Hablando en serio
«Si la Constitución para nada vale, nos quedaríamos sin reglas de juego, ayunos de cualquier reglamento socio-político, huérfanos de toda referencia»
Ilustración de Erich Gordon.
Las negociaciones iniciadas entre los hombres/mujeres de Sánchez y los de Puigdemont —ERC va a remolque del residente en Waterloo— con objeto de alcanzar un acuerdo que sirva para investir al primero han vuelto a poner de actualidad el contenido de nuestra Constitución y, más en concreto, los límites de las reglas de juego que se establecen en su texto. Estas dudas e interrogantes surgen con demasiada frecuencia y son consecuencia del clímax en el que hubo que elaborar nuestra Carta Magna. Era imprescindible que su contenido concitara un amplísimo acuerdo social y político y por ello resultó obligado que su texto fuera en muchas cuestiones deliberadamente ambiguo e inconcreto.
Probablemente el modelo territorial del Estado sea la cuestión donde la reseñada ambigüedad e inconcreción alcancen sus mayores cuotas, hasta el punto de poderse considerar que lo diseñado en el Título VIII constituye una genuina estructura disipativa de final abierto algo que, si bien sirvió para alcanzar la necesaria amplitud en el inevitable acuerdo constitucional, con el paso del tiempo se ha revelado como el auténtico talón de Aquiles de la Constitución. Es así porque aparte de la radical desigualdad inicial que supone la coexistencia de dos modelos fiscales distintos como el común aplicado en quince Comunidades Autónomas y el especial aplicado en las que tienen Convenio o Concierto Económico, el carácter abierto del citado Título VIII provoca que nuestro modelo autonómico nunca esté determinado de forma definitiva, constituyendo su permanente provisionalidad la fuente de cultivo de constantes y recurrentes aspiraciones de nuevas desigualdades. Aspiraciones planteadas y por lo general logradas por los nacionalistas que arrastran tras de sí las legítimas reivindicaciones de las Comunidades sin nacionalistas que no quieren quedarse atrás en competencias y facultades.
Con el proceso descrito, llevamos 45 años desnudando al Estado sin que se haya conseguido por ello calmar las ansias de los nacionalistas. Así es porque ante cada nueva cesión del Estado en pro de su descentralización, ellos han elevado el nivel de sus pretensiones de autogobierno con nuevas reivindicaciones. Expresado de otro modo, cada vez que nos hemos acercado ellos se han alejado para mantener así la distancia que justifica su propia existencia política. Sucede que de tanto acercarnos unos y alejarse otros, nos hemos ido desplazando todos alcanzando el borde del precipicio constitucional hasta el punto de provocar lo que puede ser una auténtica implosión de la Constitución.
«Salir de esta endiablada situación descrita será cualquier cosa menos fácil, pero si se desea una salida pacífica es evidente que se necesitaría reeditar el gran acuerdo que condujo a la actual Constitución»
Sucede que, además de lograr que el texto constitucional fuera acordado y aprobado con un amplio consenso, los constituyentes se encargaron de que su reforma requiriera también un amplísimo acuerdo social y político, circunstancia que se adivina imposible en estos momentos. He aquí la encrucijada, pues ante la imposibilidad de reformarla y por necesidades político-partidistas de la coyuntura surge como tentación que varias instituciones del Estado —Gobierno, Parlamento y Tribunal Constitucional— aprovechen la ambigüedad de nuestra Carta Magna para intentar que dentro de ella quepa todo lo que nos llevaría a que, en realidad, la Constitución no valiera para nada. Y si para nada vale nos quedaríamos sin reglas de juego, ayunos de cualquier reglamento socio-político, huérfanos de toda referencia constitucional.
El riesgo descrito es más que una posibilidad y, consecuentemente, la amenaza que pende sobre la ordenada convivencia entre españoles es considerable. Salir de la endiablada situación descrita será cualquier cosa menos fácil, pero si se desea una salida pacífica con una solución óptima y duradera es evidente que se necesitaría reeditar el gran acuerdo que condujo a la aprobación de la actual Constitución. No parece ser ésta la voluntad de los negociadores de la posible investidura de Sánchez y de ahí el riesgo y la amenaza a los que nos enfrentamos.
Es relativamente sencillo detectar los síntomas de un problema, tampoco es excesivamente complejo diagnosticarlo e incluso resulta asequible dibujar el boceto de una posible solución. Aplicarla con éxito y erradicar el problema es lo auténticamente difícil y constituye el auténtico reto de cualquiera que se dedique a la política, hasta el punto de ser lo que históricamente permite diferenciar entre políticos de Estado y políticos solo de partido. Precisamente por esto no creo que estemos en las mejores condiciones para enderezar nuestro camino de modo que, lamentablemente, el riesgo y la amenaza pueden definitivamente materializarse. Lo que pueda suceder a partir de entonces, ¿quien lo sabe?.
Paradójicamente, mientras sucede lo expuesto la sociedad española anda enfangada con cuestiones como el beso de Rubiales. Sin restar importancia alguna a este tema, la desproporción entre el interés social que suscita el comportamiento de un macarra con funciones institucionales y el suscitado por la encrucijada histórica que atraviesa España me parece el síntoma más evidente de lo adormecidos —podría emplear un término más duro— que estamos los españoles ante lo que nos jugamos como nación. Y este adormecimiento no favorece en absoluto que se alcance una adecuada solución para nuestro futuro.
