La amnistía como primer plato
«Hemos visto esta semana cómo Puigdemont está sentado en su mesa y quiere zamparse un auténtico festín a costa de la fragilidad gubernamental»
Carles Puigdemont, esta semana en Bruselas. | Europa Press
Las exigencias de Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez no han constituido sorpresa alguna a quienes conocemos a ambos personajes, en cierta manera muy parecidos. Exigencias imposibles, por inconstitucionales, de una parte; buena disposición para acceder a ellas por la otra. Nada nuevo, ninguna sorpresa.
Como tampoco es sorpresa que desde el Gobierno se sigan repitiendo las consignas habituales. Anteayer, la portavoz gubernamental Isabel Rodríguez aún sostenía que «hoy nadie puede negar que la situación en Cataluña es mejor que hace cinco años».
Caramba, con la soga al cuello, el actual gobierno en funciones pretende convencernos de que la política de «apaciguamiento» aplicada en la anterior legislatura (indultos, supresión del delito de sedición y rebaja de la malversación) ha tenido efectos positivos y los partidos independentistas catalanes se han vuelto más razonables: tan sólo piden que se incumplan la Constitución y las leyes para facilitar la investidura del candidato del PSOE.
Bien, pues que sigan así de incautos, si es que no son cínicos, como pienso. Siempre he sostenido, y en los artículos de THE OBJECTIVE hay numerosas muestras de ello, que el llamado procés no ha terminado sino que sigue, vivito y coleando, aunque la estrategia ha cambiado: ahora no se trata de asaltar el poder sino de socavarlo, poco a poco, logrando cesiones, impensables en 2017, de un Gobierno central débil e inconsistente.
«Creo que necesitamos muchos psicólogos, como decía Julio Caro Baroja sobre el País Vasco en los tiempos que ETA asesinaba»
Así lo ha percibido el editorial del Washington Post la semana pasada: «España [su gobierno, claro] es rehén de una facción de extremistas regionales disidentes». Y añade: «Aunque los partidos separatistas catalanes controlan solo 14 de los 350 escaños del parlamento español, ejercen un poder desproporcionado». Pero de esta opinión discrepan en La Moncloa: parecen confiados en que todo saldrá bien porque están dispuestos a ceder ante cualquier chantaje.
Imagino que esto es lo que le contó Yolanda Díaz a Puigdemont en su viaje a Bruselas. Estamos, por cierto, en un momento extraño, quizás vamos a salir en el libro de récords Guinness: es posible que seamos el primer país en que una vicepresidenta del Gobierno va visitar a un prófugo de la justicia con pompa y boato y también quizás es el primer país donde la federación de fútbol destituye a un seleccionador que acaba de ganar el campeonato mundial. ¡Cosas veredes, amigo Sancho! Creo que necesitamos muchos psicólogos, como decía Julio Caro Baroja sobre el País Vasco en los tiempos que ETA asesinaba.
Pero vayamos por partes. Hemos visto esta semana cómo Puigdemont está sentado en su mesa y quiere zamparse un auténtico festín a costa de la fragilidad gubernamental empezando por un primer plato: la amnistía por los delitos del procés.
Ya sabemos a estas horas que la amnistía no es lo mismo que el indulto. El indulto está permitido por la Constitución (excepto los indultos generales) y regulado por una ley (¡de 1870!). En esencia consiste en que el Gobierno, por unas razones establecidas en la ley y cumpliendo determinados requisitos y procedimientos, puede acortar la pena de un condenado. La amnistía, en cambio, no se centra en la pena sino en el perdón de un delito y, en apariencia, no está expresamente prevista en la Constitución. En apariencia, digo, sólo en apariencia, porque está implícitamente claro que figura en la Constitución dado que a consecuencia del principio de división de poderes, sólo el poder judicial tiene la exclusividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
«Yerran los juristas que sostienen la inexistencia de la figura de la amnistía en la Constitución porque implícitamente está muy presente, incluso fue excluida expresamente»
Así lo dispone el art. 117.3 CE y una ley de amnistía como parece que se ha prometido a Puigdemont y ya se está preparando, no puede contradecir lo que establece la Constitución. Aclaremos, y está en este mismo precepto, que por poder judicial se entiende el conjunto de Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Por tanto, este principio de exclusividad, fundamental al caracterizar el poder judicial, impide toda intromisión de cualquier otro poder, ni el legislativo ni el ejecutivo: ninguna ley puede regular la amnistía.
En consecuencia, yerran los juristas que sostienen la inexistencia de la figura de la amnistía en la Constitución porque implícitamente está muy presente, incluso fue excluida expresamente por estas mismas razones en el debate constitucional, como ha investigado mi querido e infatigable colega granadino Agustín Ruiz Robledo en colaboración con Inmaculada Ramos Tapia, profesora titula de Derecho Penal. Únicamente los jueces, sometidos sólo al ordenamiento jurídico, pueden considerar, tras un juicio justo, las argumentaciones jurídicas pertinentes y sin arbitrariedad ninguna, que una determinada actuación es constitutiva de delito.
Por tanto, el PSOE puede prometer a Puigdemont lo que quiera pero es una imprudencia (quizás un engaño) prometer lo que no se puede por ser contrario a la Constitución y sería escandaloso pensar que lo hace porque sabe que controla a una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional dispuestos a cumplir con sus órdenes. En este caso, no descartable, estaríamos en los estertores finales de nuestro sistema político que comenzó en 1978. Los independentistas, los populistas de Sumar y el partido socialista habrían alcanzado sus objetivos. Y, no lo duden, tras este primer plato vendría el segundo: el derecho de autodeterminación. Algunos juristas también sostendrían que se puede regular porque no figura en la Constitución.
Nos encontraríamos entonces ya en fase terminal y al comienzo de una nueva transición. Se habría cerrado entonces una etapa hasta hace pocos años brillante de la historia de España. Pero la situación de partida sería mucho peor, los nuevos «demócratas» procederían a la demolición del Estado de derecho, continuando así el tortuoso proceso de estos últimos cinco años.
