Pedro y los lobos

La exigencia de un nuevo recuento de votos nulos en Madrid ha sido la mejor muestra de cómo entiende el PSOE de Pedro Sánchez su relación con el sistema político y su normativa vigente. No hace la propuesta porque haya apreciado la menor irregularidad, sino simplemente porque existía un margen relativamente corto en contra suya después del recuento de los votos CEDA. La pretensión no es grave, pero sí lo es el juicio negativo que vierte luego sobre el rechazo de que es objeto por la Junta Electoral y lo es también su empecinamiento en ir elevando la protesta hasta que pueda llegar al campo acotado bajo su control, el Tribunal Constitucional.  

La democracia pasa así de ser un procedimiento normativizado para alcanzar decisiones, a un instrumento para adoptar aquellas que convienen a un gobierno. A efectos de que tal pretensión sea asumida por la sociedad, el discurso gubernamental se configura como una sucesión de evidencias que confirman su visión de la realidad y si es menester, la esconden convenientemente. Lo sucedido tras el 23-J permite ahorrar ulteriores comentarios. Desde la aparición de Pedro Sánchez en el balcón de Ferraz al último de los comentarios de sus seguidores casi un mes más tarde, nunca hubo un reconocimiento de que el PP había sido el partido más votado.

El martillo pilón de la propaganda oficial insistió una y otra vez en el fracaso del PP, más tarde hasta hoy en la pretensión absurda de Feijóo, de presentarse para la investidura sin apoyos. Sobre PP-Vox, una pinza entre subrayar la dependencia y potenciar el coste de la ruptura para el PP. A partir de aquí, toca en los medios oficiales afirmar que todo está resuelto para el gobierno «de progreso» y esconder, tanto las concesiones otorgadas como el muro opuesto por Puigdemont, con la amnistía en primer plano. Cualquier cosa menos someter el tema a un debate libre. De cara a la decisión del Rey sobre la investidura, nueva ocultación de lo que representa la insistencia de los aliados de Sánchez a las consultas previstas en la Constitución, compensada por sugerencias inequívocas de que sólo él puede ser elegido para presentarse a dicha investidura.

Es la expresión del control ya adquirido, casi en su totalidad (falta el CGPJ) sobre el aparato de Estado, con una pirámide del poder, con Sánchez en el vértice, cuya legitimidad reside según ese mismo discurso oficial, en mantener al país en la senda del progreso frente a la reacción personificada por la derecha. Eso es todo. Además, ahora con Sumar de apéndice sustituyendo al incómodo Podemos, la aspiración al monopolio del partido-Estado puede verse realizada en el terreno de las grandes decisiones, imponiéndose sin dificultad a la resistencia ya garantizada del Senado y de las comunidades en manos de la oposición conservadora.

Solo que por una de las jugadas sorpresivas del viejo topo, toda esa concentración de poder en el partido-Estado no lleva a un fortalecimiento del propio Estado, sino a una puesta en cuestión a medio plazo de su supervivencia. El monopolio político ejercido por Pedro Sánchez, y su propio mantenimiento en el poder, depende de unos partidos nacionalistas -catalanes, vascos y gallego-, que a la vista de los números registrados el 23-J, les permite ejercer una influencia decisiva. Cuenta la utilidad marginal de sus votos. El resultado es conocido: los resultados obtenidos por Pedro Sánchez y su acólito Sumar, solo pueden traducirse en formación de gobierno con el apoyo explícito de nacionalistas e independentistas. Es más, en último término, el hoy presidente en funciones depende para su futuro del grupo catalán encabezado por Carles Puigdemont, de su «mando a distancia». El Gobierno de España depende del líder del independentismo catalán, prófugo de la justicia española por la proclamación de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. Todos lo sabemos, pero hay que repetirlo.

