Una amnistía «destituyente»
«Los independentistas se ríen de la ley y de las sentencias de los tribunales porque saben que el Gobierno de Sánchez siempre mira hacia otro lado»
Sánchez y Puigdemont, en una imagen de 2017. | EFE
La intención del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de aprobar en el Congreso una ley de amnistía antes incluso de su investidura como exige Junts es una aberración jurídica. Una decisión que, tal y como se presenta, dejaría dañadas de forma muy grave, y por mucho tiempo, a distintas instituciones que son fundamentales en nuestro estado democrático y de derecho. Un destrozo que afectaría a dos de los tres poderes del estado: al legislativo y sobre todo al judicial. Bueno, en realidad a los tres, porque el Ejecutivo quedaría tan desprestigiado después de la amnistía que todas sus decisiones estarían contaminadas de origen.
Una amnistía que iría de tal forma contra la Constitución que como dice en privado algún alto cargo de la judicatura sería una amnistía «destituyente». Antes de la Constitución del 78 ya hubo una amnistía. Se venía de una dictadura a una democracia. Se derogaba todo un cuerpo jurídico franquista. Ahora no. Estamos en democracia y nada ha cambiado. Solo los «alivios». Fuentes conocedoras de las conversaciones con Junts la llaman ya la «Ley de alivios penales», un nombre con evocaciones curiosas que relacionan la rapidez con otros tipos de alivio, y que daría a Sánchez poderes que le permitirían, de una forma bananera y sin anestesia, apuñalar esa Constitución que prohíbe los indultos generales. Eso que decidieron los padres de la Carta Magna para evitar populismos que se saltaran al poder judicial.
A esos padres de la Constitución ni se les pasó por la cabeza que pudiera haber en el futuro algún gobernante que intentara anteponer sus intereses personales y su patológica adoración por el poder intentando aprobar una amnistía por encima de la propia Constitución. Todos los juristas y politólogos no sumisos a la Moncloa entienden que la amnistía supondría reconocer un cambio de régimen y que el que tenemos desde el 78 no debería ser considerado entonces ni democrático ni legal. No pensaron en un dirigente que pudiera cuestionar y reconocer la ruptura del estado de derecho, de la soberanía nacional y de la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley. No pensaron en un Sánchez. Un político capaz de intentar sacar adelante una amnistía «destituyente» de nuestra actual Constitución.
Y lo cierto es que Sánchez no ha dicho ni una sola palabra sobre la amnistía. Bueno, en realidad ha dicho miles, pero antes de las elecciones y en el sentido de que nunca se produciría la amnistía. Esta ausencia ahora de citas específicas, junto al uso de un lenguaje ambiguo sobre Cataluña (insiste en que hay menos conflictos, y cierto es porque les concede todo para que le voten) y el demostrado arte para obviar cualquier promesa que haya hecho y no haya cumplido convierte el escenario en el peor de los posibles para los constitucionalistas. Avisamos en esta columna al día siguiente de las elecciones del 23-J, que se iniciaría un proceso de glorificación y justificación por los palmeros de la Moncloa de cualquier demanda que pusiera el prófugo Puigdemont. Y ha sido peor. El prófugo ha lanzado un chantaje previo surrealista. Quiere el todo antes de negociar las partes, que serán nuevos chantajes para la investidura. Luego habrá muchos más. En cada votación que haya en el Congreso en el que necesiten sus votos.
«Una ley de amnistía supondría tal impacto institucional que algunos conocedores de Sánchez dicen que está de farol, ‘dándose un mus negro’»
Antes, lo más urgente para Junts es tener la ley de amnistía bien amarrada antes de esa investidura. Son independentistas, pero no son tontos. No se fían de Sánchez. Su currículo de mentiras es impresionante. Saben también que Sánchez es capaz de todo, aunque destroce el estado de derecho. Ya lo ha hecho antes: indultos, eliminación o rebaja de delitos. Se cargará también el concepto de igualdad de todos los españoles ante la ley. Si eres independentista con capacidad de apoyarle en el Congreso eres ciudadano de primera. Un punto que ya lo tenía trabajado nuestro presidente. Que se lo pregunten a todos los ciudadanos que viven en Cataluña y que ven como a sus hijos se les prohíbe la educación en una de las dos lenguas oficiales en ese territorio. Se ríen de la ley y de las sentencias de los tribunales porque saben que el Gobierno de Sánchez siempre mira hacia otro lado.
