La amnistía consumada
«El Gobierno paga sus apoyos con la reputación del Estado. El blanqueamiento del ‘procés’ provoca irremediablemente el ensuciamiento de nuestras instituciones»
Carles Puigdemont y Yolanda Díaz conversan en Bruselas. | Europa Press
Lo mejor de gobernar con Sumar es que se encargan de los recados molestos. Este lunes, Yolanda Díaz se reunió con Puigdemont en Bruselas como en su día Pablo Iglesias se reunió con Junqueras en la cárcel de Estremera. El PSOE, por supuesto, se ha desmarcado de la reunión, pero no se desmarcará de sus frutos. Diga lo que diga, Yolanda Díaz no ha viajado para «desbloquear el conflicto político», sino para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Ante las críticas, Díaz ha presumido de la transparencia, como si el contenido de la reunión fuera otro que su propia transparencia.
Cuando una vicepresidenta del gobierno se reúne con un prófugo de la Justicia con esa naturalidad, incluyendo posado oficial y sonrisas, las conclusiones de la reunión no importan. La celebración de la reunión es el mensaje: un alto cargo del Gobierno de España no se reuniría con personas sobre quienes pesa una orden de detención, salvo que esa orden de detención sea injusta. Y si la orden de detención es injusta, la amnistía es el único camino. De esta manera, se consuma la amnistía antes de concederse formalmente. La estrategia no es novedosa, ya sucedió con los indultos. El indulto no blanqueó el delito; se blanqueó el delito —legitimando al delincuente como actor institucional— y el indulto no tardó en convertirse en la opción responsable.
Este ha sido el proceder habitual del Gobierno: ensanchar nuestro umbral de tolerancia antes de proceder con lo que anteayer se consideraba intolerable. Pero creo que podría ahorrarse estos preliminares. Es un esfuerzo malgastado. A la mayoría de mis conciudadanos no les preocupa que la investidura de su Presidente esté a merced de un prófugo. Por lo menos no de este prófugo. Gracias al Gobierno y sus ilotas mediáticos ha cuajado la idea de que el procés fue un delito sin víctimas, un traspiés «político», y su represión equivale a una represión ideológica.
La pena es que el Gobierno paga sus apoyos con la reputación del Estado. El blanqueamiento del procés provoca irremediablemente el ensuciamiento de nuestras instituciones: si la justicia española persigue a Puigdemont, pero Puigdemont sigue siendo un actor político estimable, debe existir un problema con la justicia española. Si el propio Gobierno degrada sus instituciones, cómo esperar que nos tomen en serio lospaísesdenuestroentorno. Tienen razón en no hacerlo. En un país serio, conforme la vicepresidenta pusiera un pie en España, el tribunal que persigue a su anfitrión la interrogaría sobre los movimientos del prófugo. Ya no vale indignarse porque jueces belgas o alemanes esquiven las órdenes de entrega. ¡Cómo van a tomarse en serio una orden de detención que burla el propio Gobierno!