Una situación excepcional que no se produciría en ninguna otra democracia europea. Resulta impensable que un  gobierno democrático en Francia o en Alemania subordine su existencia a un partido que pura y simplemente tuviera por objetivo la destrucción del régimen constitucional vigente y del mismo Estado. Una línea roja por desgracia ignorada en  el caso de Pedro Sánchez, el cual, cuando su interés está comprometido, por decirlo en catalán con palabras de Quico Pi de la Serra, en el orden político tè un cul d’infinita cabuda. Puigdemont y sus correligionarios lo saben y por eso juegan a fondo, tras la demostración de fuerza y aparente concesión al elegir una socialista para presidir el Congreso de diputados.

«Con Sumar de apéndice sustituyendo al incómodo Podemos, la aspiración al monopolio del partido-Estado puede verse realizada en el terreno de las grandes decisiones»

Aquí ya fue alto el precio pagado, al colocar en el puesto tercero de la jerarquía del Estado a una mujer, Francina Armengol, conocida por su oposición a que el artículo 155 fuera aplicado y por su práctica política de ignorar como presidenta balear la jerarquía político-lingüística marcada por los artículos 2 y 3 de la Constitución. Al modo de Cataluña, impuso la prioridad otorgada a la lengua cooficial sobre el idioma del Estado. En el mismo sentido, al presentarse como presidenta del Congreso, se apresuró a dejar las cosas claras, anunciando «un compromiso» con el catalán, el euskera y el gallego al mismo nivel que el castellano. Lo aplicó de inmediato al anunciar la autorización para que fuesen utilizados en los debates, incluso antes de establecer medios técnicos para que los discursos fueran entendidos por otros diputados. Si no entienden, peor para ellos; la España plural triunfa.

La innovación «progresista» de Armengol responde a su concepción «plurinacional» de España, en radical contradicción con la norma de 1978. Lo ha dicho con frecuencia, incidiendo además en el error interesado de afirmar que su concepción es federal, y a la alemana. No hay un eje nacional español y en el marco del Estado todas las naciones son iguales. Para completar el caos, la identidad es establecida desde abajo, como las islas del archipiélago balear, no fijada. En cuanto al idioma, los efectos se han sentido pronto en el Congreso, al decidir un diputado oscense de Sumar intervenir en fabla aragonesa. No va a ser menos, y tampoco hay que atenerse al ‘sí’ a la Constitución, según el Reglamento vigente. Mejor anunciar un futuro republicano para Euskadi y Cataluña, o declararse fieles al 1 de octubre, por no votar al chápiro verde. Amparada en el TC, Armengol sigue a Batet. Un momento clave del ritual de formación de la soberanía democrática resulta así arrojado a la basura.

Es el prólogo al órdago planteado por Puigdemont y que Pedro Sánchez estará sin duda dispuesto a aceptar, por mucho que intente dorar la píldora: no habrá votos de Junts, sin seguridad de amnistía (o algo equivalente). Por ahora, es aplazado el referéndum formalmente consultivo de autodeterminación, o queda para la agenda oculta. No importa que la Constitución cierre aquel camino, incluso el de un indulto general. «Si hay barreras, las salto», como decía el Rey en La venganza de don Mendo, cita adecuada para el caso porque en todo esto el abuso de poder nos adentra en el terreno del esperpento. Lo es ya haber aceptado la comisión de investigación orientada a ratificar el bulo indepe de la implicación del CNI en el atentado de las Ramblas.

Sea cual sea la fórmula utilizada, la impunidad lograda por los autores de aquel golpe posmoderno del 27-O (D. Gascón), supondrá una desautorización radical de los procedimientos utilizados para frenarlo y del propio régimen del 78 que no solo recurrió a ellos, sino que antes habría ignorado el carácter democrático de las aspiraciones catalanas a la independencia. Consecuencia: los culpables dictan la sentencia y el relato. Pacificación, argüirá Sánchez; puerta abierta de par en par de cara al referéndum, al «derecho a decidir», según Bildu y PNV. Nos asomamos a la deconstrucción del orden constitucional establecido en 1978, y todo por la ambición y la arrogancia de un hombre.