Una amnistía que viene con prisas por ser un alivio y con la que el gobierno en funciones, se salta ese mismo hecho: el de estar en funciones. Porque va a obligar al legislativo a aprobar medidas de una importancia tal que hasta para un gobierno ya elegido se necesitaría tiempo, negociaciones y multitud de informes sobre la propuesta. Pero eso es lo que quieren evitar y buscarán la proposición de ley donde son los grupos parlamentarios los que lo proponen. Si fuera un proyecto de ley habría que presentar el anteproyecto ante a órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. No serían obligatorias sus consideraciones, pero sí escucharlas. Y ¿para qué perder tiempo en gente que van a decir que es inconstitucional?
Por eso se evitarán también a los propios letrados del Congreso que ya se manifestaron unánimemente en su contra (adiós, Meritxell Batet, adiós). Bastará sólo con un debate de toma de consideración. Mayoría simple y a correr. Sin informes ni gaitas que cuestionen la medida. Hay un plazo de un mes, pero como la mesa está controlada, se mete un procedimiento de urgencia. El Congreso tiene hasta un mes para debatirlo. Y tras la publicación en el BOE los diputados y los grupos tienen 15 días hábiles para presentar enmiendas. Aunque buscarán la fórmula para evitarlo como ya ha ocurrido antes alguna vez, mediante ingeniería reglamentista. Sánchez tiene prisa. Y digo Sánchez porque hablar de ministros o de gobierno es una quimera. Sólo hay un pensamiento y una voz dirigida.
Y llegará al Senado. La cámara alta no tiene capacidad de veto real, pero sí de paralizarlo y bloquearlo hasta un máximo de dos meses. Primer gran escollo del plan de Sánchez. Muy ajustado dicen ya los de Sumar. Pero si por lo que fuera llegaran o llegasen a publicarlos en el BOE hay varios hechos de trascendencia que podrían suceder. Por ejemplo, en un plazo de 15 días, el jefe del Estado debería sancionar, promulgar y ordenar la publicación de la ley, y entonces, la iniciativa pasaría definitivamente a ser ley. ¿Lo haría Felipe VI siendo inconstitucional como todo el mundo avisa? ¿Lo firmaría porque es su obligación como jefe de estado de una monarquía parlamentaria?
Y no solo el Rey. ¿Qué haría el juez Marchena, el titular de la sala segunda del Tribunal Supremo que presidió el juicio y dictó sentencia al procés? ¿Aceptaría que una ley de amnistía supusiera que el juicio no fue legal? No lo parece. Lo más probable es que la Sala Segunda lo denunciara ante el Tribunal Constitucional. Y a más, y en paralelo, podría denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ambos casos la amnistía podría quedar en suspenso hasta que hubiera decisión.
Todo eso lo sabe Sánchez y lo sabe Puigdemont. Uno de los dos tendrá que ceder. O Puigdemont baja el listón o Sánchez tendrá que ir a nuevas elecciones. Una ley de amnistía supondría tal impacto institucional que algunos conocedores de Sánchez dicen que está de farol, «dándose un mus negro». Llevando la presión hasta el final, para luego salir como político de estado y decir que por el bien de España no puede hacerlo. Eso sí, de paso dejando en evidencia a una Yolanda Díaz intrascendente, a la que podría abducir parte de su voto en unas nuevas elecciones, y a un Feijóo que pese a ganar las elecciones tendría el perfil de un perdedor de la investidura y un líder marcado por sus pactos con Vox. Estaría en posibilidades de darle la vuelta al PP y necesitar menos apoyos. O no. Se dice que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Excepto para Sánchez.
