Juegos de palabras

Sabido es que la vida política no puede entenderse sin la decisiva mediación de los conceptos o marcos comunicativos que los actores sociales emplean para dar sentido a la realidad y para persuadir a los demás de que la suya es la descripción o interpretación correcta de la misma; el resultado es una esfera pública por la que circulan simultáneamente mensajes de toda clase. En el espacio público se desarrolla así una cruenta guerra de significados: partidos políticos, medios de comunicación, activistas y opinadores misceláneos —las redes sociales han liberalizado el mercado de las ideas— tratan de ganarse la adhesión del resto sin reparar en medios. Huelga decir que el respeto a los hechos y el rigor argumental salen perdiendo: explotar la carga emocional de las opiniones y las identidades es mucho más rentable.

No es así de extrañar que en los últimos meses hayan proliferado los juegos de palabras destinados a disimular ante los ciudadanos el efecto de la política de alianzas que define al PSOE de Pedro Sánchez desde la moción de censura. Hay que distinguir: muchos votantes no necesitan bicarbonatos argumentales, ya que su estómago aceptará cualquier dieta con tal de que no gobierne el enemigo mortal situado a la derecha. Pero es evidente que la legitimidad percibida del gobierno será mayor si no se llama a las cosas por su nombre; o, evitando el esencialismo, si se les da un nombre capaz de maquillar la realidad que hay detrás de las palabras. Vaya por delante que esto lo hacen todos los gobiernos, ya que todos ellos tratan de obtener el apoyo ciudadano: las democracias occidentales están llenas de spin doctors y algunos trabajan incluso en los periódicos. Lo que no hacen todos los gobiernos es formar un bloque político con partidos cuyo propósito declarado es acabar con el orden constitucional vigente. Eso, convengámoslo, resulta más inhabitual.

«Destaquemos el ‘alivio penal’ que sirve para designar la amnistía en el lenguaje de los comunicadores gubermanentales»

Sin vocación de exhaustividad y lejos ya de esa cumbre de la distorsión comunicativa —hay que quitarse el sombrero— que fue el «derecho a decidir» concebido por el separatismo catalán para exigir un referéndum de independencia durante el procés, no han faltado últimamente muestras de ese genio del lenguaje que a veces habita en el corazón de los partidos políticos. Destaquemos el «alivio penal» que sirve para designar la amnistía en el lenguaje de los comunicadores gubernamentales o la pretensión de que Junts, PNV, Bildu y ERC sean la base de una «mayoría progresista», sin olvidarnos en ningún momento de ese «país real» que según nos dicen se materializa en un Parlamento donde se emplean traductores simultáneos, ni de la caracterización del expresidente Aznar como «golpista» tras haber llamado a la movilización cívica contra la hipotética amnistía. Huelga decir que seguimos oyendo algunos greatest hits que ya van para oldies, tales como el «derecho histórico» del que se deriva cualquier privilegio imaginable para las comunidades que incorporan «realidades nacionales» o ese «federalismo asimétrico» que atenúa el impacto desigualitario de las políticas confederales.

Poco se puede hacer contra una práctica —la creación de marcos comunicativos destinados a la persuasión de masas— que está en el centro de la vida política; en las democracias, al menos, hay competencia por ver quién hace el mejor eslogan. Habrá de ser el ciudadano quien decida si descifrará los mensajes que los distintos partidos quieren colocarle, reuniendo así elementos de juicio para castigar en las urnas a los mercaderes más deshonestos, o si pondrá por delante su lealtad partidista —la tribu— pase lo que pase y se diga lo que se diga.