Estamos a tiempo de evitar un desastre
«El PSOE debe impedir la amnistía. Cualquier persona con influencia debe ejercerla para evitarlo. La magnitud del error exige una reacción»
La manifestación contra la amnistía en Barcelona. | The Objective
Carles Puigdemont, que es quien dirige este proceso de investidura del presidente del Gobierno de España, ha decidido extender los plazos de negociación y obliga a prolongar al menos un mes más la interinidad en la que vive el país. Es una evidencia más del disparate en el que Pedro Sánchez nos metió al ponerse en manos de un prófugo de la justicia y de otros reos convictos de sedición contra el sistema democrático español. Este tiempo ofrece, sin embargo, una oportunidad para soñar al menos con la posibilidad de que se evite el desastre que se avecina.
Llámenme iluso. En efecto, todo parece ya decidido y hasta negociado. Pero la magnitud del error que comete el Partido Socialista y la gravedad de sus posibles consecuencias obligan a todo el que aprecia nuestra democracia a hacer un último esfuerzo por evitarlo. El resumen del desastre en ciernes es el siguiente:
Prescindiendo de la categoría política y el nivel de formación de Yolanda Díaz, el socio más convencional del futuro Gobierno, Sumar, acaba de demostrarnos que su ideología le exige ser comprensivos con criminales como los de Hamás, como hace poco lo fueron con un sátrapa como Putin. La propia Díaz ha sugerido hace unos días que en España hay presos políticos.
Y ese es, como digo, el socio más convencional. Otro de los integrantes de la mayoría que se dispone a investir a Sánchez es un partido que ha sido cómplice del terrorismo, que sigue defendiendo la mismo ideología por la que asesinaron sus compañeros y que esta misma semana se ha negado a condenar el ultraje a una de sus más célebres víctimas, Fernando Buesa.
El siguiente es un partido dirigido por personas que tuvieron que ser indultadas tras haber declarado la independencia de Cataluña y que han prometido volver a hacerlo. Ahora hay que sumar a ese bloque a quien escapó de la justicia en un maletero, ha pasado seis años difamando a España e insultando a sus instituciones en todos los foros internacionales y jura que regresará tan sólo para volver a derogar la Constitución en una parte del país.
Una investidura con esos apoyos sería ya de por sí altamente inquietante. Someter la posterior estabilidad política y la gobernabilidad del país a semejante mayoría parlamentaria es sencillamente un disparate. Hacer todo eso, además, pagando el precio de una amnistía que borra las fechorías cometidas por esos delincuentes y los legitima -también internacionalmente- para volver a actuar, nos conduce a un desastre que estamos a tiempo y es necesario evitar.
«Lejos de ser un acto de generosidad, la amnistía sería la mayor mezquindad cometida en toda la historia de la democracia española»
Se han dicho ya muchas cosas sobre la amnistía. Se han expuesto argumentos muy sólidos sobre su inconstitucionalidad, algunos de ellos por los propios ministros y el presidente del Gobierno antes del 23 de julio. Ha quedado claro que no responde a una mayoritaria reclamación de la sociedad. Barcelona demostró ayer que, más bien, todo lo contrario. Tampoco cuenta con un contundente apoyo en el Parlamento, donde se aprobará en contra del principal partido de la oposición, lo que prueba que no puede considerarse, desde luego, una iniciativa por la reconciliación nacional. Ni siquiera cabe su justificación como una medida de gracia porque sus presuntos beneficiarios no han manifestado la más mínima voluntad de arrepentimiento.
Lejos de ser un acto de generosidad, la amnistía sería la mayor mezquindad cometida en toda la historia de la democracia española, puesto que se contempla exclusivamente por necesidades de Sánchez y en beneficio de Sánchez. Aunque, como consecuencia, un puñado de antidemócratas y corruptos se verán reivindicados y rehabilitados. Se presenta como extensión del indulto, pero, en realidad, deja en mal lugar a quienes se beneficiaron de aquella -en ese caso, sí- medida de gracia concedida por el Estado español.
Es un insulto inscribir la amnistía en un supuesto plan de concordia. Sólo la discusión a la que nos hemos visto arrastrados desde que esta medida se puso sobre la mesa ha generado suficiente crispación y desánimo entre la población como para renunciar a seguir adelante. La amnistía es un insulto para los miles de catalanes que cada día sufren la marginación del nacionalismo. La amnistía dividirá a los españoles, alejará cualquier posibilidad de colaboración entre izquierda y derecha, envalentonará a los sectores más radicales del independentismo catalán, destruirá el crédito de la justicia española en Europa, sembrará dudas más que justificadas sobre el valor de la Constitución. En definitiva, y esto es lo más importante, pondrá en peligro la convivencia. Sánchez no puede dar ese paso. El PSOE debe impedírselo. Cualquier persona con capacidad de influencia debe de ejercerla para evitar que esto ocurra.
El PSOE debe entrar cuanto antes en contacto con el PP para buscar una salida legítima y honorable para todos. El PP debe responder de forma positiva y facilitando una solución que le permita al Gobierno salvar la cara. Después de todo, también el PP fracasó en su propósito en las últimas elecciones. Es mucho lo que está en juego. Sé que no será fácil que ocurra, pero quiero mantener la esperanza de que un último rayo de sensatez iluminará a Sánchez y/o al Partido Socialista para que este desastre no se produzca.
