La Gran Hermana feminista
«La responsabilidad que enfrentan los ciudadanos por un exabrupto es mayor que la que asumen sus políticos por declarar la independencia de un territorio»
Ilustración de Erich Gordon.
La amnistía está al caer y las maniobras en el Tribunal Constitucional para favorecer la investidura de Sánchez se suceden. Hay que movilizar a la Gran hermana feminista para que active la maquinaria orwelliana de señalamientos y linchamientos. La sede, sita en el Ministerio de Igualdad, encomienda la gestión a los estudios centrales radicados en la Ser, El País y demás portavocías de la izquierda mediática.
El gran ojo que todo lo ve rastrea en busca de un evento a politizar y magnificar. Por supuesto, éste ha de carecer de una verdadera entidad jurídica o criminal, no vaya a ser que la gente se enfoque en problemas reales y demande al Gobierno soluciones en lugar de gestos y declaraciones grandilocuentes. Tiene que ser algo que se resuelva predicando, no trabajando.
Las de Irene Montero y su séquito están ávidas de escándalos machistas que nutran su campaña para renovar al frente del ministerio y que justifiquen la necesidad de sus nefastas políticas tras patrocinar la primera ley feminista que, lejos de lo anunciado, terminó beneficiando a más de mil agresores sexuales. De hecho, si se consuma la amnistía al procesismo, el Gobierno de coalición progresista habrá batido todos los récords en beneficios penales y penitenciarios a delincuentes execrables: políticos corruptos o sediciosos, violadores y terroristas.
Con esta trayectoria a sus espaldas, no deja de tener su aquél que una parte de la sociedad les haya permitido erigirse en los custodios de la moral pública. Produciría hilaridad si no fuese porque sus campañas hiperventiladas de histerismo colectivo feminista acaban jodiéndole la vida a alguien que no ha cometido delito alguno. Cuando lo del bulo del culo, a un muchacho que quiso ocultar una infidelidad a su pareja. Con lo del colegio mayor Elías Ahuja, a unos chavales que profirieron unos cánticos erótico-festivos que no ofendieron a sus receptoras.
Ahora les ha tocado el turno a unos jóvenes de la universidad de La Rioja que en un grupo privado de WhatsApp osaron compartir la expresión «vamos a partiles las bragas». La Gran hermana Angels Barceló contaba la exclusiva ante los micrófonos de la Ser consternada ante la gravedad de la afrenta machista en cuestión. Rápidamente Irene, Rita y el resto de sumas sacerdotisas de la Fe Feminista replicaban el escándalo en sus redes sociales.
«Aún quedamos gente en la trinchera de la defensa del Estado de derecho, aunque cierto es que cada vez somos menos, porque nuestro país avanza inexorable hacia su demolición»
La Universidad de la Rioja reaccionó rauda a la polémica. No para defender la libertad de expresión e intimidad de sus estudiantes en un chat privado, sino para abrir un expediente informativo a los jóvenes machirulos y animar a sus compañeros a practicar la noble actividad de la delación, bien aportando información o presentando una denuncia. La dirección de correo facilitada para acometer el trámite pone de relieve todo lo que está mal en la academia patria: [email protected]. Esto es lo que sucede cuando, para huir del garantismo judicial, se faculta a órganos administrativos para velar por el respeto a las sensibilidades colectivas: que asumen funciones inquisitoriales que trascienden al espacio público e invaden ámbitos privados.
Yo aún recuerdo cuando la izquierda se indignaba —con razón— por la filtración de las conversaciones en un chat del Telegram del que por entonces era el líder de Podemos y terminó asumiendo una vicepresidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. Insistían en que lo de que «azotaría hasta que sangrase» a la presentadora Mariló Montero fue algo que escribió en el contexto de una conversación privada. ¡Ay, esa privacidad de la que usted me habla!.
Cierto es que este escándalo se les ha solapado con el del pico de Rubiales a Jenni Hermoso. La Gran hermana feminista que todo lo ve ha debido de considerar que la deriva penal del asunto les puede acabar estallando en la cara, porque lo de que la fiscalía se haya querellado contra el expresidente de la RFEF por un delito de agresión sexual y de coacciones va a pasar a los anales de las desproporciones punitivistas patrias. Como publicaba el catedrático de Derecho Penal Juan Antonio Lascuraín, si Rubiales le hubiese cortado un dedo a la muchacha o atropellado imprudentemente y matado, las penas a las que se enfrentarían serían similares. Es demencial.
También se les ha solapado con el linchamiento al jugador del Real Madrid Daniel Carvajal por poner de manifiesto una obviedad: que si la Sra. Hermoso es víctima de un delito o no lo tendrán que decidir los estamentos judiciales correspondientes y que, mientras tanto, debe respetarse la presunción de inocencia. En estos días oscuros en los que una turba de pseudointelectuales seducidos por el totalitarismo de género promueven linchamientos mediáticos, hay que ser muy valiente para reclamar ante los micrófonos el respeto al derecho fundamental a no ser tratado como un criminal sin haber sido juzgado ni condenado. Aún quedamos gente en la trinchera de la defensa del Estado de derecho, aunque cierto es que cada vez somos menos, porque nuestro país avanza inexorable hacia su demolición.
En la España actual, la responsabilidad que enfrentan los ciudadanos por un exabrupto es mayor que la que asumen sus dirigentes políticos por declarar la independencia de un territorio, decretar dos estados de alarma inconstitucionales o rebajar las penas a más de mil agresores sexuales. Aunque también es cierto que a millones de compatriotas les preocupan más las expresiones de unos chavales en un grupo de WhatsApp o el pico a una jugadora en una celebración futbolística que la amnistía que el Gobierno en funciones está pergeñando para beneficiar a la élite política catalana que intentó subvertir el orden constitucional. Somos una sociedad enferma, una civilización en declive.
