La liada

No es la fiesta de Cataluña, es la situación política de España motivada por la megalomanía narcisista psicopática de Pedro Sánchez. La situación y previsión del futuro se analizan en clave política cuando la realidad es que se trata de un problema personal. Pedro Sánchez está obsesionado con ganar las elecciones que perdió. Quiere que, después de su legislatura en la presidencia, el sucesor de Pedro Sánchez sea él mismo, cueste lo que cueste, para así dejar claro que ganó las elecciones. Cree que puede subvertir el hecho inevitable de perder frente al candidato del Partido Popular siendo el siguiente presidente del Gobierno. En ello ha puesto todo su empeño. Y por ser elegido presidente es capaz de sacrificar todo lo que sea necesario.

Alberto Núñez Feijóo, superando los ocho millones de sufragios, sacó más de 300.000 votos a Pedro Sánchez, una diferencia notable, pero insuficiente para constituir gobierno. Al candidato a presidente del Gobierno del Partido Popular le faltan oficialmente cuatro votos para llegar a la mayoría absoluta. Al derrotado en las urnas Pedro Sánchez le faltan unos cuantos votos más. Ahora mismo, a Sánchez le faltan, para la mayoría absoluta, los siete de JuntsxCat y los cinco del PNV.

Pedro Sánchez y sus voceros trabajan sobre un planteamiento político y lógico que es falso, además de manipulador. Que cualquier partido diga ‘no’ a la investidura de Feijóo no quiere decir que esté diciendo ‘sí’ a la investidura de Sánchez. El PSOE, a través de todas sus antenas mediáticas, presionó al Rey para que otorgara el mandato de investidura a Sánchez. Sólo desde ese escenario la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, mintió y engañó en la reunión del G20, cuando les tranquilizó asegurando que Pedro Sánchez iba a ser investido presidente. Habrá que ver cuánto de cierto es que, con los problemas que tiene el mundo, la preocupación de los líderes del G20 sea si Pedro Sánchez va a seguir de presidente. Además, dentro de los cálculos de Sánchez, que son tan fiables como sus cuentas públicas, tampoco está muy claro que vaya a contar con los votos de los diputados de Podemos.

Que Pedro Sánchez, a pesar de lo que dice, es muy consciente de su situación es evidente por todos los movimientos políticos que está protagonizando. Desde mandar a Yolanda Díaz a ver a Puigdemont, a utilizar todos los resortes de poder que ha construido durante la legislatura.

«Es muy lamentable ver cómo los referentes históricos del PSOE son descalificados por los okupas de Ferraz»

Tiene movilizado al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía y ha lanzado a sus voceros a defender lo indefendible. Qué ridículo de periodistas. Qué pena de políticos. Qué miseria de juristas que renuncian a su independencia por las migajas obtenidas por su sumisión al poder. Es penoso ver cómo en menos de 30 días han pasado de negar la constitucionalidad de una amnistía a defenderla como algo legal, normal y constitucional.

La carrera por el «y yo más» de ERC o JxCat, ante su dependencia de Sánchez, ha provocado como respuesta la activación pública de todos los «viejos socialistas», González, Guerra, Leguina, Redondo, Tomás Gómez… en contra de las posibles concesiones del secretario general del PSOE en su investidura. Es muy lamentable ver cómo los referentes históricos del PSOE son descalificados, con desprecio, por los okupas de Ferraz. Qué falta de respeto a sus orígenes.

Sánchez, en su locura, ha conseguido activar al expresidente Aznar que legítimamente ha hecho un llamamiento a la movilización social porque considera que: «Es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de derecho tienen que plantar cara, con toda la determinación, a un plan que quiere acabar con la Constitución, porque la Constitución es vista como un obstáculo para materializar su ambición de poder, por esa izquierda que reniega de la ciudadanía democrática libre e igual».

El sanchismo, por boca de su portavoz, considera golpista la posición y el llamamiento a la movilización social en defensa de la Constitución española. Isabel Rodríguez, en un ejercicio de trumpismo extremo que queda para las hemerotecas, ha afirmado sumisamente, leyendo el papel que le habían puesto, que lo que reivindicaba Aznar «se parece más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas».

El derecho de reunión y manifestación es un derecho constitucional. No así la amnistía. Es más, el Tribunal Constitucional, cuando no estaba asaltado, tomado y usurpado por el sanchismo, dictó la siguiente sentencia: «El derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones» (sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995, de mayo). Además, según el diccionario panhispánico del español jurídico, «el derecho de reunión y manifestación es el derecho individual, de ejercicio colectivo, a reunirse, manifestarse y desfilar pacíficamente».

«Pretenden que sea golpista utilizar un derecho constitucional, mientras que es constitucional otorgar una inconstitucional amnistía»

Isabel Rodríguez, para su descrédito personal futuro, al acusar de golpista a Aznar por reivindicar el derecho de manifestación, ha dado un paso en la misma dirección que Felipe Sicilia, quien acusó de golpistas del 23-F a las personas y partidos que sufrieron el golpe de Estado y que fueron las víctimas del tejerazo en el Congreso de los Diputados.

Según lo que ha afirmado la portavoz de Pedro Sánchez, es obvio que el 15-M es un movimiento golpista. Y también que el PSOE es un partido golpista, por aquellas movilizaciones del «no a la guerra» o el chapapote, entre otras. En la desesperación de Sánchez, Santos Jordán y todo su equipo pretenden considerar que es golpista utilizar un derecho constitucional, mientras que es constitucional otorgar una inconstitucional amnistía.

Todo el lío que está montando Sánchez responde a su ambición personal y no a un proyecto político. No tiene ninguna lógica política que un partido que se reivindica de izquierdas y progresista considere que el derecho de manifestación es un acto golpista. El problema está en que las exigencias que tiene que cumplir Sánchez para poder ser investido presidente, su proyecto personal, sí responden a un proyecto político de destrucción de España liderado por los nacionalismos independentistas. Toda una liada.