THE OBJECTIVE
Guadalupe Sánchez

Amnistía

«Una amnistía a los ‘procesistas’ es una aberración jurídica y moral: es asumir a nivel institucional el relato independentista sobre la democracia española»

Opinión
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Amnistía

Carles Puigdemont.

Los griegos asociaban la memoria a la diosa Mnemosine, madre de las musas protectoras de quienes hallaban en la capacidad de recordar su principal fuente de inspiración: artistas, científicos, escritores y filósofos. Nuestra palabra amnistía, que deriva del griego amnestía, está vinculada así a la diosa helena de la memoria y del recuerdo. Pero aunque su etimología sea la misma que la de amnesia, existe una diferencia semántica entre ambos términos: mientras que esta última palabra denota un olvido generalizado, la amnistía sólo el olvido de los delitos cometidos.

La amnistía es, por lo tanto, una forma de amnesia institucionalizada que determina el olvido por parte del Estado de la comisión de un hecho punible, extinguiendo la responsabilidad penal de los autores. No hemos de confundirla con el indulto, pues mientras la amnistía es una medida colectiva que deja incólume los antecedentes penales de los afectados, el indulto se concede individualmente y determina el perdón -total o parcial- del cumplimiento de las penas impuestas, pero sin borrar el delito ni extinguir la responsabilidad civil derivada del mismo. Además, mientras que el indulto sólo puede concederse a quienes han sido condenados en virtud de sentencia firme, la amnistía puede amparar a detenidos o imputados que aún no hayan sido procesados, juzgados o condenados. 

Pero la amnistía es mucho más que un indulto anticipado y constituye la forma más efectiva de impunidad, ya que permite eludir la acción de la justicia y evita que el amnistiado tenga que responder penal o civilmente por sus actos. Dicho en román paladino: la amnistía determina que el delincuente deje de serlo y que no tenga que responder por su conducta. Tanto es así que, incluso los beneficiarios de la misma que no hayan resultado condenados en firme, podrían reclamar una indemnización o restitución con causa en las resoluciones judiciales o administrativas afectadas por la amnistía (como ya analizó la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1978 relativa al RDL de amnistía de 30 de julio de 1976). 

Por todo lo anterior, la amnistía se concibe como una herramienta jurídica óptima para articular el cambio de régimen político en un Estado que transita de la dictadura a la democracia, pues se produce una sustitución de criterios sobre lo que es lícito o ilícito en materias comúnmente relacionadas con la esfera política. 

«La amnistía no cabe allí donde rige el principio de legalidad y se proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos»

La amnistía es, en consecuencia, una medida excepcionalísima extraña a los Estados liberales y democráticos de derecho, dado que éstos se cimentan sobre la garantía de las libertades políticas. La amnistía no cabe allí donde rige el principio de legalidad y se proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos. Y es precisamente por esto por lo que plantear una amnistía a los procesistas es una aberración jurídica, ética y moral: supone asumir a nivel institucional el relato independentista sobre la democracia española, en especial sobre su sistema judicial. Comporta admitir que, en España, no todos los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley: hay un puñado de ellos, los líderes independentistas, que pueden violarla impunemente siempre que sus votos resulten necesarios para investir a un socialista.

Efectivamente, la amnistía al procesismo implica un ataque frontal a la independencia del poder judicial, privando a los jueces y tribunales de su facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (artículo 117.3 de la Constitución). Conlleva sembrar la sospecha sobre la parcialidad de Pablo Llarena, Manuel Marchena y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Significa aceptar que España es un «Estado fascista» donde se persigue a las personas por sus ideas políticas y donde existen «presos políticos» condenados por «jueces fachas». Si el indulto fue un menosprecio al principio de legalidad, la amnistía supone un auténtico insulto y la confirmación de que su vigencia en España puede condicionarse a las necesidades políticas de un sujeto sin escrúpulos que encuentra en el poder una forma de autoafirmación personal.

No obstante, me van a permitir que no haga especial énfasis en el tema de la inconstitucionalidad de una eventual ley de amnistía, porque tras el asalto y toma del Tribunal Constitucional el pasado diciembre, no creo que tenga demasiado sentido debatir la cuestión. Mucho me sorprendería que la mayoría progresista no terminara aplicando su rodillo para avalar la infamia recurriendo a boutades del tipo «en la Constitución cabe todo lo que no sea inconstitucional expresamente», como he leído ya a algún jurista entregado a la causa. Si esto fuese así, no podríamos descartar una ley que regulase la esclavitud y a nadie se le pasa tal estupidez por la cabeza. Pero miren, lo que sí que es cierto es que la Carta Magna proscribe los indultos generales (art. 62) y, en Derecho, quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Como explicó el catedrático Enrique Gimbernat, la prohibición resultaba superflua pues se entiende implícita: «Es imposible que lo que es menos beneficioso (el indulto general) se haya declarado expresamente inconstitucional en la Constitución y que lo más beneficioso (la amnistía general) no se haya declarado inconstitucional».

Debates legales aparte, lo que resulta incuestionable es que la amnistía determinará la culminación del procés, su verdadero triunfo. Esta vez ejecutado no ya en el Parlamento catalán, sino en el Congreso de los Diputados por los propios socialistas, convertidos en un vehículo del independentismo por obra y gracia del sanchismo. Y lo harán jaleados por una masa ingente de periodistas y votantes dispuestos a deglutir y justificar cualquier barbaridad con tal de que gobiernen los suyos, porque más que su país les importa «disfrutar viendo cómo se joden los fachas». La España 2023-2027 será el reflejo de la Cataluña 2014-2017 porque a Sánchez así le conviene.

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