hacia economías con mayor flexibilidad, permeabilidad y capacidad de absorción. O a emprender a países más abiertos la iniciativa privada. España tiene la tasa de paro juvenil más alta de Europa, la mayor población de los llamados «ninis», que ni estudian ni trabajan, y, por lo tanto, una tardía emancipación del hogar familiar, con lo que eso implica en el proceso de madurez, autonomía afectiva y libertad personales. Estas condiciones están relacionadas de manera directa o indirecta con temas mucho más complejos y multifactoriales, como la tasa de suicidio, la pobre vida sexual y el alto índice de alcoholismo y otras adicciones.
Contrariamente a la propuesta de Sumar, que suscribo, no pondría ningún requisito, ni supervisión, ni tara burocrática en el otorgamiento del dinero. Sale muy caro filtrar los los casos, genera una burocracia innecesaria, es imposible controlar ese dinero y totalmente improcedente cualquier castigo o sanción. No haría tampoco filtros por ingreso familiar ni por ningún otro tema. Sólo habría que tener nacionalidad española al cumplir los 18 años (para evitar el efecto llamada), DNI vigente y una cuenta bancaria a los 23 años, edad en que en promedio se termina los estudios universitarios y uno debería ser capaz de dejar el entorno familiar que en España es laxo en lo moral (por suerte) pero sobreprotector, y, por lo tanto, inhibidor, paralizador, castrante.
La medida generaría una economía completamente nueva en torno a los jóvenes, se abrirían (y cerrarían) nuevas empresas, muchas con múltiples socios generacionales, habría un auge arquitectónico de viviendas compartidas, de viajes, de aprendizaje y exploración. Beneficiaría a la economía formal, al apalancamiento de los bancos y ayudaría a generar ciudadanos integrados y confiados en el sistema democrático y de libertades del que goza España. Es difícil ser nihilista con toda la vida por delante y 20.000 euros en el banco.
Para el resto de los problemas, siempre quedarían las oposiciones.
