Puigdemont exige una ley de amnistía y elegir un mediador para apoyar la investidura de Sánchez

Carles Puigdemont ha exigido desde Bruselas a Pedro Sánchez una ley de amnistía y la figura de un relator que medie en la negociación entre los secesionistas y el Gobierno para apoyar la investidura del líder del PSOE. El político catalán ha pedido a Sánchez «un compromiso histórico» y ha defendido que su partido está dispuesto a negociar, pero que el acuerdo «no puede ser un parche, sino un acuerdo que debe ser histórico». Para ello, cree necesario iniciar el camino de la negociación es necesario «el reconocimiento y el respeto a la legitimidad democrática de la independencia».

Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, ha reclamado al Gobierno reconocer la «legitimidad» del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar. Todo ello sin renunciar a la unilateralidad y además, poniendo en marcha un mecanismo de mediación.

«Estamos preparados por si hay elecciones, pero también para una negociación que puede culminar con un acuerdo histórico. Nos tenemos que preguntar si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros, con todo lo que representamos, o quieren salir del paso», ha señalado Puigdemont.

«Aquello determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por lo tanto, su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene derecho a hacer realidad de manera democrática la decisión de que ya tomó el 1-O del 2017. Solo un referéndum acordado con el estado español podría sustituir el mandato político del 1-O«, ha dicho en la conferencia inaugural de las jornadas interparlamentarias de Junts, en el Hotel Thon del barrio europeo de Bruselas en una sala con un aforo para 150 personas.

«El pacto posible es con Junts per Catalunya, una formación en la cual se lo ha arrinconado, menospreciado y atacado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles», ha dicho Puigdemont, que ha sudo recibido entre aplausos cuando ha entrado en la sala de prensa. «Si hay acuerdo, tiene que ser histórico, un compromiso histórico. Hoy no existen las condiciones para llegar a este gran acuerdo», ha remarcado.

«Abandono» de la vía judicial contra el independentismo

En cuanto al reconocimiento de la legitimidad del independentismo, Puigdemont ha defendido que no se puede negociar con quien en una directiva de inteligencia fija a los independentistas como «segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista», ante lo que ha pedido respeto por su movimiento político.

Su segunda condición es el «abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo», que cree que debe materializarse en una ley de amnistía que cubra el 9-N de 2014, el 1-O y los disturbios durante las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Esta amnistía –ha advertido– «debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner punto y final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios».

Puigdemont ha rechazado así la posibilidad de que esa posible amnistía afecte a los policías encausados por las cargas del 1-O, algo que pidió estudiar el negociador de Sumar, Jaume Asens. «También es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado», ha señalado el eurodiputado.

«Mecanismo de mediación y verificación»

La tercera condición de Puigdemont es crear un «mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos», algo que según él, no ofrecen ni PSOE ni PP. Este mecanismo es imprescindible –ha defendido– para iniciar una negociación, porque la experiencia les «impide tener confianza en la palabra» de estos dos partidos.

En ese sentido, ha afirmado que el «cumplimiento de compromisos por avanzado es una manera de verificar» que los acuerdos se cumplen, como ocurrió con el pacto para que el catalán sea oficial de la UE, pero que no puede aplicarse a procesos de tramitación larga.

Por último, ha situado como cuarta condición «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos fundamentales» y las libertades. El exlíder de Junts ha mantenido que ninguna de estas condiciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos: «Son condiciones previas que se deben poder cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas». «Solo dependen de la voluntad política», ha apuntado.

Referéndum de independencia

«No hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña, y por tanto su derecho a la autodeterminación», ha afirmado. Y ha añadido que lo que impide la celebración de un referéndum de independencia amparado en el artículo 92 de la Constitución es la «falta de voluntad política». «Si se puede, se quiere», ha apostillado.

Puigdemont ha afirmado que, si finalmente se abre una negociación, su «viabilidad y éxito» van a depender de los avances que se pacten en las carpetas de la autodeterminación y las mejoras para Cataluña.

De hecho, ha querido dejar claro que hay evidencia acumulada de que no hay camino alternativo a la independencia para «garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación», y ha añadido que corresponde a los responsables políticos desmentir su conclusión.

Ha recalcado que ni el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ni el del PSOE, Pedro Sánchez, tienen los apoyos necesarias para ser escogidos en primera o segunda votación y no ha hecho distinciones entre ellos, de hecho ha sostenido que corresponde a PSOE y PP moverse y aclarar si aceptan sus condiciones. Pero ha advertido de que el hecho de que ni PP ni PSOE tengan los apoyos necesarios hace que España se vea «confrontada»: «O vive en el bloqueo, que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones, o pacta».

A la conferencia ha acudido la cúpula de Junts, encabezada por la presidenta, Laura Borrás; el secretario general, Jordi Turull; y la vicepresidenta y presidenta del Parlament, Anna Erra; y los vicepresidentes Josep Rius y Aurora Madaula, entre otros. Además de diputados de Junts y los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, junto a diputados de ERC en el Congreso Teresa Jordà y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera.