Voto por correo: otra afrenta de Sánchez a la democracia
«Seleccionar una fecha atípica con el fin de poner trabas a la participación política de parte de los españoles evidencia la escasa cultura democrática de Sánchez»
Ilustración de Arancha Tendillo.
Mientras nos enfrascamos en los dimes y diretes de los debates electorales televisados e invertimos una parte nada desdeñable de tiempo en desmentir bulos, reproducir chascarrillos y compartir zascas, ignoramos al elefante en la habitación. Ciertamente, hay que reconocerle al sanchismo la habilidad para excomulgar de la comunidad democrática a cualquiera que se haya atrevido a señalar la irresponsabilidad del presidente de anunciar un 29 de mayo que adelantaba las elecciones generales al 23 de julio. Advertir sobre los problemas con el voto por correo poco menos que lo asemejan a cuestionar la democracia misma.
Millones de españoles ya habían organizado y reservado sus vacaciones, por lo que, aunque pudieron solicitar el voto por correo inmediatamente después del anuncio de adelanto, la posibilidad de recibirlo y entregarlo en las oficinas pasaba por que les llegasen los sobres antes de marcharse. Los que escogieron como destino algún punto de nuestro país han podido solicitar la reexpedición y votar en el establecimiento de Correos de su residencia veraniega, pero los que han tenido que abandonar el territorio nacional antes de recepcionar el sobre, se quedarán sin poder ejercer su derecho.
Y ello a pesar del enorme desempeño del personal de Correos, al que el adelanto electoral pilló con el cuadrante de las vacaciones de su plantilla ya cerrado y sin los medios materiales necesarios para garantizar la entrega temprana de los más de dos millones y medio de solicitudes. El personal de nuestra empresa pública postal, con su esfuerzo, ha evitado que el caos del voto por correo haya derivado en un episodio democrático mucho más ignominioso. La magnitud del problema es tal, que la Junta Electoral Central (JEC) ha accedido, a instancias de Correos, a prorrogar el plazo para votar por correo hasta el viernes 21 de julio, a las 14 horas.
En nuestro país se ha batido el récord histórico de solicitudes para votar por correo: 2.622.808 de peticiones, es decir, tres veces más que las registradas en las elecciones generales de 2019 —que aunque no alcanzaron el millón ya suponía la segunda cifra más alta hasta la fecha—. Ayer, jueves 20, todavía había unas 400.000 personas sin votar, de las que algo menos de la mitad no habían recogido todavía la documentación electoral de las sucursales, tras el intento por parte de los carteros de localizarlos en sus domicilios. Si tenemos en cuenta que en los comicios generales celebrados entre los años 2000 y 2015 la media del voto por correo se situó en torno a los 650.000 (osciló entre los 482.000 en el año 2000 y 788.000 en el 2015), la posibilidad de que la cifra de solicitantes que no acaben materializando su voto en estas elecciones ronde la mitad del total de electores por correo que otros años resulta escalofriante, ciertamente.
«La excepcionalidad de la situación tiene origen en la irresponsabilidad consciente de Pedro Sánchez y su equipo»
Que nadie olvide que la excepcionalidad de la situación y de la decisión adoptada por la JEC tiene origen en la irresponsabilidad consciente de Pedro Sánchez y su equipo, que adelantaron los comicios a julio porque en sus cálculos estimaron que la desmovilización y la baja participación podían resultarles beneficiosas.
Por más que se empeñen los plañideros del sanchismo en acusar de trumpistas y antidemócratas a los que exponemos la gravedad de lo que viene sucediendo en torno al voto por correo, la cruda realidad es que su loado mesías presidencial, el mismo que siembra el temor sobre los derechos que serán arrebatados a los españoles si gobierna la derecha, escogió la fecha electoral a sabiendas de que dificultaría —cuando no impediría— a cientos de miles de ciudadanos hacer efectivo uno de los derechos fundamentales sobre los que pivota la democracia: el derecho al sufragio activo.
El artículo 23.1 de nuestra Constitución, siguiendo la línea marcada por el art. 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, consagra internacionalmente el derecho de participación directa o a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas con sufragio universal. La vertiente individual del derecho a la participación política en los asuntos públicos es condición indispensable del Estado democrático, pues mediante ella los ciudadanos contribuimos a la formación democrática de la voluntad estatal, concretamente a través de la elección de los representantes que forman los órganos en donde ésa se expresa.
Seleccionar una fecha atípica del calendario con el indisimulado propósito de poner trabas al ejercicio por parte de los españoles del derecho a la participación política, a la actualización periódica de la soberanía nacional y a la materialización de la alternancia en el Gobierno pone en evidencia, una vez más, la escasa cultura democrática y catadura moral de Sánchez y de todos sus aplaudidores. No contentos con que vaya a haber cientos de miles de votos que no llegarán a las urnas a consecuencia de su decisión, se permiten despreciar desde su púlpito condescendiente a los que advirtieron de que esto pasaría. Nada más próximo al trumpismo que estos autoproclamados antitrumpistas.
