¿Por qué deciden por mí?
«Por qué se nos niega a los contribuyentes la posibilidad de decidir si queremos o no que nuestros impuestos financien ONG, actividades, Estados…»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Está lejos de mi pretensión defender una suerte de democracia directa frente a la parlamentaria que, por otra parte, es la que está consagrada en nuestra Constitución. Por ello, fuera o no posible que, en función del estadio actual del desarrollo tecnológico, pudiera residenciarse técnicamente en los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre muchas de las cuestiones que hoy se deciden en el Parlamento o en el Consejo de Ministros, considero que hacerlo supondría un riesgo más que significativo para que existiera coherencia en las decisiones adoptadas. De modo que, en mi opinión, es el sistema parlamentario el que mejor garantiza que las políticas públicas -Defensa, Justicia, Interior, Sanidad, Educación, Fiscalidad, Servicio Exterior…-, puedan tener un adecuado grado de cohesión y coordinación.
No obsta lo anterior para que en el destino de recursos públicos empleados para financiar a terceros, sean éstos otros Estados, ONG u otro tipo de entidades, se pudiera permitir que cada contribuyente pueda decidir si quiere o no que sean financiadas con sus impuestos. En el sentido expuesto, hace ya 17 años que en España se llegó al acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado para suprimir la dotación presupuestaria directa del segundo a la primera sustituyéndola por la llamada asignación presupuestaria. Con este sistema, son exclusivamente las contribuciones tributarias de aquellos contribuyentes que así lo desean y así lo manifiestan de modo explícito en su declaración del IRPF, las que se destinan a financiar a la Iglesia Católica. Correlativamente, los que no desean financiar a esta institución pueden evitan que sus impuestos vayan destinados a ello. Basta con marcar o dejar sin marcar una casilla en el correspondiente modelo de la declaración del impuesto.
Desde un prisma conceptual el sistema descrito es impecable: no llega desde el Estado a la Iglesia Católica ni un solo euro de ningún contribuyente que no lo quiera así. Además, el ya prolongado periodo en el que se viene aplicando este mecanismo ha demostrado que resulta técnicamente viable. Frente a esto, la lectura diaria de los medios de comunicación me sobresalta al revelarme que con mis impuestos el Estado no deja de financiar a actividades o proyectos que yo no deseo financiar, bien por ser gobiernos dictatoriales, bien por constituir entidades que considero vinculadas a actividades terroristas, bien por tratarse de ONG que defienden ideas radicalmente contrarias a las mías, bien por ser empresas concretas de determinados sectores -por ejemplo, el de comunicación- que conforman el entourage del financiador.
«15.000 de las subvenciones concedidas anualmente carecen del mínimo control administrativo»
Como también me sobresalto al leer la relación, directa o indirecta, que en ocasiones existe entre el que recibe la ayuda pública y el que decide suministrarla. Como también me sobresalté al leer el informe de la Airef en el que se exponía que 15.000 de las subvenciones concedidas anualmente carentes del mínimo control administrativo.
Por ello, hace tiempo que me vengo preguntando por qué motivo no se extiende la experiencia seguida con la Iglesia Católica al conjunto de ayudas financiadas con los recursos públicos. O, expresado en modo alternativo, por qué se nos niega a los contribuyentes la posibilidad de decidir si queremos o no que nuestros impuestos financien la numerosísima relación de ONG, actividades, Estados… que son financiados por el erario público.
La experiencia de estos 17 años y el avance tecnológico permiten garantizar que nada impediría que al confeccionar la declaración del IRPF existiera una relación de entidades y/o proyectos nacionales y/o internacionales candidatos a recibir una asignación presupuestaria del Estado. Y que cada candidato recibiera el importe que procediera según el número de contribuyentes que hubieran marcado la correspondiente casilla. De ese modo y a semejanza de lo que sucede con la Iglesia Católica, ni un solo euro de mis impuestos iría destinado a la financiación de aquello que yo no quisiera financiar. Sería así yo, y solo yo, quien decidiese si voy o no a contribuir a la financiación de cada uno de los elementos del variopinto conjunto de entidades que son financiadas con los impuestos de los españoles. En mi caso, desde luego, cesaría el sobresalto diario que me provoca conocer el destino y los destinatarios de una parte de los impuestos que se me hacen pagar.
Insistiendo en mi defensa del modelo de democracia parlamentaria, creo también que la aplicación extensiva del modelo aplicado en el caso de la Iglesia Católica mejoraría nuestra calidad democrática y evitaría al menos en parte el abuso clientelista en la utilización de los recursos públicos. Pero como la ingenuidad no es uno de mis pecados, soy consciente de las escasas opciones de éxito de mi sugerencia. De modo que me toca apechugar y seguir sobresaltándome a diario viendo como se despilfarran mis impuestos financiando a múltiples entidades y actividades que yo no quiero financiar.
