Una política energética fracasada que busca chivos expiatorios

El último Consejo de Ministros de Energía de la UE alcanzó un acuerdo muy relevante sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. En ese contexto, la delegación española que ostentaba la presidencia tuvo la habilidad de hacerse con el testimonio gráfico que certificaba el «liderazgo» de Teresa Ribera en las negociaciones. Un «liderazgo» tan impostado como falaz, ya que el acuerdo de los ministros de energía es diametralmente opuesto a la postura que defendió España desde principios de enero.

Para que quede claro. Tomando la posición de España que defendió hasta el último minuto y que fue derrotada en dos ocasiones anteriores (tanto con el documento de marzo de la Comisión como el informe del Parlamento Europeo deconstruido desde cero el que realizó el eurodiputado González Casares), el Gobierno en funciones no ha conseguido nada de lo que pretendía en su «Proposal to reform the EU’s wholesale power market. Non-Paper by Spain». Dividiendo en tres partes:

1. No se toca el diseño del mercado mayorista de la electricidad, el cual seguirá siendo marginalista. Las energías irán entrando a la formación de precios por orden de mérito, capacidad y disponibilidad, siendo el único mecanismo existente que permite amortizar las inversiones y dar certidumbre en cuanto a la garantía de suministro.
2. Tampoco se toca ni se somete a ningún tipo de obligatoriedad a los contratos a largo plazo, especialmente los denominados «contratos por diferencias» (CfD). El Gobierno español pretendía que fueran contratos sólo para renovables durante toda su vida útil y a un precio de 30€/MWh, lo cual suponía una expropiación encubierta del sector. El resultado final es un CfD entre generador y cliente con un precio que garantiza el Estado con reembolso de la diferencia entre el precio de mercado y el precio fijado en el contrato para muchas más instalaciones (no sólo las renovables) donde está también la nuclear.
3. Otra cuestión clave es la determinación de las medidas de crisis por parte de los Estados miembros o de la UE. En el documento del Consejo queda claro que cualquier medida extraordinaria de gestión de crisis de precios (a cambio de rebajar el umbral de lo que se considera como «crisis») tiene que partir de la Comisión y del Consejo y bajo autorización en los momentos extraordinarios que se consideren para aplicar medidas como la reducción de impuestos sobre la factura de la luz, la denominada ‘excepción ibérica’ o el tope sobre los ingresos de las infra marginales.

Por ello, más allá del manejo mediático de la foto de Ribera en corrillo con los ministros de Energía de la UE, la realidad es que la posición española ha sido derrotada en todos sus términos. El planteamiento francoalemán sigue siendo el dominante en un mercado europeo donde sigue habiendo un déficit de interconexiones eléctricas muy notable (en algunos casos por problemas técnicos y geográficos, en otros simplemente por cuestiones estratégicas) y una dependencia no resuelta del gas natural con terceros Estados generadores de problemas geopolíticos no pequeños.

El mercado energético es un vector de competitividad irrenunciable para franceses y alemanes. Y ahí es donde los españoles tampoco hemos estado a la altura a la hora de defender a nuestra industria que sigue padeciendo un ‘riesgo moral’ muy notable a la hora de gestionar sus costes energéticos. Mientras hay una situación «manejable» en los mercados de corto plazo, el industrial tipo no se preocupa de las pérdidas de competitividad vía coste energético. Y cuando hay momentos de crisis, confía en que el Estado de alguna manera le ayudará.

«Más allá del manejo mediático de la foto de Ribera en corrillo con los ministros de Energía de la UE, la realidad es que la posición española ha sido derrotada en todos sus términos»

En los últimos meses, la climatología, la mayor presencia de energías renovables en el mix de generación eléctrica y la caída de los precios del gas natural han ayudado a que el precio minorista de la electricidad baje un 45,4% en el primer semestre de este año con respecto al último de 2022. Si a ello se añade la prórroga de las medidas tributarias (bajada de los impuestos y supresión temporal de otros) ha llevado a España a registrar la electricidad más barata de las principales economías europeas (de 0,33€/kWh a 0,18€/kWh).

Pero no hay que olvidar otro factor que ha contribuido a esta caída que es la falta de aplicación de la ‘excepción ibérica’. La aparente reducción que se producía en el mercado mayorista de la electricidad no era tal en el precio minorista, donde el sobrecoste del gas seguía situando a España entre las cinco economías con el precio minorista más caro de Europa. 

Tanto en el lado institucional como por la propia dinámica de mercado, la política energética de Ribera es puesta en evidencia. No sólo ocurre en el mercado eléctrico. En general, el otro 75% del mercado de la energía también es una buena muestra de la aplicación de la política del actual Gobierno. En esta ocasión, después de la derrota de las posiciones de España en el Consejo Europeo, ha tocado buscar un ‘chivo expiatorio’ y lo han encontrado en Repsol, tras el anuncio de su CEO Josu Jon Imaz de paralización de inversiones en España ante la aplicación del tributo especial sobre las energéticas.

Sea finalmente constitucional o no, el tributo es el ejemplo de que España puede imponer de manera arbitraria restricciones artificiales que merman la competitividad de la industria con respecto a la media europea. Y aún es menos razonable que la responsabilidad de las consecuencias que trae este tipo de impuestos se cargue sobre las empresas e inversores bajo un argumento tan peregrino como decir que «obtienen beneficios multimillonarios». La traslación de beneficios a capex se hace si existe seguridad jurídica suficiente, cosa que hoy brilla por su ausencia en el mercado energético español. 

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Javier Santacruz