Objetivo: controlar el Poder Judicial
«Con la amnistía, Sánchez constatará que una mayoría parlamentaria exigua y el control del Tribunal Constitucional bastan para retorcer la Constitución»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La sentencia del Tribunal Constitucional avalando el recorte de competencias al Consejo General del Poder Judicial en funciones es el principio del fin de la división de poderes en España, de igual forma que los indultos y la derogación de la sedición fueron la antesala de la amnistía, o que esta última es el preludio de un referéndum secesionista (al margen del eufemismo al que recurran para denominarlo).
En 2019 nos embarcamos en un proceso de degradación institucional cuya culminación tendrá lugar durante esta legislatura, que será la del desmantelamiento del orden constitucional tal y como lo conocemos. La Carta Magna será reinterpretada para acomodarla a las necesidades de gobernabilidad del sanchismo, que tras aglutinar al socialismo y a la extrema izquierda chavista, ahora ha incorporado también a sus filas al procesismo.
El PSOE abandera ahora la desjudicialización de la política y la politización de la justicia como antaño hicieran Podemos, Junts, ERC o las CUP. La obsesión con el Poder Judicial forma parte de la esencia del procés, pues su objetivo ni es ni jamás ha sido mejorar la calidad democrática de Cataluña a través de la independencia del territorio, sino garantizar la impunidad para una élite política corrupta. Los jueces molestaban al independentismo como ahora molestan al sanchismo, pues son los garantes de la legalidad en un país con una mayoría parlamentaria que trata de subvertirla desde dentro.
Cuando indultó a los sediciosos y derogó el delito que castigaba los referéndums de independencia sin violencia, Sánchez demostró a la justicia que podía sortearla, que existen caminos por los que el poder puede transitar para no cumplir con las resoluciones de los tribunales. Con la amnistía constatará que el Ejecutivo puede eludir y despreciar al poder judicial, que una mayoría parlamentaria exigua y el control del Tribunal Constitucional bastan para retorcer la Constitución, finiquitar la igualdad de los españoles ante la ley, dilapidar la seguridad jurídica e instaurar la arbitrariedad.
Es la misma mayoría que esta legislatura aprobará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le permitirá asaltar la justicia, ideologizarla y transformar nuestro sistema basado en la división de poderes en uno de sumisión al Poder Ejecutivo. La sentencia del Tribunal Constitucional de esta semana que rechaza la inconstitucionalidad de la reforma que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos para cubrir vacantes cuando ha expirado su mandato le allana el camino. Ya tienen la excusa perfecta para conseguir lo que intentaron llevar a término durante la pandemia: que para nombrar a los vocales del CGPJ baste la mayoría absoluta y no la cualificada exigida por el art. 122 de la Constitución.
«El sanchismo carecerá de incentivos para pactar los nombres de los vocales con el principal partido de la oposición»
Camuflarán la cacicada como un sistema de doble vuelta que les permita sortear lo que ya presentan como un irresponsable bloqueo del Partido Popular: si tras una primera votación los candidatos no obtienen el favor de los tres quintos de las Cámaras, en segunda ronda bastaría con la mitad más uno de los votos. Pero lo cierto es que, instaurado este nuevo sistema, el sanchismo carecerá de incentivos para pactar los nombres de los vocales con el principal partido de la oposición. Los escogidos serán designados por la mayoría del Frankenstein para que sus decisiones redunden en un vuelco ideológico en las instancias más importantes del país: Salas del Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales conformadas a imagen y semejanza del actual Tribunal Constitucional, donde la independencia y la imparcialidad sean lo de menos y primen la afinidad ideológica y el compromiso con el «cambio social».
Me consta que los chicos y chicas que integran el servicio mediático del sanchismo apelarán a la necesidad del desbloqueo para excusar la aberrante reforma. Pero miren, si de reformar se trata, podrían acometer la que llevan años exigiéndonos desde la Unión Europea: que de los 20 vocales, los 12 jueces y magistrados sean elegidos por sus pares. Algo que todos los aspirantes a presidir el Gobierno durante los últimos años han prometido y que ninguno ha tenido a bien cumplir, Sánchez incluido.
En cualquier caso, no será el único movimiento con el que nuestros procesistas nacionales abordarán el poder judicial: se crearán Consejos del Poder Judicial autonómicos, se limitarán las competencias territoriales del Tribunal Supremo y se reformará el sistema de acceso a la carrera judicial para democratizarlo. Es posible que España resista este envite, pero no el actual orden constitucional. Saldremos de ésta, pero con menos democracia y libertad. Yo, que nací con la Constitución bajo el brazo, jamás pensé que asistiría a su agonía, que la vería fenecer a manos de los magistrados constitucionales que estaban llamados a interpretarla y salvaguardarla, garantizando su supremacía. Y no me cabe duda alguna de que la velarán con pesadumbre muchos de quienes ahora participan de su defunción.
