Mamporreros y palmeros de la amnistía
«Tienen que resolver la amnistía. Lo primero es que en los medios de comunicación los presuntos expertos, o mamporreros, aseguren que todo es posible»
Hace unos días, en estas mismas páginas, avisaba de los previsibles e inminentes juegos de ingeniería jurídica y política que empezarían a escucharse para introducir con vaselina en la opinión pública teorías y supuestas doctrinas que intentarían convencernos de que la amnistía tenía encaje dentro de la Constitución.
Mamporreros y palmeros del Gobierno ya han empezado con esta operación que es necesaria, pero no suficiente, para cumplir con los chantajes de Puigdemont a Sánchez antes de darle los votos necesarios para volver a ser presidente. Creen en la Moncloa que el segundo gran chantaje, el tema del referéndum, lo pueden envolver, marear y camuflar en una resucitada mesa de negociación, mediante una propuesta de una consulta que en el fondo implique una pregunta sobre si hacer otra consulta que no sería vinculante, pero que cómo muchas otras cosas en el método Sánchez, puede ser cambiado y justificado en el tiempo. O al contrario.
Pero antes tienen que resolver el de la amnistía. La cuestión es compleja, ¿qué se necesita para convencer a todos de que lo prohibido es legal? Analizando los procedimientos usados habitualmente por el líder socialista, lo primero es que, en esos medios de comunicación, que según Sánchez controla la derecha en un 90%, se empiece a rebajar el grado de escándalo que supondría una amnistía con el uso teledirigido de presuntos expertos, o mamporreros, que dirijan la narrativa y aseguren que todo es posible. Y con mucho ruido. Cuanto más se hable, más real y posible parece.
Algunos podrían pensar en incluir en este grupo a Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y colaborador habitual de medios, según consta en su perfil de Wikipedia, como El País, El Periódico de Cataluña, eldiario.es, y de la Cadena SER además de columnista habitual La Vanguardia, El Punt, Diario de Barcelona, Revista de Girona, Jano, El 9, Avui, El Periòdic d’Andorra, Serra d’Or, Catalunya Ràdio, COM Ràdio y en las televisiones BTV y por supuesto, la siempre presente en estos casos, TV3. Curiosa coincidencia porque muestra una amplia y numerosa gama de medios que no parecen controlados por esa derecha mediática que maneja todo según denuncia Sánchez. Pues bien, a Pérez Royo esta misma semana en RNE, medio público que se entiende que tampoco es de derechas, un periodista entusiasta le preguntaba «por la forma de sortear la posible inconstitucionalidad de la amnistía». Pregunta ya de por sí sorprendente. Se preguntaba sobre cómo sortear un delito y se le preguntaba a un catedrático de derecho. Pero este es el nivel en el que estamos y atentos que bajaremos todavía más.
La respuesta de Pérez Royo mantuvo el nivel de delirio: «No hay inconstitucionalidad de ningún tipo». Dijo que la amnistía es perfectamente posible porque no hay ningún articulo de la Constitución que lo impida. Y añadía que incluso cuando se habla en la Carta Magna de los indultos generales, tampoco los prohíbe. Según el catedrático, el espíritu (que sólo él debe de conocer) de la prohibición expresa de los indultos generales del artículo 62 de la Constitución sería que si bien es verdad que prohíbe a las Cortes Generales que habiliten al gobierno para que dicte indultos generales, ese espíritu quería expresar que sí podrían ser hechos por las propias Cortes Generales. El poder legislativo sí podría. Con un par. Así arranca el mundo de supuestos, peros y excepciones que no están escritas ni habladas ni consensuadas ni aprobadas ni vigentes ni legales.
Pero en el método Sánchez esto da lo mismo. El doble mensaje subliminal está lanzado: 1- Ningún artículo de la Constitución prohíbe la amnistía. 2- Ningún artículo de la Constitución prohíbe a las Cortes generales que concedan un indulto general. El siguiente paso es que todos los medios empiecen a hablar del asunto. Da lo mismo el mensaje, lo que importa es el ruido. Y declaraciones como las de Pérez Royo hacen ruido. Luego es el turno de los palmeros tertulianos para que el ruido se vaya afinando y ue el mensaje empiece a calar y acabe pareciendo una opción real que, aunque haya que desarrollar, se puede conseguir desde una presunta y supuesta legalidad.
«El siguiente paso es que todos los medios empiecen a hablar del asunto. Da lo mismo el mensaje, lo que importa es el ruido»
Frente a ese ruido, la verdad. ¿Pueden considerarse los indultos generales prohibidos en la Constitución como una medida jurídica y política más pequeña que la amnistía? Lo son. ¿Puede entonces dictarse una amnistía por el hecho de que no se cite expresamente en la Carta Magna? No se puede. Los padres de la Constitución prohibieron expresamente los indultos generales como medida más pequeña que la amnistía por el riesgo de que algún insensato lo intentase. Cómo diría un castizo: lo vieron venir. Y no citaron la amnistía porque entendieron que eso iba ligado a un cambio de régimen político. Si estaban estableciendo una Constitución para una democracia basada en el Estado de derecho, no tenía sentido que se planteara la posibilidad de tal decisión. ¿Una amnistía en un Estado democrático y de derecho? Son conceptos incompatibles para cualquier persona, no ya con estudios jurídicos, sino solo con sentido común. Pero no para el que necesita siete votos de Junts para ser investido como presidente.
Desde Moncloa anuncian que van a por todas (aunque a la vez sigan cuestionando el recuento electoral incluso recurriendo al Tribunal Supremo). Y creen también que para intentarlo y conseguirlo no vale cualquiera. Necesitan en los puestos clave contar con personas incondicionales que ayuden en cada parte del proceso. Puestos claves como la presidencia del Congreso, la Fiscalía General del Estado y sobre todo la mayoría en el Tribunal Constitucional.
Sánchez sabe que los tiene a casi todos controlados y además cuenta con el respaldo de todos los independentistas en todos los órganos e instituciones donde se necesite dar un empujón. Ya cambió el Código Penal, ya adulteró el nombramiento del fiscal general del Estado con una exministra, y lo mismo el TC con otro exministro. Cree que puede doblar la Constitución sin que parezca siquiera un accidente. Cree que él está por encima de los resultados electorales. Y cree que él está incluso por encima de la Constitución. Es Sánchez.